La Generalitat Valenciana mantiene una deuda pública superior a los 55.000 millones de euros, según el último dato publicado por el propio Consell. Una cifra astronómica que no ha dejado de crecer desde prácticamente la misma constitución de nuestra autonomía en los años 80.
En cifras totales somos la segunda región española más endeudada solo superada por Cataluña (85.000 millones). Sin embargo si calculamos la deuda en relación a nuestro PIB, ahí tenemos el dudoso honor de liderar la clasificación de nuestro país alcanzando el 41% del total. Esto significa que cada valenciano debe aproximadamente unos 10.576 euros.
«Tenemos que elaborar presupuestos realistas para generar confianza en empresas inversoras» N. Císcar (PP)
Un crecimiento imparable
Si analizamos cuál ha sido exactamente el origen de este descomunal endeudamiento, nos damos cuenta de que ninguno de los gobiernos que ha ostentado la Generalitat hasta ahora ha sabido frenar su aumento. Si bien es cierto que algunos lo agrandaron más que otros.
La primera etapa del Govern, presidido por el socialista Joan Lerma, se cerró en 1995 con cerca de 3.000 millones de euros de deuda pública. Su sucesor, el popular Eduardo Zaplana, la dobló hasta superar los 7.000 millones en 2002. En apenas un año, José Luis Olivas también generó casi otros 1.000 millones más.
Los siguientes ocho años de Francisco Camps supusieron un meteórico ascenso, hasta rondar los 22.000 millones. Alberto Fabra solo tuvo cuatro años, pero aún así disparó la deuda aún más a los 42.000 millones, cerrándose así las dos décadas de gobiernos autonómicos del PP.
En esta última época del Botànic (PSOE, Compromís y en la segunda parte también UP) presidida por el socialista Ximo Puig desde 2015 a 2023, la deuda ha continuado creciendo en otros 13.000 millones de euros.
Trampas al solitario
Esta situación llevó a los diferentes gobiernos autonómicos, desde 1988 a 2011, a falsear los presupuestos para intentar esconder en cierta medida todo este endeudamiento y déficit. Por esta razón la Comisión Europea acabó sancionando a España con 19 millones de euros.
Más recientemente, durante la etapa del Botànic, se probó la fórmula de incluir partidas ficticias de ingresos (alrededor de 1.300 millones de euros anuales) para así tratar de cuadrar las cuentas.
«Estar tan endeudados nos supone tener peor Educación, Sanidad y servicios» A. Mas (Compromís)
Inversión en deuda
El actual Govern PP-Vox, presidido por Carlos Mazón, se ha propuesto entre sus objetivos ser el primero que consiga ya no solo no generar más endeudamiento, sino incluso reducirlo.
De hecho en los recientemente aprobados presupuestos autonómicos de 2024 -los primeros elaborados por el actual Gobierno- la partida referida al pago de deuda aumentó desde los 6.600 millones de euros a los casi 8.000 millones.
La razón principal de reducir la deuda es evitar que se generen nuevos intereses de pagos que nos cuesten todavía más dinero público al contribuyente. A ello se suma que las administraciones saneadas suelen generar más confianza en los mercados financieros a la hora de atraer inversiones, así como incluso podría ayudar a que la Comunitat Valenciana gozara de mayor peso político a nivel nacional.
Incertidumbre desde el Estado
“Hemos entrado a gobernar en un punto de partida muy crítico a nivel financiero. Por un lado con una deuda histórica, que nos obliga a destinar dinero aquí para evitar más intereses, en lugar de afrontar otras inversiones. Por otro lado somos la comunidad con mayor déficit de toda España. Y además seguimos sin conocer todavía la financiación exacta que recibiremos de administraciones superiores. Todo esto encima en una coyuntura de inflación. Es decir, nos hemos encontrado una fórmula de deuda, déficit e incertidumbre” nos cuenta Noelia Císcar, diputada autonómica del PP.
En medio de este sombrío panorama, el Congreso todavía no ha aprobado los presupuestos estatales de 2024, ni el Ministerio de Hacienda ha anunciado definitivamente cuáles serán las reglas de gasto para la estabilidad financiera de las administraciones autonómicas y municipales.
