La Junta de Gobierno Local aprueba un Protocolo entre el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante para colaborar en el estudio, planificación e implantación de instalaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica y su aprovechamiento para autoconsumo compartido y distribución a través de comunidades energéticas.
El documento recoge que el objetivo es desarrollar la colaboración medioambiental, que ya se mantiene en otros ámbitos con la Universidad, en torno a la transición energética, para mitigar las consecuencias del cambio climático y sus efectos y el progresivo agotamiento del carbón, el petróleo o el gas, que lo han generado.
El Ayuntamiento y la Universidad aspiran, tal y como indica el protocolo, a compartir la energía producida a precio de coste y a distribuir los excedentes al entorno más cercano, como residencias de estudiantes o viviendas. El Ayuntamiento facilitará e impulsará el procedimiento administrativo que le competa para la puesta en servicio de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas planteados por la Universidad en los espacios del campus y asimilados, dentro del término municipal y la Universidad impulsará el uso compartido de espacios bajo su jurisdicción, para la generación y distribución de la energía producida.
El protocolo, que tendrá una duración de cuatro años, se articulará en torno a una Comisión de Coordinación, Estudio y Asesoramiento, predominantemente técnica, y cuya primera tarea será el diseño de un Plan de Trabajo y un cronograma para las tareas a realizar.
Protocolo de intenciones se ha realizado en base a la Ley 6/2022, del Cambio Climático y la Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, siguiendo y ampliando la normativa de la UE y la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, estatal, cuyo propósito es el cumplimiento de los Objetivos del Acuerdo de París dirigidos a facilitar la descarbonización, la transición a un modelo circular de gestión de recursos, la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible, en el que las “administraciones públicas incentiven la participación local en instalaciones de energía renovables”.
