En el pleno municipal celebrado en San Vicente del Raspeig el pasado 31 de julio se aprobó inicialmente una nueva ordenanza para poner en marcha el servicio de ‘Majors a casa’. Se trata de un programa que ya existía antiguamente en el municipio, administrado por la Generalitat Valenciana, hasta que fue suprimido en 2022.
“Cuando entró en vigor el Contrato Programa (convenio plurianual firmado por la Generalitat y diversos ayuntamientos), algunos servicios autonómicos de atención primaria fueron asumidos por las corporaciones municipales. Sin embargo en San Vicente el gobierno municipal de entonces decidió no continuar con ‘Majors a casa’. Ahora nosotros hemos querido volver a ponerlo en marcha” nos explica Mariela Torregrosa, concejala de Derechos Sociales por el PP.
‘Majors a casa’ incluye servicios de comida, lavandería y limpieza a domicilio por alrededor de 134 euros mensuales
Comida, lavandería y limpieza
Concretamente, este servicio consiste en una ayuda de proximidad a las personas mayores del municipio con dificultades para gestionar por sus propios medios una alimentación e higiene adecuadas en su domicilio.
A través del ‘Majors a casa’ se entregará diariamente comida a los hogares de los usuarios, desde el lunes hasta el sábado incluyendo en este día también un almuerzo para el domingo.
De igual forma consta de un servicio de lavandería para la ropa de cama y las toallas de baño. Asimismo se realizarán limpiezas en profundidad de las propias casas de los usuarios. En ambos casos esto se llevará a cabo una vez a la semana.
Financiación, plazas y requerimientos
Si bien este programa será administrado a partir de ahora por el Ayuntamiento, parte de su financiación seguirá correspondiendo a la Generalitat. Además los propios usuarios tendrán que abonar un 34% en régimen de copago. Desde el equipo de gobierno municipal nos señalan que el precio rondará los 134 euros, tal y como era en el pasado.
En total se ofrecerán 25 plazas del servicio ‘majors a casa’. En caso de haber mayor número de solicitudes, desde los servicios sociales municipales se efectuará una baremación por puntos de los candidatos para determinar quiénes son los más idóneos.
Se requiere que los usuarios tengan al menos 65 años con algún caso de dependencia acreditado, aunque sea leve. De manera excepcional también serán admitidas personas de entre 60 y 64 años con algún grado de dependencia o discapacitados mayores de 18 años, siempre que en ambos casos convivan en el mismo domicilio con usuarios del programa mayores de 65 años.
«Creo que dentro de tres años ya estaremos funcionando a pleno rendimiento» M. Torregrosa (Derechos sociales, PP)
Críticas de EU-Podem
La nueva ordenanza se aprobó en el pleno con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y Compromís; mientras que EU-Podem optó por abstenerse. El portavoz de esta última formación política, Alberto Beviá, justificó su abstención durante su intervención.
“Los requisitos dicen claramente que el usuario deberá disponer de medios económicos suficientes para abonar el copago correspondiente. Es una injusticia. Una clara desventaja para las personas que no tengan capacidad económica suficiente, como quienes reciben la pensión no contributiva de 517 euros” señaló Beviá.
Por ello EU-Podem pidió que en el texto de la ordenanza se añadiera una aclaración sobre cómo podrán acceder a ‘Majors a casa’ aquellas personas que no puedan comprometerse a abonar el 34% de su coste. “Esperamos que esta circunstancia no sea excluyente y se busque una solución para que el usuario no quede desatendido” manifestó su portavoz.
De igual forma Beviá demandó que se ampliara el número de usuarios. “Según el padrón municipal en San Vicente viven 14.000 personas que cumplen las condiciones dictaminadas, pero el programa solo cubre 25 plazas” apuntó en el pleno.
Nadie sin servicio
En la réplica Torregrosa aseguró que el dinero aportado por la Generalitat solo da para financiar 25 plazas, y también que los servicios sociales no dejarán de atender a ningún usuario.
“Al incorporar el copago se pretende crear otro tipo de ayudas con otro perfil diferente. Quien no pueda pagar 134 euros es alguien con un gran problema de vulnerabilidad que seguramente ya está recibiendo alguna ayuda de emergencia o un ingreso mínimo, con la cual así ya podría abonar este servicio” exclamó la edil popular.
