Según los datos facilitados por la patronal hotelera Hosbec durante su Asamblea General celebrada en abril en Altea, el número de apartamentos o viviendas de uso turístico ha crecido en España de las 4.000 a las 400.000 en sólo quince años.
La entidad presidida por Fede Fuster, y que cuenta con más de 110.000 camas asociadas en la Comunitat Valenciana, lleva ya algunos años alertando de los problemas derivados de ese modelo y, especialmente, tras la recuperación de la normalidad después de la pandemia, le ha declarado una guerra abierta.
Lo cierto es que más allá de los discursos y las cifras interesadas que puedan poner sobre la mesa los defensores y detractores de uno u otro modelo, son muchas las voces que hace años alertan de que la cada vez mayor oferta de apartamentos turísticos ha generado no sólo un problema de gentrificación en muchos barrios de nuestras ciudades, sino también un inmenso problema de acceso a la vivienda en zonas turísticas, que afecta ya por igual a jóvenes y a la clase obrera.
Apuesta de la Generalitat
Para paliar esta problemática, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Plan Vive, mediante el que se ha comprometido al impulso de la promoción de 10.000 viviendas de protección pública en la región, convirtiéndose en uno de los principales compromisos del Consell presidido por Carlos Mazón.
Diversos municipios de la Marina Baixa, especialmente afectados por el auge del alquiler turístico, ya se han adherido a ese plan, poniendo a disposición de la Generalitat los terrenos sobre los que construir esas viviendas, algo que Altea, por el momento, no ha hecho.
En la actualidad Altea es la octava población con los precios de alquiler más caros de España
Precios disparados
Tal y como explican desde el Partido Popular en Altea, para poder formar parte del Plan Vive el primer paso “debe ser la aprobación del pleno de la adhesión al mismo”. En opinión de su portavoz, Rocío Gómez, “no podemos perder esta ocasión, siendo Altea actualmente el tercer municipio con el precio por metro cuadrado más caro de todos los de la Comunitat Valenciana, y el octavo de España en el precio de los alquileres”.
En opinión de la edil ‘popular’, esta situación “hace que especialmente nuestros jóvenes tengan casi imposible independizarse en nuestro municipio y tengan que irse de Altea”.
«Es fundamental adoptar verdaderas medidas en positivo y útiles» (PP)
Sin vivienda pública
Rocío Gómez añade que “somos conscientes del problema de vivienda que existe en Altea, y de la necesidad de ser ágiles en la tramitación de este tipo de planes para conseguir resultados lo antes posible”, y critica la “lentitud de Compromís y PSOE, sobre todo cuando las propuestas vienen del Partido Popular”.
Es por ello por lo que, afirma, “hemos creído oportuno y responsable por nuestra parte exigir que se pongan a trabajar con inmediatez”, ya que, “después de nueve años de gobierno de Compromís- PSOE en Altea, y de ocho años de Botànic, ha quedado latente la pasividad de ambos, obteniendo como resultado que en Altea no se haya desarrollado ninguna vivienda de protección pública”.
Los responsables de Urbanismo dudan de las condiciones de acceso a las 10.000 viviendas planteadas por el Consell
Un asunto muy relevante
Desde las filas del Partido Popular se ha pedido que “se estudie por parte de los técnicos municipales y se trabaje en el Consejo de Urbanismo”, para agilizar la adhesión de la Villa Blanca a ese Plan Vive.
En opinión de la oposición, “se trata de un asunto muy relevante para nuestro municipio que requiere de la opinión y participación de todos. Es fundamental adoptar verdaderas medidas en positivo y útiles, en lugar de imponerlas como la prohibición de dar licencias urbanísticas sin haber regulado con anterioridad y esperar a que el problema se haya agravado”.
Dudas locales
Pese a todo, Altea no ha dado todavía el paso para adherirse a ese proyecto de construcción de vivienda pública. En ese sentido, ha sido el edil del área de Urbanismo, José Orozco, el encargado de argumentar esa decisión.
Para ello, se ha basado en “las dudas” que el equipo de gobierno local mantiene sobre el mencionado plan. Unas dudas que empiezan en lo relativo a quienes podrían, una vez construidas las viviendas, optar a las mismas.
Posturas muy alejadas
Además, Orozco ha asegurado “desconocer el contenido jurídico-administrativo que tendrán los futuros convenios con los ayuntamientos”, argumentando que en el articulado del Plan Vive no se especifican las condiciones que debe tener el suelo que los ayuntamientos han de ceder a la Generalitat.
Por el momento, las posturas están muy alejadas, ya que, desde el equipo de gobierno, que ha puesto en suspenso la concesión de más licencias para viviendas turísticas, se defienden otros modelos, como la movilización de pisos vacíos que, al entrar en el mercado, reducirían el precio al aumentar la oferta.