“En septiembre la consellera de Hacienda envió un escrito al Ministerio solicitando toda la información respecto a entregas a cuenta, liquidaciones del sistema financiero, Fondos Europeos, etc. con el fin de redactar un presupuesto autonómico lo más realista posible. Nunca recibimos respuesta. Vamos totalmente a ciegas. Aún así tenemos que dar veracidad en nuestras cuentas para ser un territorio atractivo de cara a ofrecer garantías a las empresas inversoras que generan riqueza y empleo. Éste es el objetivo de nuestro gobierno y por eso nosotros no vamos a incluir partidas de ingresos ficticios” nos asegura Císcar.
«Hemos heredado una situación financiera de deuda, déficit e incertidumbre» N. Císcar (PP)
Posible quita
Ahora, repentinamente, en esta legislatura ha aparecido una fórmula en el horizonte que podría suponer la desaparición de buena parte de la deuda pública autonómica. Hablamos del pacto firmado entre el PSOE y Esquerra Republicana por la investidura, en el cual se incluye una condonación de 15.000 millones de la deuda catalana por parte del Estado.
En principio el Gobierno pretende realizar dicha quita mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, en el que están presentes nueve autonomías, entre ellas la nuestra. La propia ministra María Jesús Montero aseguró que este mecanismo no se ha ideado tan solo para Cataluña, sino que será extensible a todas las comunidades que así lo soliciten.
Posturas favorables
Desde la oposición no han tardado en pedir al Consell que demande esta condonación estatal para la Generalitat Valenciana. “Nosotros también debemos reclamar este dinero. Es una solución que está avalada incluso por expertos de fuera de la política. Ahora mismo estamos pagando una barbaridad cada año en intereses de la deuda, y esto evidentemente nos repercute en tener peor educación, sanidad y servicios” nos indica Aitana Mas, exvicepresidenta y diputada autonómica de Compromís.
“Si se hace la quita a Cataluña, pues también la queremos para nosotros. No es nuestra solución, porque lo que necesitamos realmente es un cambio del modelo financiero. Esto puede estar bien, aunque no sea algo definitivo a largo plazo” nos señala Císcar.
Esta posibilidad de pedir una quita divide a los dos partidos del Consell
Porcentaje condonado
Aún con todo, la posibilidad de la condonación de deuda autonómica por parte del Estado suscita algunas cuestiones todavía sin resolver. Por ejemplo, respecto a la cantidad. Si en la Comunitat Valenciana se aplican las mismas reglas que en Cataluña, es decir una quita del 20%, nuestra deuda pasaría de 55.000 millones de euros a los 44.000 millones.
No obstante es de sobra conocido que el Govern catalán cuenta con un enorme peso parlamentario en el Congreso con siete diputados de ERC, a los que podríamos sumar también los siete de Junts per Catalunya, que le otorgan una gran fuerza negociadora con el Gobierno de España. Así pues cabe preguntarse, ¿tendríamos las demás regiones también un 20%?
“No sabemos cuáles son los criterios exactos. Esto ha aparecido por lo que todos sabemos, como una clara compra de votos para la investidura de Pedro Sánchez. Nosotros queremos las mismas condiciones que Cataluña, pero como se hace por intereses puramente partidistas nos deja en una situación de cierta indefensión al resto de comunidades autonómicas. Desconocemos realmente la letra pequeña del acuerdo con ERC, a pesar de que desde el Gobierno siempre se nos reclama transparencia a las autonomías” nos determina Císcar.
“Creo que sí ha quedado claro que se aplicarán los mismos criterios para todas las autonomías. Compromís no habría votado por la investidura de Sánchez de no haber sido así. No tendría sentido profundizar todavía más en esa España de dos velocidades que ya existe con el concierto vasco-navarro” nos apunta Mas.
Posibles tensiones territoriales
Asimismo, aunque las diecisiete autonomías españolas arrastran deudas públicas, la situación financiera entre ellas es bastante dispar. Por ejemplo, el País Vasco o Canarias apenas sostienen un endeudamiento del 13% de su PIB, mientras que el valenciano está en el 41%. Además no todas están dentro del citado FLA. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estas quitas podrían provocar que otros gobiernos autonómicos se sientan perjudicados por haber sabido gestionar mejor sus recursos?
