Era un compromiso adquirido -o impuesto, según a quién se pregunte- por todas las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes y aquellas de menos de 20.000 cuyos índices de calidad del aire no fueran óptimos.
En su día, la Unión Europea (UE) estipuló que para el día 1 de enero de 2023 todas ellas tendrían que haber creado su propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE), esto es, un área más o menos extensa -depende de muchos parámetros y de la realidad urbana de cada ciudad- en la que quedara parcial o totalmente restringida la circulación de determinados vehículos.
La fecha ya ha llegado y, según el gobierno local de Benidorm, no ha habido tiempo material. Ha sido imposible cumplir el plazo marcado por la legislación europea que obligaba a todas esas ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones en sus núcleos urbanos y que, desde el pasado 1 de enero de 2023, debía suponer un antes y un después en el paradigma tradicional de la movilidad en toda la Unión Europea.
Posibles multas
Pero no. No ha habido tiempo, insisten desde los ayuntamientos de muchas ciudades, incluida Benidorm. José Ramón González de Zárate, concejal de Movilidad de la capital turística de la Comunitat Valenciana, reconoce que, como ya se anunciara en su momento, las obras necesarias para la creación definitiva de la ZBE benidormense, “están en fase de licitación, así que ha sido imposible llegar a tiempo para poder tenerlo todo terminado en enero».
Y avisa: “como es una normativa europea y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, aunque no se hayan podido realizar las actuaciones necesarias, desde el 1 de enero se podría multar a los vehículos que entren en las ZBE” de Benidorm y de cualquier otra ciudad, aunque tanto el edil como fuentes de la Policía Local y de la Guardia Civil consultadas por AQUÍ en Benidorm afirman que, por el momento, eso no sucederá.
Las obras para la creación de la ZBE están en licitación y comportan una inversión de tres millones de euros
Moción al Gobierno
Ante esta situación de premura, el pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó en diciembre una moción de los grupos municipales del Partido Popular (en el gobierno con mayoría absoluta) y Ciudadanos para “instar al Gobierno de España a que aprueben con carácter urgente las medidas legislativas correspondientes para acordar un aplazamiento en la obligación del establecimiento, antes de 2023, de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando superen los valores límite de los contaminantes regulados por Real decreto”.
La moción argumentaba que “el Gobierno de España todavía no ha realizado el desarrollo reglamentario” de la norma que obliga al establecimiento de las ZBE, “por lo que no se ha concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE”. El documento, además, incide en que el Ejecutivo “debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general”.
Todas las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes tenían de plazo hasta el 1 de enero de 2023
Fondos europeos en peligro
Los ‘populares’ y los miembros del partido naranja, redactores de esta moción, señalan así mismo que al “no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE se está generando una incertidumbre innecesaria a las Entidades Locales” lo que implica que “se pueden poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas”.
La propuesta añade la reclamación de que, “en aras a la autonomía municipal”, cada ayuntamiento “debería tener la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no” de forma que estas entidades locales tengan “la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local”.
Desde el primer día del año se podrá multar a los vehículos aunque no existan las infraestructuras
Renovación imposible
Así mismo, la moción hace referencia a la actual situación económica que están atravesando muchas familias y que imposibilita en gran medida uno de los grandes objetivos finales que persiguen las ZBE, es decir, la sustitución en masa del actual parque móvil por vehículos eléctricos o medios de transporte sostenibles.
En ese sentido, el documento expone que “en el actual contexto de crisis puede suponer un serio problema para muchas familias y empresas, vulnerables económicamente, que se verán obligadas a sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y, sin embargo, no pueden afrontar dicha renovación”.
ZBE de 75 hectáreas
La ZBE planteada por el Ayuntamiento de Benidorm y que deberá entrar en vigor en un futuro no muy lejano, afecta a un área de 75 hectáreas divididas en tres zonas: Levante, Centro y Poniente y plantea, en algunos casos, la supresión completa del tráfico rodado, algo que ocurrirá en arterias como las avenidas del Mediterráneo o de Armada Española.
Para todo ello, las obras que ya están siendo licitadas tienen un presupuesto de cerca de tres millones y medio de euros.
