Todo comenzó hace algo más de un año, en el mes de mayo de 2023, cuando el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) anunció la presentación de una denuncia contra el entonces alcalde de Altea, Jaume Llinares (que sólo dos días después ya no concurriría como cabeza de lista a las elecciones locales), el edil responsable del área de Personal, Rafael Mompó, y el secretario accidental del consistorio de la Villa Blanca.
Los responsables del SPPLB llevaban a los dos políticos y al funcionario alteano a los tribunales por un presunto delito de prevaricación administrativa, después del cese de su puesto de trabajo del intendente jefe de la Policía Local de Altea, Armando Reig. Una querella, apuntaron entonces fuentes sindicales, que se sustanció “después de esperar un tiempo prudencial para que recapacitaran y accedieran a nuestras peticiones de readmisión del intendente jefe”.
En aquel momento, insistían entonces desde el SPPLB, se había “esperado a ver si el alcalde cumplía con la ley y procedía al nombramiento del intendente jefe como funcionario de carrera, pero nos hemos encontrado con unas personas que han intentado poner cortinas de humo para evadir su responsabilidad”.
Hace ahora un año el sindicato profesional denunció a Jaume Llinares, Rafael Mompó y al secretario accidental
Sentencia previa del TSJCV
Todo, decíamos, empezó ahí… aunque en realidad, no. El origen de todo este embrollo lo encontramos un poco antes. En concreto, en diciembre de 2022, cuando el Juzgado de lo Contencioso declaraba firme una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por la que se declaraba nulo un proceso selectivo para cubrir, precisamente, la plaza de intendente jefe de la Policía Local alteana.
Es por ello que cuando el SPPLB presentó esa denuncia, a pocos días de las elecciones locales del pasado año, desde el equipo de gobierno local se optó por guardar un perfil bajo, asegurando que el sindicato “está en todo su derecho a interponer los recursos y ejercitar las acciones que consideren oportunas, pero no cumplir la Constitución y las leyes, así como las sentencias y resoluciones administrativas, no es propio de un estado democrático”.
Dos inspectores
En ese mismo sentido, desde el ayuntamiento alteano se añadía que “hemos acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que nos obliga al cese del intendente jefe como consecuencia de la nulidad e ilegalidad del proceso de nombramiento”.
De igual modo, añadían que, para cubrir la plaza de intendente, “tenemos que tener cubiertas dos plazas de inspectores, razón por la que el TSJCV resolvió la suspensión del procedimiento hasta el cumplimiento de lo referido”, ya que en ese momento no se contaba con esas dos plazas.
La Fiscalía ha apreciado indicios de delito en la actuación del intendente jefe, y le ha llamado a declarar como investigado
Un año de espera
Durante los últimos doce meses, apenas se han conocido novedades respecto a esas denuncias y acusaciones cruzadas, entre el SPPLB y el ayuntamiento, con el cesado intendente jefe de la Policía Local de Altea como gran protagonista. Y todo, claro, por la desesperante situación de colapso que vive la Justicia y que prolonga enormemente cualquier juicio o investigación.
Por ello, es necesario ahora dar un gran salto en el tiempo y situarnos a finales del mes de mayo de 2024, hace apenas unas semanas. Fue entonces cuando el propio consistorio de Altea recuperaba esta historia del cajón del olvido y anunciaba, a través de un comunicado, que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Benidorm, a instancias del Ministerio Fiscal, ha acordado abrir diligencias previas por un presunto delito de falsificación en documento público contra Armando Reig, intendente provisional cesado por el propio consistorio.
De denunciante a investigado
Esta noticia cambiaba sensiblemente el panorama del caso, ya que, representado por el SPPLB, Reig era, hasta ese momento, el denunciante del caso; pero desde esa comunicación pasaba a ser investigado.
Un investigado que, a su vez y como ya se ha explicado, había denunciado en su día por presunto delito de prevaricación al exalcalde alteano, Jaume Llinares; al concejal de Personal, Rafael Mompó (ahora al frente de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio); y al secretario accidental del ayuntamiento por entender que se le había cesado injustamente en su cargo.
Se considera desde el SPPLB que las explicaciones dadas por el gobierno local son «torticeras»
Sospechas de la Fiscalía
Según explicaban desde el Ayuntamiento de Altea, “tras diligencias de investigación previas de la Fiscalía, se han recabado indicios de que el sospechoso, estando en marcha el proceso de selección del puesto de intendente, siendo aspirante al mismo y a sabiendas de que no podía acudir al curso de capacitación en tanto no se produjera su expreso nombramiento y se practicaran las correspondientes publicaciones en los diarios oficiales, elaboró un documento, fechado el 15 de febrero de 2023”.
