El Gobierno de España ha anunciado un paquete de doce medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. Algunas de las más destacadas son eliminar el IRPF a aquellos propietarios que pongan sus residencias en alquiler por debajo del precio de mercado, o elevar el IVA a los apartamentos turísticos.
No obstante hay una propuesta concreta que afectaría especialmente a la provincia de Alicante. En su comparecencia desde Moncloa el presidente Pedro Sánchez también anunció un considerable aumento fiscal a los extranjeros extracomunitarios no residentes en España que adquieran una vivienda, hasta incluso el doble del gravamen actual.
El m2 se paga en la provincia de Alicante 300 euros más caro que hace un año
Inflación inmobiliaria
Es evidente que actualmente nuestro país padece un grave problema de acceso a la vivienda con unos precios que no dejan de aumentar y aumentar. Lejos de resultar una excepción, la Costa Blanca es precisamente una de las zonas que está sufriendo un mercado inmobiliario más tensionado.
Según el portal idealista.com la venta media del metro cuadrado en la provincia alicantina se está pagando a 2.364 euros, cuando hace un año eran 2.055 euros. La localidad más cara es Moraira (4.000 €/m2) mientras que la más barata es Callosa de Segura (617 €/m2).
Si buscamos alquileres, el tema no mejora demasiado. El precio medio del metro cuadrado ronda los 10,9 euros como media provincial, por los 9,9 €/m2 de hace un año. Benidorm se lleva el primer puesto en este ranking con 15,1 €/m2, mientras que los precios más asequibles los encontramos en Almoradí (6,6 €/m2).
Ahora bien, ¿esta medida de gravar más a los extracomunitarios que compran inmuebles en la Costa Blanca facilitará el acceso a la vivienda para los alicantinos? Los políticos se muestran divididos al respecto.
«Esta medida ayudará a que los alicantinos no seamos expulsados de nuestros barrios» T. Guijarro (Sumar)
Medida contra la especulación
“Nos encontramos en una situación de emergencia habitacional que implica tomar decisiones urgentes y expeditas con consecuencias inmediatas. La gente no puede esperar, y no solo la juventud. Evidentemente no hay una fórmula mágica que lo vaya a arreglar todo, pero tenemos que apostar por medidas audaces y valientes como ésta” nos asegura Txema Guijarro, diputado alicantino por Sumar.
Desde dicha formación consideran que este nuevo impuesto ayudará a evitar que fondos extranjeros compren viviendas en España con el único fin de especular, así como que proliferen más apartamentos turísticos en manos foráneas.
“Estos grandes capitales están expulsando a los alicantinos de sus barrios. Llevamos una década peleando por recuperar la fachada litoral sur de Alicante, y temo que cuando al fin lo consigamos se acabe llenando todo San Gabriel o Benalúa de Airbnb. Esta gentrificación ya está muy presente en Madrid o Barcelona, y si no hacemos algo los siguientes somos nosotros” nos manifiesta Guijarro.
Así pues, según su parecer, la política fiscal es una buena herramienta para desincentivar comportamientos especulativos. “Nuestro objetivo es que la vivienda sea un muy buen negocio para quien quiera usarla para residir, pero muy malo para quien quiera forrarse” nos aduce el diputado.
«Criminalizar a los extracomunitarios que quieren residir aquí no solucionará nada» J. D. Navarro (PP)
Críticas de la oposición
Por su parte, la derecha se ha mostrado totalmente contraria a esta medida. “El problema de la vivienda no lo están generando los extracomunitarios. No es ninguna solución criminalizar a personas que quieren invertir en nuestra provincia. Nosotros somos muy receptores de residentes británicos, que son ciudadanos ejemplares que vienen para convivir y generar riqueza” nos señala el ilicitano Juan de Dios Navarro, diputado provincial de Residentes Internacionales por el PP.
Navarro considera que esta nueva fiscalidad no evitará la proliferación de apartamentos turísticos ilegales en la Costa Blanca, aduciendo que la gran mayoría de sus propietarios son españoles o comunitarios.
“Proponer esto es desconocer la realidad de Alicante, dado que estas viviendas que se pretenden gravar jamás van a convertirse en turísticas. Son personas que vienen a pasar muchos meses aquí. De hecho tenemos más de 400.000 residentes extranjeros, lo cual supone hacia el 20% de nuestra población” nos apunta Navarro.
