Cualquier gran actuación urbanística, sobre todo aquellas que no tienen -o la tienen muy difícil- marcha atrás y que, por lo tanto, afectarán no sólo a los actuales residentes de un municipio o ciudad, sino también a las futuras generaciones de vecinos, suele crear importantes fricciones políticas entre aquellos que las proponen y defienden -los gobiernos- y los que no ven en ellas las soluciones adecuadas para los retos que se tratan de solucionar o abordar.
En Altea, y más en los últimos años, sabemos mucho de eso. Todavía con toda la polémica que envolvió la redacción, preparación y ejecución del proyecto de la segunda fase del Frente Litoral muy reciente, el equipo de gobierno de la Villa Blanca ha entrado ya en la fase final de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, un documento que vendrá a sustituir al actualmente en vigor y que deberá sentar las bases de la configuración de la Altea de, al menos, las próximas décadas.
Grandes retos
El reto es mayúsculo. Al siempre complejo equilibrio de intereses al que deben de supeditarse este tipo de iniciativas, la redacción de un PGOU en este primer cuarto del siglo XXI, en el que el mundo asiste a un cambio de paradigma en lo que a los espacios urbanos se refiere tan profundo o más al que se vivió con la Revolución Industrial, suma todos esos retos que se fundamentan en la sostenibilidad, la nueva movilidad o la protección del territorio.
Son todo ello cuestiones que no son fáciles de encajar o compatibilizar con la que siempre es la máxima prioridad de cualquier gobierno: el desarrollo económico y social de su ciudad. Todavía en los albores de este nuevo paradigma, no existen muchos manuales sobre cómo conseguir ese necesario equilibrio entre la protección y el desarrollo. Y eso, claro, crea importantes fricciones entre los defensores de distintos modelos.
«Se elimina el derecho a construir una vivienda unifamiliar en el tramo desde la autopista hacia el mar en suelo no urbanizable común» R. Gómez
Un nuevo PGOU
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y próxima candidata a la alcaldía por esa formación, Rocío Gómez, ha sido muy crítica con la propuesta del equipo de gobierno para ese nuevo PGOU, un documento con el que, entre otras cosas, asegura que “se han cargado cualquier alternativa que evite la construcción de la variante” ya que, insiste, “renuncian a la salida sur de la autopista al eliminar el viario que la conectaría con la N332”.
Por eso y por otros motivos que desgrana la portavoz ‘popular’, “desde el PP de Altea hemos votado en contra de la versión final del PGOU”. Asegura Gómez que se trata de un documento que no soluciona los grandes retos del municipio, aunque sí comparte con el gobierno que “necesitamos un nuevo Plan General al estar agotado ya el anterior del año 82, pero no a cualquier precio”.
El anterior Plan General es de 1982
Limitación de derechos
Rocío Gómez lamenta que el equipo de gobierno formado por “Compromís y PSOE no hayan sido capaces de sacar adelante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en estos ocho años de gobierno”, y asegura que ese es el motivo por el que “ahora traen otra prórroga con la versión final que implica modificaciones sustanciales, por lo que les obliga a volver a sacarla a exposición pública”.
Se trata, según la próxima alcaldable del PP en la Villa Blanca, de “unas modificaciones que han hecho a las espaldas de los ciudadanos, sin consensos ni participación, encerrados en despachos de políticos y que lo que hacen es limitar los derechos de los alteanos y hacerlo cada vez más restrictivo”.
«Han eliminado cualquier conexión viaria entre la N332 y la salida sur de la autopista» R. Gómez
Restricciones industriales
En ese sentido, subraya que “vemos como reducen el suelo industrial en la zona de Montahud-ExpoAltea, que tan necesario es para poder no sólo sacar del centro a la industria ya existente, sino para que podamos atraer a nuevas industrias a nuestro municipio”.
Gómez critica que “se elimina el derecho a construir una vivienda unifamiliar en el tramo desde la autopista hacia el mar en suelo no urbanizable común y ello aunque tengan los 10.000 metros cuadrados exigidos por la ley para hacerlo”. Además, también considera que la propuesta tampoco permitirá “nuevas agrupaciones de parcelas para llegar a los 10.000 metros cuadrados”.
El fantasma de la variante
Sin embargo, afirma, “de las cosas que más nos preocupan es que han incluido la nueva variante en nuestro PGOU, un proyecto nuevo al que el equipo de gobierno sí tiene acceso y que no nos comparte ni a la oposición, ni al Consejo de Urbanismo al que mantiene al margen, ni mucho menos a la ciudadanía”.
Por ello, como ya hiciera en su momento con el Frente Litoral, Gómez acusa a Jaume Llinares y a su equipo de “ocultismo absoluto respecto a un proyecto que ya dibujan en nuestro Plan General, y que aparece reflejado como un hecho en los Presupuestos del Estado. Proyecto que apoyan, por mucho que digan lo contrario, pues también han eliminado cualquier conexión viaria entre la N332 y la salida sur de la autopista, que desde el PP de Altea siempre hemos defendido necesaria para descongestionar dicha carretera”.
