El Consell ha aprobado nuevas ayudas que permitirán movilizar en su conjunto una cifra superior a los 62,8 millones de euros para personas trabajadoras autónomas y en ERTE de las zonas afectadas por la riada del pasado 29 de octubre, según ha informado la vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior a los plenos ordinario y extraordinario.
En concreto, el Ejecutivo valenciano ha aprobado ayudas directas de 3.000 euros para las personas trabajadoras autónomas sin plantilla contratada pertenecientes a 15 municipios que no estaban incluidos en la primera línea habilitada por el Consell. Para esta nueva línea, se destinarán en concreto 52 millones de euros, que se suman a los 40 de la convocatoria ofrecida en diciembre, y se espera que se puedan beneficiar de ella alrededor de 17.300 trabajadores y trabajadoras cuyos negocios se vieron afectados por la catástrofe.
El Consell, además, ha aprobado el decreto por el que abonará 360 euros a cada persona que se encuentre en situación de ERTE a causa de la riada. En concreto, se destinarán 10,8 millones de euros a estas ayudas, que se calcula que podrán llegar a alrededor de 30.000 personas.
Durante su intervención, Susana Camarero ha reclamado al Gobierno estatal “lealtad hacia la Generalitat y, especialmente y ante todo, hacia los afectados por la dana”, ya que, como ha lamentado, más allá del “insulto” y la “crispación”, en el congreso del PSPV de este fin de semana no se ha escuchado “ni una sola medida, ni una sola propuesta, ni una sola ayuda nueva”.
Susana Camarero ha criticado en este sentido que, pese a que el lema del cónclave socialista era ‘Ací estem’, los miembros del Gobierno “ni están ni se les espera”. “Vuelvo a recordar que el presidente Sánchez ha venido, después de 81 días huido de València” con una “agenda tapadera” para justificar su presencia en un acto de partido en el que sus participantes se han dedicado a pedir a los miembros del Consell que se vayan “porque tienen mucha prisa en recuperar lo que perdieron en las urnas”, ha censurado.
Diálogo social
La portavoz del Gobierno valenciano también ha criticado los “insultos” recibidos por el Consell en el citado congreso por parte de representantes sindicales y ha subrayado a este respecto que las declaraciones proferidas “dificultan mucho el trabajo con los sindicatos”.
“Parece que algunos quieren dinamitar los puentes de diálogo social solo por hacer política”, pero “no vale todo por hacer política”, ha señalado Susana Camarero, quien también ha recordado que “los sindicatos cuentan con casi 800 liberados sindicales”, a los que se suman otros 500 en el ámbito de la Sanidad, y que están recibiendo subvenciones por importe de 2,5 millones de euros.
Camarero ha lamentado que, pese a la preocupación que está mostrando el actual Consell por atender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, la respuesta de los dirigentes sindicales esté siendo el “insulto”, y ha recordado que la ayuda de 360 euros por persona en situación de ERTE aprobada este martes supera con mucho la de 150 euros que se dio, bajo el mandato del anterior Gobierno, para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19.
Reforma de la Ley de la Huerta de València
En la rueda de prensa ha comparecido también el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para informar sobre el nuevo decreto ley por el que se modifica la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. La reforma obedece a la necesidad de abordar “carencias y obstáculos”, dado el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de estas normas y que se considera que se han visto agravados por la riada, ha indicado.
Entre las modificaciones que introduce el nuevo decreto ley, Martínez Mus ha destacado la supresión del Consell de l’Horta de València con el fin de “simplificar estructuras administrativas y procedimientos, ahorrar costes y evitar duplicidades”. Las competencias de este órgano serán asumidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Asimismo, Martínez Mus ha destacado la declaración de emergencia de las actuaciones de reconstrucción de infraestructuras afectadas por las inundaciones en ocho municipios valencianos: Cheste, Buñol, Godelleta, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa y Aldaia por un total de 6,48 millones de euros.
Nombramientos y ceses
Asimismo, el Gobierno valenciano ha aprobado en la reunión plenaria el cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como vocal del consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) en representación de la Administración del Estado, y su sustitución por la comisaria de Aguas de la misma entidad, Cristina Sola.
La decisión se produce a propuesta de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, según ha informado la portavoz, quien se ha mostrado convencida de que este cese de Miguel Polo es el “primero de otros ceses que probablemente le llegarán” a un cargo público al que el Gobierno ha tenido “escondido” y “amordazado” y que ha “certificado” un “silencio de dos horas y media” el 29 de octubre de 2024, cuando “el barranco del Poyo no dejaba de crecer e inundó las poblaciones de l’Horta Sud”.
Por otro lado, el Consell ha acordado el nombramiento de Francisco Aura como director general de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la propuesta efectuada por su consejo de administración en la sesión que tuvo lugar el pasado 29 de enero.