Críticas del sector inmobiliario
La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia) también se ha manifestado en contra de este incremento fiscal, aduciendo que no existe una relación directa entre las ventas a extracomunitarios y los problemas de acceso a la vivienda.
“Las casas que suelen comprar los extracomunitarios no responden a las necesidades habituales que tenemos los alicantinos. Normalmente tienen una ubicación, precio y diseño totalmente diferentes. Evitar que se las podamos vender no va a solucionar absolutamente nada” nos argumenta Jesualdo Ros, secretario general de la entidad.
Ciertamente en muchas ocasiones los extranjeros que deciden vivir en la Costa Blanca se establecen en grandes urbanizaciones alejadas de las urbes, donde la presencia de residentes españoles es casi testimonial. Por ello desde Provia piden al Gobierno excluir a estas zonas dedicadas al turismo residencial. “Al menos así podríamos centrar el tiro” nos aduce Ros.
Desde Sumar rechazan esta idea intermedia. “Es un argumento banal decir que estas viviendas no pertenecen al mismo mercado, porque las tensiones en el sector inmobiliario siempre se trasladan. Esto es la gentrificación, es decir que se concentren en determinadas zonas expulsando a la población autóctona al hacer subir los precios. Argumentar esto, es no entender de economía” nos apunta Guijarro.
Inversión en riesgo
En 2023 un total de 17.000 viviendas fueron adquiridas por extracomunitarios no residentes en España, lo cual supone un 2,6% de las operaciones inmobiliarias realizadas. No obstante Provia estima que esta medida supondría una bajada de sobre el 8-12% de las ventas en la provincia de Alicante, lo cual se traduciría en una pérdida de inversión en torno a los 1.200 millones de euros.
“Esta medida nos perjudicará incluso más que a otras provincias turísticas competidoras como Málaga, Baleares o Canarias ya que aquí tenemos muchos más compradores procedentes de mercados como Reino Unido, Noruega, Rusia, Ucrania o Suiza. Además, esta pérdida económica no solo la notará el sector inmobiliario, porque indirectamente esto genera puestos de trabajo en sectores como la decoración, la jardinería o muchos otros servicios” nos aduce Ros.
El diputado Guijarro reconoce que este aumento fiscal supondrá un perjuicio económico para algunos sectores turísticos, pero aún así defiende que es necesario para el bien común. “Turismo ya tenemos, y la política es el arte de elegir cuál es nuestra prioridad. Este modelo de desarrollo habido en nuestra provincia ha terminado por fagocitar gran parte del bienestar de su propia población. A la larga es insostenible seguir así” nos señala.
Inmigrantes pobres
Cabe señalar que este impuesto, según ha anunciado el Gobierno, solo se aplicaría a personas extracomunitarias no residentes. Esto en principio excluiría a aquellos inmigrantes que ya llevan un tiempo establecidos en España, lo cual es el caso de la mayoría que proceden de países económicamente menos desarrollados como Marruecos, Argelia, Colombia, Venezuela, Ecuador, etc.
No obstante los críticos advierten que esto podría perjudicar también a personas recién llegadas de estos países. “Es verdad que en la mayoría de los casos este tipo de inmigrantes, que llevan poco tiempo en España, aún no suelen disponer del poder adquisitivo suficiente como para comprarse una casa. Aún así, al ponerles este límite puedes acabar agravando su situación” nos apunta Ros.
“Desde mi punto de vista esta medida tiene claros tintes xenófobos, ya que Sánchez pretende castigar a quién quiere venir a residir a España para usarlos como chivos expiatorios del problema de la vivienda”, considera Navarro.
Posible efecto boomerang
Al anunciarse esta subida fiscal, también se especuló con la posibilidad de que generase ‘un efecto Boomerang’ antes de su aprobación. Es decir, que muchos extracomunitarios se apresuraran a comprar una casa en España cuanto antes para ahorrarse impuestos.
No obstante, desde Provia nos aseguran que este fenómeno no se está produciendo. “Con este tipo de anuncios, estamos mandando un mensaje de que España no es un país amigo de los extranjeros. Esto enseguida desincentiva el mercado. Es una publicidad malísima que salgamos en la prensa extranjera por esto” nos aducen.
