El punto más relevante del pleno ordinario de abril celebrado ayer fue la aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios ajardinados, zonas verdes y arbolado viario del municipio, que se aprobó por mayoría con los votos favorables de PP, PSOE y Vox y en contra únicamente de Més Santa Pola.
La alcaldesa Loreto Serrano justificó esta decisión en la imposibilidad jurídica de poder contratar jardineros suficientes en la plantilla municipal: “al entrar en 2019 heredamos una pésima situación económica y desde Intervención y Tesorería nos obligaron a prescindir de unos 100 trabajadores en colaboración social porque no había dinero para pagar las nóminas de los funcionarios; ese mismo año, el Gobierno Central eliminó la colaboración social y tuvimos que prescindir de otros 100 empleados, lo que nos hizo reducir muchísimo la plantilla y sin que el Gobierno nos permitiera cubrir más plazas. Así que la única solución que nos queda es externalizar el servicio”.
La portavoz socialista, Yolanda Seva, también coincidió en que “es la única forma de cubrir un servicio esencial”, aunque Esteve Ruiz, portavoz de Més Santa Pola, justificó su voto en contra “por la privatización por medio millón de euros, por culpa del gobierno del estado por prohibir ampliar plazas y por el gobierno municipal porque en 2019 al desaparecer la colaboración social no se priorizó la jardinería”.
La futura contrata permitirá crear una plantilla mínima de 30 personas para mantener los parques y jardines de Santa Pola.
En otro orden de cosas, se aprobó sancionar con 1.500 euros al adjudicatario de la concesión del Quiosco Bancal de la Arena por incumplimiento de contrato, la revisión de tarifas de la estación de autobuses para el año 2025 y una modificación en el catálogo de puestos de trabajo para sustituir una plaza de ingeniero técnico de obras públicas por una de arquitecto.
Mociones
El grupo socialista presentó una moción para convocar el Consejo Local de Deportes y proponer que en todas las competiciones deportivas en Santa Pola sea obligatorio el “dorsal salvavidas” con instrucciones básicas para que cualquier persona pueda realizar una reanimación cardiopulmonar.
El grupo popular presentó una enmienda a la totalidad porque, según el edil de Deportes Ángel Piedecausa “son los clubes quienes deben tomar la decisión a través del Consejo porque nadie está capacitado para realizar una RCP con solo unas instrucciones, quien lo haga debe estar formado”.
Así lo ratificó el doctor Borja Merino, concejal de Sanidad: “siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que promocione la salud, pero no es seguro hacer una RCP sin formación adecuada, incluso puede empeorar el estado del paciente”.
De este modo, se aprobó por mayoría la enmienda de los populares con el único voto en contra de los dos ediles de Més Santa Pola, estableciendo que se convocará el Consejo Local de Deportes con los clubs y que manifiesten su voluntad al respecto, formar voluntariado en RCP y fomentar los reconocimientos médicos previos a los deportistas”.
Finalmente se desestimó una moción de Més Santa Pola que pedía exigir a la Generalitat Valenciana la finalización de las obras de desdoblamiento de la carretera Santa Pola-Elche, con votos en contra de los populares, abstención de Vox y voto a favor de PSOE y Més.
Esteve Ruiz declaró que “es una moción prácticamente de emergencia, hay un tramo de la carretera en expropiación y no hay consignación para más tramos, no podemos permitir que esta infraestructura se quede así”.
La concejal de Infraestructuras, Trini Ortiz, justificó el voto en contra porque “es de vital importancia el desdoblamiento de la carretera de Elche, así como arreglar el cruce de la N-332. Hay problemas reales con la expropiación que se inició en 2020 y no se ha acabado, adjudicaron una obra sin tener los terrenos, una chapuza más del Botànic. Quedan tres tramos, el primero en expropiación, del segundo se va a empezar la licitación de las obras y el último tramo con los problemas del barranco de San Antón que deben solucionar la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento de Elche”.
