La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado este martes que el Consell está negociando con varias entidades financieras la concesión de préstamos a corto plazo por un importe de hasta 1.816 millones de euros destinados a afrontar los pagos pendientes a proveedores de servicios públicos fundamentales.
Acompañada por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, la portavoz del Consell ha comparecido en rueda de prensa tras el Pleno del Consell, donde ha explicado que la Generalitat se ha visto obligada a adoptar esta medida para resolver los graves problemas de liquidez provocados por la no aprobación por parte del Gobierno de España del FLA extraordinario.
Merino ha señalado que «se trata de la primera vez en doce años que el Gobierno de España no autoriza este mecanismo, lo que impide la llegada de 1.900 millones de euros correspondientes al primer desembolso de un fondo que asciende a 2.490 millones».
Camarero ha confirmado el compromiso del Consell con la optimización del gasto público y ha destacado que esta política «es una seña de identidad del actual Gobierno valenciano». Entre las medidas ya en marcha ha citado la digitalización de la Justicia, el impulso de medicamentos genéricos y biosimilares, acuerdos marco para la compra de fármacos y un sistema común de control del absentismo en la Administración.
Sin embargo, ha advertido de que estos esfuerzos no pueden compensar la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana debido a la falta de FLA extraordinario y la ausencia de una reforma del sistema de financiación autonómica. Por ello, ha instado al Gobierno central a ofrecer una solución estructural para garantizar el pago de servicios esenciales como farmacias, residencias y otros proveedores.
“Es el Gobierno de España quien debería dar una respuesta a esta situación. No puede ser que se menosprecie de este modo a la Comunitat Valenciana. No aprobar el FLA es condenarnos a buscar soluciones a un problema que no hemos generado”, ha criticado la vicepresidenta.
Este argumento ha sido ratificado y defendido por Ruth Merino, quien ha manifestado que no concibe otro escenario distinto a que no se apruebe en el próximo Consejo de Ministros del 15 de julio esta autorización de endeudamiento al margen del FLA, “porque se trata de una cuestión de voluntad política y de tener altura de miras”.
La consellera de Hacienda además ha recordado en su intervención que el Gobierno valenciano lleva meses reclamando al Ejecutivo central la aprobación del FLA por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). “La primera vez fue el pasado mes de diciembre, cuando el president de la Generalitat ya alertó en la Conferencia de Presidentes de las graves consecuencias para la Generalitat por la falta del FLA extraordinario”, ha señalado.
Asimismo, ha lamentado que, ocho meses después, las tensiones de tesorería provocadas por la no aprobación de dicho fondo, unidas al retraso acumulado de 900 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta y la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez a las reiteradas reclamaciones del Consell, han derivado en retrasos en el pago a proveedores y han obligado a la Generalitat a buscar soluciones alternativas.
Decreto ley de generación de crédito extraordinario
En el supuesto de que el Consejo de Ministros autorice la petición, la Generalitat podrá activar un procedimiento para obtener financiación urgente. Este proceso se concretaría en un decreto ley que permitiría generar un crédito extraordinario y que deberá ser aprobado primero por el Consell y después ratificado por Les Corts.
“Aunque no es una fórmula que nos guste -ha reconocido Merino- es la única vía que nos queda y depende de la autorización del Gobierno de España para activar el mecanismo que ya estamos preparando y con el que podemos agilizar los trámites y conseguir liquidez para pagar a nuestros proveedores”. Por ello, la consellera de Hacienda ha pedido al Ejecutivo de Sánchez “altura de miras” para autorizar estas operaciones en el próximo Consejo de Ministros.
La titular de Hacienda también ha destacado la “buena acogida” de la propuesta por parte de las entidades financieras, lo que ha interpretado como una muestra de su confianza en la Administración autonómica. En este sentido, ha recordado que la Generalitat ya ha suscrito en el último año con varias entidades financieras operaciones de refinanciación de deuda viva con el FLA con las que la Generalitat se ahorrará casi 85 millones de euros en intereses.
Plan de control del gasto
Por otro lado, el pleno del Consell ha analizado una propuesta de ahorro de 192,8 millones de euros derivada de la revisión técnica llevada a cabo ante la posibilidad de no poder ejecutar determinadas partidas en 2025 dadas las tensiones de tesorería actuales por la ausencia del FLA extraordinario, entre otros factores.
Estas medidas no implican, en ningún caso, recortes en los servicios públicos y, en caso de aplicarse, serán por razones de eficiencia en el uso de los recursos públicos, para eliminar el gasto superfluo y priorizar aquellas partidas imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos.
Juventud, participación ciudadana y respuesta a emergencias
El Pleno del Consell también ha adoptado otros acuerdos centrados en reforzar el apoyo a la juventud, la participación ciudadana y avanzar en políticas de gobernanza y respuesta a emergencias.
Así, la portavoz del Consell ha informado sobre la autorización del pago anticipado del 65% de la subvención nominativa a los Consejos Locales de Juventud, que suman un total de 78.000 euros del total previsto de 120.000 euros para 2025.
Además, se ha dado cuenta de diversas contrataciones de emergencia como la del transporte de voluntarios que participaron en las labores de limpieza tras la dana. También se han aprobado el desarrollo reglamentario de la Ley de Profesiones del Deporte, que regula el censo de profesionales del sector, los seguros obligatorios, las titulaciones y el procedimiento de inspección.
Por último, se ha dado luz verde a un decreto ley con medidas urgentes en materia de puertos y para la mejora ecológica del Parque Natural de l’Albufera, afectado por la dana.
