El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado en la sesión celebrada esta tarde el Plan local de recogida de residuos domésticos y municipales, un instrumento de planificación que cumple con los objetivos y prescripciones establecidos por la normativa autonómica y estatal que ha contado con los votos a favor de PP, Vox y Compromís.
El concejal de Servicios y Mantenimiento, Antonio Díaz, ha explicado que “del desarrollo de las medidas que propone este plan depende, en buena parte, el próximo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y este, a su vez, necesitaba de este marco normativo para salir adelante”. En este contexto, el responsable municipal ha confirmado que “estamos más cerca de la próxima licitación del servicio y esperamos que se pueda anunciar este verano porque la redacción del pliego está muy avanzada”.
Díaz ha asegurado que el plan de recogida sancionado “marca claramente la hoja de ruta a seguir en los próximos seis años y es lo suficientemente ambicioso para alcanzar los objetivos mínimos con los recursos de los que disponemos”. El punto de partida de este documento es la realización de un diagnóstico y detalla, además, el modelo de recogida y prescripciones para su mejora. El concejal de Servicios ha explicado que se han incorporado alegaciones presentadas por organizaciones ecologistas que aportan mejoras.
Por otro lado, en la sesión plenaria celebrada esta tarde se ha dado cuenta de la renuncia de Santiago Agulló a su acta como regidor y la solicitud de la credencial a favor de Melania Llopis, que ocupa el puesto número diez en la candidatura presentada por el PP. El alcalde, Pachi Pascual, ha reconocido en nombre de toda la corporación “el trabajo, esfuerzo y dedicación de Santiago Agulló y su labor al frente del área de Educación”.
Entre los asuntos aprobados por unanimidad destaca la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio de ayuda a domicilio (SAD). La propuesta, defendida por la concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, “recoge por primera vez en nuestro municipio el SAD de Dependencia o SAD de acceso directo para personas con grado de discapacidad y, dependiendo del mismo, tendrán unas horas de servicio asignadas mayores que las que se prestan con el SAD municipal, que también se mantiene”. Torregrosa ha agradecido el apoyo “a este nuevo recurso que repercute directamente en las personas dependientes que necesitan esta ayuda y en sus familiares”.
En el área de Sanidad, el equipo de Gobierno ha sancionado la modificación de la Ordenanza de convivencia ciudadana para adaptarla a la normativa autonómica y estatal más reciente, según ha explicado la concejal Mercedes Torregrosa. En este punto, la responsable municipal ha criticado “que el grupo socialista vote en contra de la ordenanza que aprobó en 2022 y que ahora se ha tenido que adaptar a la ley 7/2023 del Gobierno de España, formado por PSOE y Sumar”.
Torregrosa se ha comprometido a estudiar las sugerencias que presenten los grupos de la oposición y cualquier ciudadano en periodo de exposición para mejorar la regulación. La ordenanza recoge la protección de los derechos de los animales, las obligaciones de los propietarios, así como prohibiciones y régimen sancionador para los infractores.
Los ediles sanvicenteros han dado también su respaldo unánime al Plan territorial frente a emergencias. El concejal de Seguridad, Adrián García, ha explicado que en la norma municipal se han recogido por primera vez los cambios legislativos, sociológicos y de protocolo y la identificación de nuevos riesgos.
En materia de Urbanismo, otro de los asuntos que han obtenido el beneplácito del pleno en su integridad es someter a información pública la modificación del PGOU para ampliar la zona dotacional aledaña a la parroquia de la Inmaculada. Por otro lado, ha contado con el voto favorable de la mayoría de ediles de PP, PSOE, Vox y EU-UP la tercera modificación del contrato de obras del pabellón polideportivo municipal para adelantar la puesta en funcionamiento del edificio deportivo.
El alcalde y responsable de Urbanismo ha explicado que esta propuesta, que establece un precio final para el pabellón de 7.913.400 euros, viene motivada por la imposibilidad de ejecutar el aparcamiento previsto en la zona sur de los terrenos mientras se lleva a cabo el soterramiento de las infraestructuras eléctricas y ha asegurado que la medida no compromete un futuro estacionamiento.
En el capítulo de mociones, los grupos de PSOE y EU-UP han elevado a pleno el rechazo a la proposición de Ley de concordia de la Comunitat Valenciana, propuesta rechazada por PP y Vox. En representación de esta última formación, el edil Pablo Quintana ha argumentado que “la nueva ley de concordia no separa entre víctimas de primera y de segunda, sino que permite a todas tener los mismos derechos”. Por su parte, la portavoz popular Mercedes Torregrosa ha incidido en que la proposición de ley autonómica “busca reconocer y amparar a todas las víctimas por igual y ser restaurativa frente al revanchismo”. La edil ha destacado, además, que, con la anterior norma, “el Gobierno autonómico cumplió 3 de los 65 artículos”.
También ha sido rechazada la propuesta presentada por la portavoz del Grupo socialista, Asunción París, para instar a la Generalitat a mantener los programas de Labora. La edil popular, responsable del área Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, ha defendido las políticas que se desarrollan “en una autonomía que tiene en abril los mejores datos de paro de los últimos 16 años”.
Galiana ha remarcado el compromiso de la Generalitat a destinar, a través de Labora, “un presupuesto para políticas activas de empleo muy superior a la media de los últimos diez años” y ha explicado los motivos del retraso de las ayudas que obedece, en gran medida, al nuevo marco normativo y presupuestario. La edil ha asegurado que también desde la Concejalía se ha marcado como prioridad llevar adelante las ayudas de Labora para el fomento del empleo y diferentes cursos para la formación de profesionales.
Durante el debate de la moción, la concejal de Vox, Isabel Domínguez, ha cuestionado el funcionamiento de la política de empleo del anterior Gobierno autonómico y los resultados de inserción laboral y ha garantizado el mantenimiento de los recursos “en los programas que han demostrado ser eficaces”.
