A comienzos de septiembre Villena amanecía con una imagen insólita en un edificio situado en la calle San Martín de Porres, donde dos de sus balcones, del primer y segundo piso, se habían derrumbado. Por suerte no hubo que lamentar daños físicos de nadie, pero la imagen de los balcones arrancados de la fachada iba a propiciar un torrente de acontecimientos en esta zona de la ciudad, situada junto al cuartel de la Guardia Civil.
El barrio, que esperaba con ansia la reurbanización de sus calles presentada formalmente en 2023, veía paralizadas sus expectativas ante un hecho fortuito e inesperado. El consistorio local, amparado por la ley, deja en stand by la actuación urbanística prevista.
Balcones en riesgo
Tras el desplome de los balcones, la concejalía de Urbanismo recomendaba al vecindario de la zona no hacer uso de los suyos hasta que se pudiese garantizar la seguridad de cada edificio. Esta medida venía acompañada del acordonamiento de todas las aceras de las tres calles de la manzana: San Martín de Porres, Doctor Fleming y avda. Juan XXIII, eliminando las plazas de aparcamiento de las mismas, en pro de la seguridad de los vecinos y viandantes.
Desde la concejalía de Urbanismo se instaba a las comunidades de vecinos a realizar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de la zona “a la mayor brevedad posible”. El comunicado municipal solicitaba la retirada de aquellos elementos susceptibles de caer, así como la colocación de elementos de seguridad y/o apuntalamiento que fueran necesarios para garantizar la seguridad de los edificios de la zona.
Las manzanas afectadas fueron valladas por seguridad hasta disponer de la certificación estructural de cada bloque
Paralizada la reurbanización
A finales de septiembre el ayuntamiento notificaba la paralización de la actuación urbanística prevista en el barrio de La Morenica, hasta disponer de los informes técnicos que avalen la situación de la estructura de los bloques afectados. Desde el consistorio local se planteaba actuar en las zonas no afectadas de edificios más modernos, como son los de la Calle Júcar donde no hay aceras.
Los problemas de algunos edificios llevaron al ayuntamiento a poner el proyecto en “reestudio”, ante la preocupación de que iniciar las excavaciones en las calles pudiera causar más daño a los balcones o al resto de edificaciones. Para no perder la subvención preconcedida de Diputación, el equipo de gobierno barajaba la posibilidad de actuar por fases, arrancando por los edificios más próximos a la rotonda de Frutas Candela, o bien dirigir dicha ayuda a otras zonas de la ciudad como la calle Celada o la Constancia.
Antes de reurbanizar se debe conocer el resultado del informe patológico del barrio, encargado por el ayuntamiento
Reunión con los vecinos
El alcalde, junto a técnicos de Urbanismo, mantuvo una reunión convocada con los vecinos de las 104 viviendas afectadas, en la cual les explicaron que la normativa obliga a los propietarios a realizar informes técnicos de los inmuebles. El ayuntamiento se comprometió a colaborar con otras administraciones para ayudar al vecindario y solicitó una reunión con la dirección general de Vivienda de la Generalitat Valenciana para exponerles el problema y buscar soluciones compartidas.
Los vecinos afectados consultados se quejan de que un hecho puntual, sucedido en un inmueble concreto, paralice toda la actuación, pese a tener la Inspección Técnica Edificios (ITE) presentada, la cual tiene una validez de diez años. Desde el departamento técnico de Urbanismo se aclaró que la conocida como “ITV de los edificios” no sirve en este caso, ya que se necesita una certificación estructural.
El vecindario reclama una reurbanización que vendrá acompañada de otro proyecto de mejora de la accesibilidad
Necesidad de garantías técnicas
Según el consistorio local, desde hace año y medio se lleva solicitando a los vecinos la revisión y rehabilitación de los edificios que lo necesiten, tras haberse desprendido algunos cascotes de cornisas y balcones. El alcalde, Fulgencio Cerdán, asegura que tras la caída del balcón su idea era continuar con la reurbanización anunciada, ya que se había trabajado para conseguir financiación por parte de la Diputación.
Según el primer edil, “tres de cada cuatro euros del coste de esa reurbanización los asumía el ayuntamiento tras haber conseguido la financiación” ante una obra que considera necesaria. El ayuntamiento no quería perder esas ayudas, pero los técnicos municipales frenaron la actuación hasta tener garantías de que los edificios se encontraban estructuralmente estables para acometer unas obras en sus calles, cuyo movimiento puede generar daños mayores en los inmuebles y en las personas.
Una actuación mayor
El alcalde señala que el objetivo es realizar esa reurbanización “sí o sí” y para ello ha encargado un informe patológico de la zona, ante la imposibilidad de que el vecindario se ponga de acuerdo para presentar los informes. El ayuntamiento anuncia, además, una actuación paralela que mejore la accesibilidad del barrio, al cual se debe acceder cruzando una gasolinera o a través de una rampa, sin perder de vista esa reurbanización necesaria cuando la intervención sea segura.
Llueve sobre mojado para un colectivo vecinal que lleva más de veinte años esperando una reurbanización que solucione los problemas de canalizaciones, suministros de abastecimiento básicos y accesibilidad que sufren. Por ahora, deberán seguir esperando y asegurar la estabilidad de unos bloques vecinales con más de cincuenta años de antigüedad.
