Hace ya varios años que el modelo de los apartamentos turísticos ha sido señalado como uno de los grandes responsables no sólo de la gentrificación de algunos de los barrios más visitados de las grandes ciudades, sino también, y sobre todo, de haber influido de manera muy determinante en el aumento de los precios de venta y alquiler de las viviendas, haciendo casi imposible el acceso a un hogar a no pocas familias y a la inmensa mayoría de los jóvenes, con las muchas derivadas sociológicas que eso conlleva.
Además, este tipo de alojamientos vacacionales se ha convertido en la nueva diana del siempre potente y muy influyente lobby hotelero, cuyos responsables, con los dirigentes de Hosbec (ya en la época de la actual consellera de Turisme, Nuria Montes, como secretaria general de la organización) no han dudado en acusar a buena parte del sector de competencia desleal.
Necesidad normativa
Por supuesto, si cruzamos al otro lado de la acera turística y preguntamos a los propietarios y empresarios de los apartamentos turísticos, reunidos en ApturCV como asociación más representativa en la Comunitat Valenciana y, como Hosbec, con sede en Benidorm, el relato es muy diferente.
Lo único en lo que coinciden los dos bandos de la industria alojativa y, a la vez, los desesperados inquilinos y aspirantes a comprar una vivienda en propiedad, es que es mucho más que urgente abordar una normativa autonómica que regule esa actividad y, sobre todo, marque los límites de dónde y cuántas unidades puede o debe tener cada municipio basándose en su realidad local.
Todos los actores involucrados exigen al Consell de Carlos Mazón una regulación urgente del sector
Altea congela licencias
Ese melón deberá ser abierto en algún momento, probablemente en la actual legislatura, por el Consell de Carlos Mazón, pero cada día que pasa el problema y la polémica aumentan. En Altea, por ejemplo, la oferta de apartamentos turísticos ha aumentado en un 242% en el último lustro, llegando a una oferta total de 2.200 unidades en el arranque de 2024.
Ante esta situación, y mientras la Generalitat mueve ficha, Altea ha decidido hacer lo propio y ha aprobado, con el voto a favor del equipo de gobierno local formado Compromís y PSPV-PSOE, la suspensión durante un año del otorgamiento de la compatibilidad urbanística para esta actividad.
En Altea la oferta de apartamentos turísticos ha aumentado en un 242% en el último lustro
Crecimiento imparable
En otras palabras, el consistorio de la Villa Blanca ha anunciado que no concederá, a lo largo de 2024, esa autorización que es necesaria para que una vivienda situada en su término municipal pueda ser alquilada para uso turístico.
Según el edil de Urbanismo, José Orozco, el despegue definitivo de este modelo en Altea arrancó en 2018 y desde entonces, pese al estallido de la pandemia que dejó muy tocada la actividad turística, su ritmo de crecimiento ha sido imparable pasando de las 642 unidades de aquel año a las 2.200 actuales.
Actualmente la oferta de la Villa Blanca alcanza las 2.200 unidades
Oferta y demanda
Pero todo, y más en un municipio y una región que viven por y para el turismo, tiene una doble lectura. Si el modelo crece tanto es porque hay demanda. Y si hay demanda tiene que haber oferta, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que el cliente busque el mismo producto en otro sitio y eso, en turismo, quiere decir perder ocupación.
Sin embargo, desde el gobierno local se entiende que la oferta alteana actual es suficiente, y se argumenta como defensa de esta decisión que lo que se busca ahora es evitar una subida todavía mayor del precio de alquiler de la vivienda residencial o de larga estancia y, con ello, la ya mencionada gentrificación de la Villa Blanca.
Periodo de diagnóstico
Esta decisión, en cualquier caso, no nace como un modelo definitivo. Lo que se hace, ha subrayado Orozco, es ponerlo todo en pausa para abrir un proceso de diagnóstico y estudio de la realidad en el que deberá participar la ciudadanía de Altea, máxima interesada a uno y otro lado de esta discusión, antes de administrar el que deba de ser el tratamiento definitivo al problema, si es que no lo hace la Generalitat antes.
Para ello, desde el consistorio de la Villa Blanca se quiere establecer una normativa local que, a la vez, proteja el interés de los propietarios para obtener su legítimo beneficio económico del alquiler de sus bienes inmuebles, sin que eso choque con otros intereses de la población alteana como, sobre todo, el derecho al acceso a la vivienda.
