Tocaba el año 1950 y la chavalería estadounidense podía pedirle a Santa Claus, por 49,5 dólares, el mismísimo Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, o sea, un laboratorio de energía atómica en miniatura, con sus minerales ricos en uranio (autunita, carnotita, torbenita y uraninita). En fin, la racionalización científica, transmutada en tecnología, al cabo ciencia aplicada, acababa por desracionalizarse convertida casi en nueva religión.
Panteísta, además: cada nuevo invento, algo a lo que adorar (y no ha parado: ‘smartphones’, coches eléctricos, cada uno con sus correspondientes profetas). Y de ahí a minusvalorar lo que suponía un riesgo, a volverlo juguete. Pero la tecnología comenzó a enseñar su otra cara: los residuos, nuestra ‘huella’ de carbono… Pero se iba a tardar en reaccionar a título institucional. Hasta que llegaron iniciativas como el Pacto de los Alcaldes.
Crisis de hidrocarburos
Antes de llegar a la respuesta institucional, reparemos en que, desde ese futuro retro que prometían los caballos vapor, los rayos X (que durante mucho tiempo se pensó que servían lo mismo para un roto que para un descosido), los años setenta nos saludarían con asuntos como la crisis energética de 1973, cuyo resultado geopolítico nos mostraba nuestra brutal dependencia de los combustibles fósiles, como los hidrocarburos.
Entonces, los países de Organización de Países Exportadores de Petróleo (la OPEP, reconocida en 1962) decidieron castigar a las naciones que respaldaron (o no se opusieron) a Israel en la guerra del Yom Kipur, cuando una coalición de países árabes, que perdió la batalla, se propuso recuperar zonas como los Altos de Golán. Pero además estaba (y está) el tema de la contaminación: gases de efecto invernadero, residuos peligrosos… y basura.
Los años setenta trajeron asuntos como la crisis energética de 1973
Basura europea
Según el informe de la Comisión Europea, “que identifica a los Estados miembros en riesgo de no alcanzar los objetivos de reciclado de residuos municipales y de envases de 2025, y el objetivo de reducción del depósito de residuos en vertederos de 2035” (resumiendo, ‘informe de alerta temprana’, de 8 de junio de 2023), los europeos generamos una media de 521 kilogramos de residuos urbanos por persona, de los que reciclamos un 49%.
Dado que solo va a parar a los vertederos, de la basura restante, un 23%, y que “la cantidad de residuos generados ha ido aumentando lentamente en los últimos años”, se entiende la preocupación, más cuando, en la actualidad, según datos oficiales, a España le corresponden nada menos que veintidós millones de toneladas al año de residuos municipales. En el contraataque ecologista, primero llegaron las opciones del voluntariado.
Generamos una media de 521 kilogramos de desechos urbanos por persona
Un nuevo concepto
Aún hoy, Greenpeace, creada en la canadiense Vancouver en 1971, es la más mediática, pero hubo mucho más, combatidas enconadamente, al principio, por unos gobiernos que al final acabaron sumándose con iniciativas como el pacto, al principio entre veinticuatro países, en 1987, para reducir la producción de clorofluorocarbonos (CFC), sustancias usadas en principio en aerosoles (como la laca), frigoríficos o productos de limpieza en seco.
Sumémosle a ello el concepto de sostenibilidad (equilibrio con los recursos del entorno), acuñado por la exmédico y política sueca Gro Harlem Brundtland (1939) en un informe para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ‘Nuestro futuro común’ (1987). En este contexto, el 29 de enero de 2008, desde la Semana de la Unión Europea de la Energía Sostenible, se ponía en marcha el llamado Pacto de Alcaldes.
España produce veintidós millones de toneladas al año de residuos municipales
El arranque
En el aún pandémico 2021, el primer encuentro nacional de dicho pacto, celebrado en el Palau de les Arts de València (el acto lo organizaba la Diputació de València), concitó la participación de unos trescientos consistorios (por entonces, ya se habían sumado unos 7.000 en toda Europa). En el último recuento oficial, 136 municipios alicantinos (de los cuatrocientos, en 2022, en toda la Comunitat Valenciana) estaban adheridos al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.
Hay que recordar que sus actuaciones no dejan de estar medidas por los objetivos de desarrollo sostenible propuestos desde la ONU. O sea: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura o reducción de las desigualdades.
Objetivos a cumplir
Pero también ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Con que se logre una pequeña parte, el asunto ya va bien encauzado. Tengamos en cuenta que sumarse al pacto supone también aceptar una serie de responsabilidades propias, pero también comunes.
Como es lógico, el citado pacto incluye también mecanismos de control para que la pertenencia al grupo no se quede en simple postureo, en un simple afirmar que nosotros también somos ecológicos por figurar en el pacto en sí, sino que esta pertenencia se traduzca en una serie de acciones reales y efectivas. De esta forma, se puede emprender un camino de meta común: la sostenibilidad.