De igual forma recordó que también existe un Servicio de Atención a Domicilio (SAD) que incluye limpiezas a domicilio, e incluso ocasionalmente transporte de comida. “No cabe ningún caso en que una persona no tenga este servicio si lo necesitan” aseguró Torregrosa.
A pesar de ello, Beviá siguió demandando una modificación de la ordenanza. “Seguro que usted como concejala tiene buena voluntad, pero lo importante es que lo mismo que acaba de decir quede realmente escrito en la ordenanza. Para que nunca el requisito económico sea motivo de denegación de esta ayuda. Hoy todos dicen que sí, pero mañana pueden venir otros concejales y técnicos. Debe quedar claro” adujo el portavoz de EU-Podem.
Una sanvicentera de 94 años, con dependencia acreditada, lleva esperando ocho meses la valoración desde el Ayuntamiento
Sin fecha de entrada
Una vez aprobado inicialmente, el texto queda expuesto a alegaciones y el siguiente trámite será elevarlo de nuevo al pleno municipal, para la aprobación definitiva de esta ordenanza reguladora del ‘Majors a casa’.
Aún con todo desde el equipo de gobierno nos reconocen que aún desconocen cuándo este servicio podrá ser puesto realmente en marcha. “En principio estaba previsto para diciembre, pero estamos esperando a que la Generalitat saque el nuevo Contrato Programa que establecerá las condiciones. Nosotros ya tenemos un dinero destinado, y dependiendo de la financiación autonómica tal vez podamos sacar incluso más de 25 plazas” nos apunta Torregrosa.
Ayudas a niños pequeños escolarizados
Por otra parte en el mismo pleno también se aprobó, en este caso por unanimidad, un incremento del gasto dedicado a las subvenciones para familias en situación de vulnerabilidad con menores de cero a tres años.
“Hasta ahora la educación para este rango de edad no era gratuita, y nosotros dábamos una ayuda de 82.000 euros para sufragar la guardería. Sin embargo ahora la Conselleria de Educación ha decidido que sea gratis. Por tanto podríamos haber quitado dicha subvención, pero hemos decidido mantenerla aunque dirigida a otros gastos de menores escolarizados, como pueda ser el comedor” nos explica Torregrosa.
«Estamos mejorando los servicios sociales, pero aún queda por hacer» M. Torregrosa (Derechos sociales, PP)
Estado de los servicios sociales
La inclusión de este nuevo programa, más este incremento en ayudas, supondrá inevitablemente una mayor carga de trabajo para los servicios sociales del Ayuntamiento. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente este departamento está funcionando a pleno rendimiento. Cabe recordar que en el pasado mandato se produjeron numerosas protestas públicas por parte de los funcionarios aduciendo falta de personal.
Para indagar sobre cuál es la situación actual de este departamento municipal tan trascendental, hemos preguntado tanto a la concejala de Recursos Sociales como a la oposición.
“En este último año hemos ido haciendo lo posible por mejorar la situación, pero la realidad es que todavía nos queda mucho por recorrer. Se han cubierto algunas plazas, con el promotor de Igualdad hemos llevado a cabo varias tareas de inclusión laboral de víctimas de violencia de género y con el asesor jurídico se han llevado a cabo las modificaciones de las ordenanzas. También se han realizado distintas licitaciones necesarias de contratos mayores para poder trabajar mejor” nos señala la edil popular Mariela Torregrosa.
“Al firmar el Contrato Programa se abrió la oportunidad de ampliar la plantilla y paliar los déficits. Otros ayuntamientos contrataron trabajadores provisionales, pero nosotros creamos dieciocho plazas de forma estructural para que se ocuparan definitivamente. Es cierto que mientras tanto el servicio se vio un poco colapsado, pero ahora ya están prácticamente todas las plazas cubiertas. Así que este departamento debería estar funcionando ya mucho mejor de lo que funciona actualmente” opina Asun Paris, portavoz del PSOE.