Según Provia esta subida fiscal supondría la pérdida de 1.200 millones de euros de inversión anual para Alicante
Pendiente de aprobación
Aún con todo, esta pretendida subida fiscal todavía no ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Bien es sabido que la situación parlamentaria del Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar no es de mayoría absoluta. Con el PP y Vox posicionados claramente en contra, parece que todo dependerá una vez más de partidos regionales como Junts, PNV, Esquerra, Bildu, etc.
“Debemos ser capaces de pactar con la mayoría de la investidura. Desde luego no tengo ningún tipo de esperanza con las derechas nacionales, porque ellos van a tumbar toda acción del Gobierno. Su lógica para resolver el problema de la vivienda es ‘liberalicen y liberalicen’, mientras que la nuestra es justo la contraria ‘regulen, regulen’. Aquí no nos vamos a encontrar” nos comenta Guijarro.
“Por supuesto el PP votará en contra, y de hecho creo que esto no se aprobará. Me parece más bien una nueva cortina de humo. En cualquier caso, me cuesta entender que el PSPV apoye esta medida de Sánchez, especialmente aquellos alcaldes socialistas de municipios cuyos residentes internacionales superan el 50% de la población”, nos señala Navarro.
«Tendría más lógica excluir de esta medida fiscal a las zonas de turismo residencial» J. Ros (Provia)
Golden Visa
Lo que sí sabemos con certeza es que la desactivación de la conocida popularmente como ‘Golden visa’ se producirá el próximo abril. Esto significa que aquellos extranjeros que compren un inmueble valorado en más de 500.000 euros en España no obtendrán automáticamente el permiso de trabajo y residencia en nuestro país, como venía ocurriendo hasta ahora.
El Gobierno impulsó esta medida alegando que también ayudará a luchar contra la especulación inmobiliaria. “Creo que esto también ayudará a que la provincia de Alicante no se convierta en un nido de especuladores. Debemos dejar de incitar a que vengan estos grandes capitales que nos expulsan de nuestros barrios. Además no podemos decirles a los extranjeros que llegan aquí a ganarse el pan que, si no vienes con medio millón de euros, no eres nadie” considera Guijarro.
Sin embargo desde el sector inmobiliario opinan que esto tampoco contribuirá a solucionar el problema. “Quien se puede comprar una vivienda de un millón de euros, no le está quitando la casa a alguien con dificultades de acceso a vivienda. Además las grandes inversiones inmobiliarias que se realizan en Alicante no suelen estar motivadas por conseguir un visado. De hecho los ciudadanos de Noruega o Suiza ya disponen de libertad de movimientos al estar en el espacio Schengen. Esto es bastante postureo” nos apunta Ros.
En abril dejará de estar activa la ‘Golden visa’
Otras soluciones
Dado que dos de nuestros tres entrevistados se posicionan totalmente contrarios a estas medidas propuestas por el Gobierno, les hemos preguntado cuáles consideran que serían las respuestas adecuadas al evidente problema de acceso a la vivienda que padecemos.
El diputado provincial Navarro opina que las acciones acometidas por la Generalitat Valenciana pronto empezarán a surtir efectos. “La mejor solución está en el Plan Vive que ha puesto en marcha el presidente Mazón para incentivar la construcción de viviendas de protección oficial. En ningún caso es perseguir a quien quiere invertir en esta tierra” nos señala.
Respecto a Ros, considera que la clave radica en ofrecer más facilidades administrativas para construir. “Nos falta suelo urbanizable, dado que tenemos políticas cada vez más restrictivas. La burocracia hace que se tarden décadas en sacar un plan general de ordenamiento. Y cuando al fin podemos edificar, nos enfrentamos a infinitos requisitos de medioambiente, habitabilidad, seguridad, etc. Al final te obligan a hacer viviendas equiparables a un Lamborghini… pidiéndote precios de un Skoda” nos asegura.
Igualmente el secretario general de Provia demanda una rebaja fiscal. “Ahora mismo hacia el 30% de lo que pagas comprando una vivienda son impuestos. Simplemente si quitaran el IVA a jóvenes y personas con poco poder adquisitivo, o al menos les permitieran fraccionarlo en plazos, eso ayudaría muchísimo” nos apunta.
Para realizar este reportaje también hemos intentado entrevistar a algún representante del PSOE de la provincia de Alicante, pero no hemos conseguido obtener dicha entrevista.