“En él, firmado como intendente jefe de la Policía Local, remitió comunicación a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, por la que se proponía a sí mismo para incorporarse al curso organizado por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) para la categoría de intendente”, como manifiesta el ayuntamiento alteano.
“Todo ello”, añaden desde el consistorio de la Villa Blanca, “pese a su deber legal de abstención en un procedimiento en que aparecía directamente implicado, y pese a no ser competente para proponerse a sí mismo para la realización del mencionado curso al corresponderle al alcalde dicha competencia”.
A espaldas de la corporación
Además, según la versión que ha hecho pública el Ayuntamiento de Altea, “también existen indicios de que esa providencia o comunicación se remitió al IVASPE de forma subrepticia, para no dejar constancia ni conocimiento de los responsables de la corporación”.
Siempre atendiendo a las explicaciones dadas ahora desde el equipo de gobierno, “además de la documental aportada, existen indicios de que el sospechoso realizó tales maniobras con pleno conocimiento de que los trámites administrativos, para el acceso al curso, no se iban a concluir legalmente en el plazo necesario para acceder al mismo, que se iba a impartir de febrero a abril de 2023”.
Para el sindicato, el único objetivo del gobierno local es «atacar y lesionar el honor de Armando Reig, y su buena reputación y dignidad»
Declarará el 5 de noviembre
Armando Reig habría tenido ya en ese momento “conocimiento de que el proceso selectivo podría eventualmente verse afectado en su validez, por no respetarse las exigencias del art. 38.4 de la Ley 7/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana; ley que exige como requisito para la cobertura de la categoría máxima de la plantilla, que estén previamente cubiertas dos plazas de la categoría inmediatamente inferior”.
Para la Fiscalía “dichos hechos, sin perjuicio de ulterior y mejor calificación, son indiciariamente constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, y de prevaricación administrativa”. Por todo ello, el investigado ha sido citado a declarar el 5 de noviembre, y por parte del ayuntamiento “no se descarta ampliar las citadas diligencias” antes de que se llegue a esa fecha.
Respuesta del SPPLB
Este nuevo cambio en el guion del culebrón de acusaciones y denuncias cruzadas tuvo una inmediata respuesta por parte del Sindicato de Policías y Bomberos, que no sólo mostraba su disconformidad con ese comunicado del gobierno local de la Villa Blanca, sino que anunciaba su “intención de iniciar acciones legales” contra, de nuevo, Rafael Mompó, “por las acusaciones que de manera torticera” realizó contra el intendente principal de la Policía Local de la Villa Blanca, Armando Reig, a través de ese comunicado ya mentado.
Desde el SPPLB, y pese a que en el comunicado realizado desde el consistorio siempre se indica que lo ahí expuesto no es más que lo que se deriva de las investigaciones y apreciaciones de la Fiscalía, los responsables del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos consideran que “todo lo dicho en ese comunicado tiene como único objetivo atacar y lesionar el honor de Armando Reig, así como su buena reputación y su dignidad mediante falsas afirmaciones”.
En los juzgados de Benidorm deberá de declarar el próximo día 5 de noviembre el intendente jefe ahora cesado
Mompó y el secretario, investigados
Para fundamentar esta acusación, los responsables del sindicato profesional aseguran que en aquel comunicado Mompó “obvia manifestar que tanto él, como el secretario accidental, aparte de ser denunciados, están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación administrativa”.
En el mismo escrito del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, se recuerda que el concejal “acusa a Armando Reig de elaborar un documento firmado como intendente jefe de la Policía Local, que remitió a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, por la que se proponía a sí mismo para incorporarse al curso organizado por el IVASPE para la categoría de intendente”.
Documento probatorio
Sin embargo, desde el sindicato profesional aseguran que “desconocemos a qué documento se refiere el señor Mompó”, pero han hecho pública un acta notarial donde el que fuera edil de Seguridad Ciudadana, Miguel de la Hoz (ya fuera del equipo de gobierno tras las elecciones locales y autonómicas de 2023, n.d.r.), “reconoce la autenticidad de su firma en la solicitud remitida al IVASPE, proponiendo a Armado Reig para la realización del curso de acceso a la escala de intendente”.
“Por lo tanto”, prosigue este comunicado del SPPLB, “desde esta central sindical entendemos que, aparte de burlarse de la Justicia, una vez más mienten descaradamente de forma deleznable con el objetivo de confundir a la opinión pública y tapar la cacicada que, a nuestro juicio, cometieron, cesando al intendente jefe de la Policía Local de Altea”.
Los responsables del SPPLB han decidido personarse “en los juzgados de Benidorm y hemos solicitado copia de toda la documentación presentada por los denunciantes, así como que se exhorte al Juzgado de Instrucción Número 2 esta causa, donde se siguen diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa y se encuentran imputados el exalcalde, el concejal Mompó y el secretario accidental”.