Listas de espera
En febrero de 2023 los funcionarios hicieron público un manifiesto en el que exigían ocho cambios concretos. El primero de ellos era reducir la lista de espera y el tiempo de realizar valoraciones de dependencia, ya que en ese momento -según denunciaban- era de 300 personas y catorce meses respectivamente.
“Hemos mejorado algo los tiempos. Cuando entró este gobierno se hizo un plan de choque, y eso marcó la diferencia. Aunque la realidad es que seguimos teniendo lista de espera. Próximamente realizaremos otro plan para volver a rebajarla” nos asegura la edil de Recursos Sociales.
No obstante desde la oposición denuncian que estas acciones no han tenido incidencia real. “En realidad fuimos nosotros quienes hicimos un plan de choque en la primavera de 2023 con nueve trabajadores realizando horas extra. Así se resolvieron los 308 expedientes pendientes. Sin embargo desde que entró el bipartito PP-Vox han vuelto a acumularse 250 expedientes, algunos del año pasado. No sé qué clase de ‘plan de choque’ han hecho, pero parece igual de nulo que el de la limpieza” nos aduce la portavoz socialista.
«14.000 personas cumplen las condiciones dictaminadas, pero el programa solo cubre 25 plazas» A. Beviá (EU-Podem)
Ocho meses esperando
Precisamente uno de estos casos ha llegado incluso al Síndic de Greuges. Se trata de una sanvicentera de 94 años con dependencia acreditada que lleva esperando ocho meses para su valoración.
“Estamos hablando de una persona mayor a quien ya no le queda tiempo como para perderlo así. Es evidente que no se está trabajando bien, y ahora ya no pueden quejarse de falta de personal. Se les ha puesto todo en bandeja para que todo funcione” nos señala Paris.
Programas y recursos
Por otra parte, los trabajadores también denunciaron durante el pasado mandato la inexistencia de programas y/o profesionales para tratar algunos problemas sociales concretos como el absentismo escolar, los adolescentes conflictivos, la igualdad de género, el asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género, la atención a la población inmigrante o las enfermedades mentales.
Desde el Ayuntamiento nos aseguran que algunos de estos recursos ya se encuentran hoy en día en marcha (como el programa contra el absentismo escolar, una unidad de prevención de adicciones o un promotor de igualdad), así como que todos los demás casos son también atendidos por los servicios sociales.
«Este gobierno municipal ha desestimado construir un centro social que estaba ya presupuestado» A. Paris (PSOE)
Futuro
Mirando ya a medio plazo, en el equipo de gobierno se muestran optimistas de que el departamento siga creciendo. “Ésta no es una concejalía de grandes fotos, pero sí una de las más importantes. Espero que en esta legislatura podamos crear una estructura. Hay que arreglar muchas cosas internas y realizar trabajos como comisiones de valoración que no se estaban haciendo. Esto nos llevará un tiempo, pero beneficiará mucho al vecino. Creo que dentro de tres años ya estaremos funcionando a pleno rendimiento” nos aduce Mariela Torregrosa.
Aún con todo la concejala de Derechos Sociales nos reconoce que todavía deben solventar un importante obstáculo. “Aquí tenemos una situación que juega en nuestra contra. San Vicente tiene asignado en el Contrato Programa un personal para 50.000 habitantes cuando ya pasamos de los 60.000. Necesitamos que se produzca una regularización. Aún así los trabajadores son muy vocacionales y están realizando un esfuerzo titánico” nos apunta.
Reivindicaciones
Sin embargo desde el PSOE se muestran más pesimistas. “Seguimos viendo muchas carencias y encima ahora tenemos menos apoyo de las administraciones superiores. La Diputación ha recortado las subvenciones para emergencia social y en el caso de San Vicente perderemos 500.000 euros. Y encima este gobierno municipal ha desestimado construir un centro social que estaba ya presupuestado, lo cual supone un incumplimiento del convenio firmado en el Contrato Programa que podría tener repercusiones negativas por parte de la Generalitat” nos asegura Asun Paris.
Para la realización de este reportaje también quisimos entrevistar a Maribel Morera, portavoz de Compromís. Sin embargo rechazó participar alegando que ella, a diferencia del resto de concejales participantes, solo contesta preguntas de la prensa formuladas por escrito.
