La alcaldesa, Carolina Gracia, ha informado de la dación en cuenta en Junta de Gobierno del decreto de Alcaldía por el que se dictan normas para la correcta tramitación de las facturas registradas por los proveedores del Ayuntamiento. Carolina Gracia, que ostenta las competencias en materia de Hacienda, ha explicado que estas medidas se han adoptado a propuesta de la Intervención municipal y después de que esta área emitiese una alerta sobre el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores que, según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no puede ser superior a 30 días.
La alcaldesa ha explicado que las razones de este incumplimiento vienen por la ausencia de contratos administrativos para pagar facturas que adolecen de los requisitos administrativos necesarios para su abono “es gravísimo que este ayuntamiento haya generado más de 46,5 millones de euros en facturas con reparos desde intervención desde 2016 y que proceden del gobierno anterior. Esto significa que, de un presupuesto de algo más de 80 millones de euros, más de la mitad se han ejecutado, según la Intervención, careciendo de legalidad, sin documento administrativo como puede ser un contrato o por cualquier tipo de documento administrativo que hace que esa factura no se pueda pagar de manera ordinaria”, ha dicho. Así, el decreto firmado por la alcaldesa insta a nombrar a un responsable en cada área de gobierno encargado de la tramitación, gestión y seguimiento de las facturas con el fin de que estas se ajusten al ordenamiento jurídico.
Carolina Gracia ha destacado que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido en 32 días en el último trimestre por lo que es “totalmente falso que no se hayan tomado medidas para poner soluciones a este asunto y una de ellas, la actualización del Plan de Tesorería y la tramitación de las facturas para su aprobación de manera conjunta en relaciones. El problema como bien se aclara en los informes no es la falta de liquidez ni algo similar, sino que desde hace muchos años se ha abusado de mecanismos como los extrajudiciales de crédito que como define la norma, son mecanismos extraordinarios y se han convertido en ordinario en vez de ir licitando servicios que son indispensables como por ejemplo el comedor de la residencia Oriol”.
La alcaldesa ha explicado que “desde el Ayuntamiento, hemos visto cómo ese período se desbordaba y no ha sido por algo extraordinario, sino por la llegada de la nueva interventora que se produjo a principios del mes de junio y que aplica desde entonces, los criterios que marca la ley desde 2019 como es el procedimiento de la omisión de la función interventora y que no se ha puesto en marcha hasta su incorporación”. Así, el procedimiento de omisión de la función interventora se aplica a aquellas facturas que carecen de contrato y requiere de más tiempo para resolverse “con esto no queremos culpar ni responsabilizar a nadie pero la intervención tiene un criterio y no nos queda otra que acatarlo, hay expedientes de los que se puede discrepar y se hace pero en la gran mayoría no es posible”.
Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado, desde que la Intervención informase del criterio a seguir, aquellas facturas con reparo por la omisión de la función interventora mediante el procedimiento previsto para su subsanación. “Vamos a seguir bajando ese plazo medio de pago a proveedores porque ahora se hará un seguimiento mensual de tramitación de facturas en los órganos gestores para tener claro que se cumple con la ley”, ha dicho.
Asimismo, Carolina Gracia ha querido transmitir al tejido empresarial que trabaja con el Ayuntamiento “un mensaje de tranquilidad”, al tiempo que ha insistido que “sabemos que las empresas entiendes que se debe tramitar todo correctamente y por ello se les está explicando el procedimiento al mismo tiempo que con cada nueva licitación se aumentan sus garantías, no sólo en el cobro sino jurídicas”.
