La Guardia Civil, ha llevada a cabo una operación contra la falsificación y el contrabando, realizando 6 inspecciones en establecimientos de sociedades mercantiles dedicadas a la importación, descubriendo en una de ellas más de 1.900 pilas de una marca japonesa falsificadas. La empresa ha sido denunciada y podría enfrentarse al cierre del local y a una multa de hasta 1.750.000 euros
El día 7 de julio, la Guardia Civil, a través de información procedente de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UCAIFF) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Teruel, tuvo conocimiento de las posibles irregularidades realizadas por una sociedad mercantil de Crevillente. Para verificar esta información, la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa Pola dio inicio a una operación.
Conforme avanzan las investigaciones, se averiguó que dicha empresa vendía pilas falsificadas de una conocida marca, suponiendo un perjuicio económico para la marca y un riesgo para los usuarios finales. Además, esta empresa se encontraba relacionada con otras cinco sociedades más que operaban de la misma forma que la investigada.
El día 18 de julio, se procedió a la explotación de la operación, realizando diversos registros en las empresas investigadas, todos ellos en Crevillente. De estas actuaciones se intervinieron 1.961 pilas supuestamente falsificadas, dispuestas para su venta directa, siendo retiradas del mercado.
Contrastada toda la información con la marca perjudicada, informaron de que los productos retirados, se trataban de falsificaciones, por lo que los investigadores realizaron un ofrecimiento de acciones a los afectados.
Por estos hechos, la empresa investigada fue denunciada a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, y al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, dando cuenta a los organismos competentes.
Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando se pueden enfrentar al cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad, así como la incorrecta gestión de residuos puede acarrear multas de hasta 1.750.000 euros.
