El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha puesto a Benidorm en una complicadísima situación no sólo judicial, sino sobre todo económica, tras el fallo que venía a revocar la sentencia previa de primera instancia, y condenando a la ciudad al pago de 330 millones de euros como indemnización a la familia Murcia Puchades por el incumplimiento, según entiende el Tribunal, del convenio urbanístico firmado entre las dos partes hace más de veinte años.
Ante este revés jurídico todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS), pero el fantasma de un pago multimillonario sobrevuela ya las arcas municipales, y eso ha generado un intenso enfrentamiento político entre el gobierno local y la oposición al que la ciudadanía asiste, por un lado, haciendo cuentas sobre el impacto que todo ello podría tener en su bolsillo y, sobre todo, tratando de recordar todo lo sucedido en estas más de dos décadas que han desembocado en este, por ahora, penúltimo capítulo a la espera de solventar el recurso en el TS.
Un convenio urbanístico firmado en 2003 es el origen del desacuerdo entre las dos partes
El convenio de la discordia
Para tratar de comprender cómo se ha llegado a este punto, es preciso remontarse al ya muy lejano año 2003. Fue entonces cuando el gobierno local, con mayoría del Partido Popular y con Vicente Pérez Devesa como alcalde, firmó un convenio urbanístico con la familia Murcia Puchades por el que la administración municipal se comprometía a cederles unidades de aprovechamiento, a cambio de los 400.000 metros cuadrados que poseían en el APR-7 (en la Serra Gelada) y que había quedado protegido tras la creación del parque natural.
Esa permuta se proponía para compensar a los propietarios por renunciar a sus derechos urbanísticos en ese suelo. El acuerdo inicial fue, posteriormente, renovado por nuevas administraciones hasta en dos ocasiones. En concreto, bajo gobierno socialista comandado por el también fallecido Agustín Navarro.
Caducidad en 2013
Fue entonces, en el año 2010, cuando la renovación del acuerdo establecía que si la familia no obtenía nuevos terrenos sobre los que construir, debería de ser indemnizada en el momento de caducidad del convenio, algo que sucedería en mayo de 2013.
Ese momento llegó y fue entonces cuando, por motivos técnicos imposibles de resumir en esta recopilación de eventos, el ayuntamiento de la capital turística entendió que no se daban las circunstancias que aconsejasen la indemnización y, por lo tanto, se negó a modificar el presupuesto de aquel año para iniciar el plan de pagos propuesto.
Ya se prepara el recurso ante el Tribunal Supremo por parte del ayuntamiento
Petición millonaria
Este desacuerdo ha ido apareciendo y desapareciendo del día a día municipal durante muchos años, y fue en 2018 cuando se dio el nuevo paso, quizás el más importante, para haber llegado a la situación actual. Fue entonces cuando la familia Murcia Puchades reclamó, ya de manera oficial y pública, una indemnización de 284 millones de euros al consistorio.
También fue por aquel entonces cuando el enfrentamiento entre las dos partes se agudizó ante el silencio que, según entendía el empresario, no hacía más que retrasar y, en última instancia imposibilitar, la creación de un teleférico que los Murcia Puchades habían proyectado en la Serra Gelada.
Sentencia favorable a Benidorm
En el mes de marzo de 2022 la Justicia daba la razón al Ayuntamiento de Benidorm, y rebajaba a sólo 636.000 euros la cuantía de la indemnización a pagar a los Murcia Puchades por la protección de los terrenos afectados en el APR-7.
En su sentencia, el Contencioso Administrativo número 3 de Alicante entendía que los demandantes nunca obtuvieron derechos urbanísticos sobre el suelo en litigio, puesto que éste nunca tuvo la clasificación de suelo urbano, y que sus propietarios tampoco cumplieron con las obligaciones que contempla la normativa urbanística.
Ese fallo desmontaba, por lo tanto, todos los argumentos del demandante para exigir esta indemnización, ya que entendía que tanto los convenios urbanísticos iniciales como sus ratificaciones de los años 2010 y 2013 eran nulos de pleno derecho.
La familia Murcia Puchades se ha manifestado abierta a negociar una solución con el ayuntamiento
Distintos criterios
La familia Murcia Puchades, en cualquier caso, seguía sin estar de acuerdo con esa decisión judicial y optó por elevar un recurso ante el TSJCV, que es quien ahora ha emitido un fallo diametralmente opuesto al de primera instancia y ha reconocido a los demandantes no sólo su derecho a esos casi 284 millones de euros, sino también al cobro de los intereses acumulados, lo que eleva la cuantía total a los ya mencionados 330 millones.
Se trata de una cantidad histórica. Nunca antes un consistorio de la provincia de Alicante había tenido que hacer frente a una indemnización tan elevada. Para ponerla en contexto, basta destacar que el último presupuesto aprobado asciende a poco más de 140 millones de euros, por lo que, siempre que el TS mantenga este mismo criterio, la ciudad tendría que destinar casi tres presupuestos íntegros a indemnizar a los propietarios.
Enfrentamiento político
El caso va a entrar ahora, o todo parece indicarlo así, en otro periodo de ‘calma chicha’ antes de una nueva y, en este caso, definitiva tormenta de final absolutamente impredecible y que no se conocerá hasta que el TS emita su veredicto definitivo. Mientras tanto, la polémica política es la que ha tomado (y tomará) el relevo de la actualidad judicial.
Mientras el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y confía en que el Alto Tribunal acabe dando la razón a la ciudad, el PSPV-PSOE alerta de que esta sentencia hipotecará el futuro de hasta tres generaciones de benidormenses. Por su parte, la familia Murcia Puchades tiende la mano al consistorio para negociar una solución satisfactoria para todas las partes. Como en las novelas de misterio, todo esto continuará…