“Sería un barbaridad que alguien se queje por discriminación. Tenemos perfectamente constatado que una gran parte de la deuda de la Comunidad Valenciana no es legítima. Esto se ha generado porque el Estado no nos ha dado lo que debíamos tener por nuestro peso poblacional, lo cual a su vez ha generado intereses. Es una pescadilla que se muerde la cola” nos apunta Mas.
“Nos preocupa que esta solución de la deuda acabe generando todavía más diferenciación entre las comunidades autónomas. Parece que todo va a ser por intereses políticos, y no por los intereses de los ciudadanos” nos señala Císcar.
La infrafinanciación estatal nos habría costado unos 37.000 millones en 2 décadas a la Comunitat Valenciana
La deuda estatal
Y por último, conviene recordar que precisamente el Estado español es una administración pública todavía más endeudada que cualquiera de sus autonomías. Los últimos datos apuntan a un total del 111% del PIB, por el cual cada español debemos unos 32.000 euros. Por tanto, ¿podría llegar a ser todavía peor el remedio que la enfermedad?
“Si las administraciones se pasan deuda unas a otras, al final corremos el riesgo de meternos en un bucle del que seguiríamos sin salir. ¿Cómo se equilibra esto? Es evidente que un mayor endeudamiento del Estado nos va a repercutir a nivel europeo” nos avisa Císcar.
“Yo no creo que esto fuera un problema. Si inyectamos más dinero a las autonomías eso nos repercutirá para bien en el global del Estado. Hemos sufrido dos crisis en los últimos años y ya hemos visto que las políticas de estímulos funcionan mejor que las de austeridad” nos asegura Mas.
Divisiones en el Consell
Por el momento la posibilidad de esta quita estatal parece dividir al bipartito del Consell. En una comisión parlamentaria Vox pidió quitar uno de los puntos de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP, que pedía la devolución de ‘la deuda histórica’ por parte del Estado a la Generalitat Valenciana. Dicha enmienda no se aceptó, y finalmente el partido verde optó por abstenerse, siendo el texto aprobado con los votos de PP, PSOE y Compromís.
La propia presidenta de Les Corts -Llanos Massó, de Vox- ha arremetido contundentemente contra el presidente autonómico andaluz -del PP- por pedir la quita para Andalucía. “A Moreno Bonilla le preocupa el ‘qué hay de lo mío’ y le importa un carajo lo que le pase a España. No tiene vergüenza” tuiteó.
“Es decepcionante que el gobierno del PP y Vox no se pongan de acuerdo en algo tan esencial como pedir millones para la Comunidad Valenciana” nos señala Mas.
«Reformar el sistema de financiación depende de los grupos de PP y PSOE en el Congreso» A. Mas (Compromís)
La infrafinanciación
En lo que sí parece haber consenso de todos los partidos políticos con representación en Les Corts Valencianes es en la necesidad de un cambio del modelo de financiación autonómica.
Según un estudio publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada desde que se creara en 2002 el actual sistema de financiación (reformado en 2009 y caducado desde 2014) la Comunitat Valenciana ha sido durante la mayoría de años la peor financiada por el Estado en relación a su población, y nunca ha ascendido de las tres últimas posiciones.
De acuerdo con un informe presentado hace unos meses por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, esta terrible infrafinanciación estatal se puede cifrar en 37.000 millones de euros, lo cual vendría a significar un 67% de nuestra deuda pública.
El eterno caballo de batalla
“El Gobierno de España tiene una factura pendiente con nuestra comunidad. Nuestro presidente, Mazón, ha pedido la reforma del sistema de financiación, y mientras ésta llega un fondo de nivelación. Ésta es la auténtica solución para la deuda. Vamos a seguir insistiendo, llevándolo a comisiones y a pleno, y solicitando reuniones con el Gobierno. No pedimos más que el resto de las comunidades, pero tampoco menos” nos aduce la popular Noelia Císcar.
“Para esto se necesita una mayoría de dos tercios en el Congreso. Así que o bien llegan a un acuerdo PP y PSOE, o los demás estamos condenados. Hemos visto posiciones muy contrarias dentro de estos dos partidos. Yo la responsabilidad, más que en el Gobierno, lo pongo en sus grupos parlamentarios” nos apunta Aitana Mas, representante de Compromís.
