El equipo de Gobierno de PP y Vox ha exigido la eliminación del llamado “tasazo” establecido por el Gobierno central a través del Ley 7/2022 y ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que suprima la obligación de la imposición de esta tasa sobre el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, tal como está configurada, para evitar que los ayuntamientos se encuentren ante una situación de posible inseguridad jurídica.
La propuesta debatida en el pleno celebrado esta tarde ha sido presentada a través de una moción defendida por la portavoz del Grupo Vox, Isabel Domínguez, a la que se ha sumado el PP para apoyar un posicionamiento común que abogue por una mayor autonomía de los ayuntamientos a la hora de decidir cómo financiar los servicios municipales de la forma menos gravosa para los contribuyentes.
Domínguez ha explicado que la tasa de basuras anterior “tan solo cubría el 45% de los costes, por lo que, lamentablemente, la subida derivada de la aplicación de la Ley 7/2022 ha tenido un gran impacto en el bolsillo de los sanvicenteros”. La también edil de Gestión Tributaria ha detallado, además, que esta norma, en su artículo 11, “establece la obligatoriedad para las entidades locales de financiar con esta tasa todos los costes de los residuos, a lo que hay que sumar el nuevo impuesto sobre el depósito en vertederos, que solo en San Vicente supone un coste para los vecinos de 600.000 euros al año”.
Por su parte, la portavoz popular, Mercedes Torregrosa, ha aclarado la obligación que tienen todos los ayuntamientos de cumplir con la Ley 7/2022, a pesar de la disconformidad del PP con su artículo 11. “Las leyes son de obligado cumplimiento, no podemos desentendernos como hizo el anterior equipo de Gobierno, lo único que podemos hacer es pedir que se modifique esta norma con la vista puesta en favorecer a los vecinos, como estamos haciendo hoy, y, mientras, seguir trabajando para sacar adelante bonificaciones y para tener un nuevo contrato de basuras con el que podremos reducir los costes del tratamiento de residuos, algo que tampoco resolvieron PSOE y EU-UP en su etapa de Gobierno de 8 años”.
También en el apartado de mociones, se ha debatido una propuesta de EU-UP que solicitaba la puesta en marcha de la planta de transferencia municipal, una nueva estructura tarifaria, exenciones y bonificaciones y eliminar el impuesto estatal de depósitos en vertederos. La iniciativa ha sido rechazada por PP y Vox, quienes han argumentado que “la implementación de la nueva tasa viene en cumplimiento de la ley elaborada e impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, algo a lo que nosotros nos oponemos totalmente pero por responsabilidad política e institucional la nueva ordenanza debía estar aprobada antes de abril de este mismo año”, ha explicado la portavoz del PP.
Por parte de Vox, Domínguez ha asegurado que “actualmente es imposible aplicar el principio de ‘quien contamina paga’, ya que con el actual contrato de limpieza, caducado desde la etapa del anterior equipo de Gobierno, no existen herramientas para medir con exactitud los vertidos generados por cada vecino, por lo que estamos estudiantes diferentes vías para que, una vez entre en vigor el nuevo servicio, podamos aplicar medidas para abaratar el coste”.
En relación con el mismo servicio municipal, durante el desarrollo del orden del día del pleno se ha aprobado el reajuste del gasto en el contrato de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria para adaptarlo a la nueva previsión de entrada en vigor del futuro contrato de gestión, que podría iniciarse el 1 de diciembre de 2025. En el mismo sentido, se ha aprobado otro reajuste en el contrato de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde, que comenzará el 1 de junio.
Piscinas municipales
San Vicente da un nuevo paso en favor de agilizar la licitación de las obras de las nuevas piscinas municipales. La sesión plenaria celebrada esta tarde, el equipo de Gobierno ha adelantado la aprobación de un nuevo trámite, necesario para convocar el concurso, que consiste en la elevación de los porcentajes de las anualidades 2026 y 2027 de forma que se establezcan dos partidas de gastos de alrededor 3 millones y 400.000 euros, respectivamente, que se destinarán a la ejecución de la fase dos del Centro del Agua. El alcalde ha adelantado la intención de convocar la licitación en las próximas semanas.
También durante el desarrollo del orden del día se han aprobado otros asuntos, como la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención de los grupos de la oposición.
Por parte del grupo Compromís, se ha registrado una moción para instar a la Generalitat Valenciana a la creación del Ente de Transporte Metropolitano de Alicante. Desde el equipo de Gobierno se ha argumentado que ya se está trabajando en el nuevo contrato del servicio de transporte público, el cual aumentará las frecuencias y garantizará la mejora del servicio. Así lo ha afirmado el concejal de Transportes, Vicente Pastor, por lo que la propuesta ha sido desestimada.
Por último, desde PSOE y EU-Podem se ha pedido la creación de una oficina municipal de vivienda, un estudio de la situación en el municipio y más inversión y ayudas, propuesta rechazada por PP y Vox. La concejal Mariela Torregrosa ha argumentado que las funciones de esta oficina de información y asesoramiento se están prestando ya desde el área de Derechos Sociales para trasladar a la ciudadanía las subvenciones a las que pueden acceder o alojamientos en plazas concertadas.
Torregrosa se ha mostrado favorable a la realización de un estudio de la situación actual de la vivienda en San Vicente y a dar respuesta a las necesidades tanto de emergencia habitacional como de otro tipo de perfiles y colectivos con más viviendas públicas. La titular de Derechos Sociales también ha confirmado la disponibilidad de fondos para personas en situación de emergencia habitacional y ha recordado que en 2024 se concedieron a todos los demandantes que reunían los requisitos.
Por parte de Vox, la edil Yolanda García ha defendido la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra dirigidas a los jóvenes y familias españolas con menos recursos y fomentar la colaboración público-privada para aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas, entre otras medidas.
En la sesión plenaria celebrada esta tarde el alcalde, Pachi Pascual, ha dedicado unas palabras de recuerdo y reconocimiento de Cati López, recientemente fallecida. Pascual ha trasladado sus condolencias y las de toda la corporación a la familia y allegados y ha recordado su trabajo, entrega y dedicación durante esta legislatura, en la que Cati López ha prestado servicio en el Ayuntamiento de San Vicente como asesora del grupo municipal Vox.
