El Ayuntamiento de Altea ha aprobado declarar la caducidad del procedimiento relativo a la revisión de oficio del contrato de concesión administrativa para la gestión integral del Servicio Público de Aparcamientos de Altea, e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio del contrato, conservando todas las actuaciones realizadas obrantes en el expediente e incluyendo también el preceptivo Dictamen del Consell Jurídic; así como suspender la ejecución del contrato en lo relativo al abono de los gastos por grúa y depósito de vehículos.
Con los votos favorables de todos los grupos políticos que conforman el pleno municipal (Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat y Ciudadanos) a excepción del Partido Popular, que optó por la abstención, el máximo órgano de gobierno local aprobaba la caducidad del contrato de gestión integral del Servicio Público de Aparcamientos de Altea, para iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio del contrato.
La concesionaria reclama cantidades tan desorbitadas como 40.000 euros por una bici retirada al depósito municipal
Graves consecuencias económicas
El objetivo de ese nuevo procedimiento no es otro que “recuperar para el municipio los bienes públicos en poder de la concesionaria, y evitarle a las arcas municipales tener que abonar a la misma las enormes cantidades de dinero que reclama al Ayuntamiento y que a día de hoy superan los 23 millones de euros”, según ha explicado el alcalde, Jaume Llinares.
Como recuerda Llinares, se trata de una concesión del año 2000 y “cuya decisión política ahora está teniendo consecuencias económicas que no son comparables con ninguna otra consecuencia económica a la que ha tenido que hacer frente, por sentencia, el Ayuntamiento hasta el momento”.
Un contrato contrario al interés general
De hecho, el primer edil alteano aseguró no entender cómo, en su momento, “se firmó un contrato que todos los informes técnicos califican de leonino y contrario a los intereses del municipio” algo que, ha desvelado, certifica ahora también el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Se trata de un dictamen del Consell que avala la decisión del equipo de gobierno de rescatar la concesión y los servicios de grúa y zona azul.
Desde el pleno se ha aprobado declarar la caducidad del procedimiento relativo a la revisión de oficio del contrato de concesión
Promesas incumplidas
Como ha recordado Jaume Llinares, el contrato de concesión a Asterita Inmuebles “contemplaba la construcción de cinco aparcamientos públicos subterráneos por parte del contratista para su posterior explotación y gestión; de los que sólo se ha construido uno, el del CEAM y una concesión de 60 años”.
Llinares, en su repaso cronológico, recordó que “tres años después de esta concesión se llega a un acuerdo de mejora con la empresa”, que es el que ahora el Consell tilda de ilegal, “por contemplar el servicio de la ORA y el de la grúa municipal como mejora y no como servicios públicos que han de ser objeto de licitación”.
Coste multimillonario
El primer edil de la Villa Blanca ha aseverado que esta concesión “le ha costado 7.600.000 euros a Altea y la concesionaria sólo ha construido un aparcamiento, cuyo coste ascendió a 1.800.000 euros aproximadamente. Además, la concesionaria declara unos beneficios anuales de 200.000 euros por la explotación del aparcamiento, la ORA y la grúa”.
Pese a esas cifras, Llinares explicó que la empresa “reclama al Ayuntamiento 15.669.000 euros en concepto de vehículos depositados y retenidos por la autoridad judicial, o abandonados por sus propietarios; 40.000 euros por una bici, 46.000 euros por una mobylette y 100.000 euros por algún coche”.
El informe del Consell Jurídic Consultiu tilda de ilegal el contrato firmado en su momento con la concesionaria
Evitar el gasto
Así mismo, el alcalde alteano ha aseverado que “además, se suma la reclamación del lucro cesante, ya que le quedan 37 años de concesión”, una cantidad, ha añadido, que “puede superar lo que es un año presupuestario del ayuntamiento, algo inaudito y muy preocupante”.
Llinares explica que el paso dado ahora se enmarca dentro de “la lucha para que esto no llegue a suceder, y pondremos en marcha todas las acciones legales que garanticen el reconocimiento de los intereses del municipio de Altea”.
Apoyo del Consell Jurídic Consultiu
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno formado por Compromís y PSPV-PSOE, y candidato de la formación valencianista a la alcaldía de la Villa Blanca, Diego Zaragozí, ha suscrito “todo lo dicho por Jaume” mostrando, además, “mi compromiso por seguir trabajando en la defensa de los intereses del municipio”.
En todo caso, ambos han manifestado su “satisfacción por el contenido del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que avala las acciones emprendidas hasta el momento por el Consistorio y la intención del mismo de declarar la nulidad del contrato de concesión, así como recuperar los servicios de grúa y ORA”.
Todo ello, aseguran, “facilitará al ayuntamiento de Altea la defensa de los intereses del municipio en cuantas acciones legales se emprendan si no se llega a un acuerdo con la concesionaria”.
