El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia 343, de 23 de mayo de 2024, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre el APR-7 de la Serra Gelada, así como la anulación de la misma, ordenando la retroacción de actuaciones para que se dicte una nueva sentencia. Así se recoge en el recurso de amparo que el Consistorio ha presentado ante el alto tribunal frente al último auto del TJS, fechado el pasado 5 de junio y que desestimaba el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento contra dicha sentencia, que le obliga a pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a varios propietarios por el aprovechamiento urbanísticos de esos suelos.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha trasladado este lunes públicamente todos los detalles de este recurso de amparo, que tiene como objetivo “seguir defendiendo el interés general de toda la ciudadanía, según los pasos que en cada momento han ido marcando los técnicos municipales y al servicio del Ayuntamiento en este litigio”. Así, el primer edil ha explicado que el recurso de amparo fue presentado el pasado jueves, 31 de julio, ante el Constitucional y que un día después, el viernes 1 de agosto, se informó a los grupos de la Corporación, como paso previo a su inclusión en el orden del día de las comisiones informativas que se han celebrado esta misma mañana.
Asimismo, Pérez también ha expuesto que, antes de su comparecencia de hoy, ha vuelto a convocar a la Junta de Portavoces para facilitar a los grupos todos los informes que han servido de base para la presentación del recurso, “desde la máxima transparencia a la que nos comprometimos y que hemos venido practicando desde el primer momento”.
El recurso de amparo presentado ante el TC alega que, tanto en la sentencia 343 del TSJ como en el auto del 5 de junio, se habría vulnerado el derecho fundamental del Ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, “en su dimensión de derecho a una resolución judicial fundada en Derecho, no incursa en error patente, manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad”. El Consistorio solicita al alto tribunal que declare que se ha vulnerado este derecho fundamental y que, por tanto, anule ambas resoluciones judiciales, ordenando la retroacción de actuaciones para que el TSJ dicte una nueva sentencia respetando el mencionado derecho fundamental.
Entre otras cuestiones, el recurso indica que la sentencia del TSJ impone “una indemnización sin precedentes en el urbanismo español” a partir de “razonamientos manifiestamente contradictorios e inconsistentes”, ya que reconoce que por parte de los propietarios de los terrenos en el APR-7 no se han cumplido los requisitos que la legislación española establece para que un propietario de suelo tenga derecho a ser indemnizado, como son la cesión, equidistribución y urbanización del mismo, a la vez que considera que dicho incumplimiento no sería “determinante” para obtener dicha indemnización.
Asimismo, mientras el TC resuelve estas peticiones, el recurso de amparo también solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia 343, ya que, de lo contrario, se ocasionarían “perjuicios de imposible o difícil reparación”. Para llegar a esta conclusión, el recurso se sustenta en el informe emitido por la Intervención municipal que establece, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de Benidorm, de no contar con financiación estatal o autonómica, entraría en “quiebra técnica”, lo que “implicaría una gravísima merma en la prestación de los servicios públicos municipales que reciben los ciudadanos de Benidorm”.
Además de poner esta situación negro sobre blanco, la Intervención municipal indica que “adoptar un calendario de pagos parciales” de la deuda, que en estos momentos alcanzaría los 344 millones de euros, “mientras se mantienen los litigios judiciales abiertos supondría ya un perjuicio grave a la ciudadanía”, por lo que no es partidaria de esta solución ya que, a su juicio, “sería imprescindible implicar a las administraciones estatal y autonómica para poder obtener algún tipo de financiación que permitiera ejecutar la sentencia”, algo que “ya se ha hecho por parte del Estado con otros ayuntamientos por deudas no sobrevenidas de sentencias judiciales, pero con cuantías muy similares fruto de la gestión ordinaria”, ha recordado el alcalde.
Asimismo, el informe de la Intervención añade “la dificultad real de recuperar el dinero ya pagado en el caso de que finalmente la Justicia –en los pleitos que todavía están vivos en distintas instancias, varios de ellos favorables al criterio defendido por el Ayuntamiento– diera la razón a los intereses municipales”.
Ante todo ello, Toni Pérez ha manifestado que “siempre hemos sido muy conscientes de la repercusión de este asunto y ante él estamos ejercitando todas las vías que, a criterio de los servicios jurídicos y económicos municipales, tenemos a nuestro alcance para defender el interés general de Benidorm, de todos los benidormenses presentes y futuros y también de nuestros visitantes”.
El primer edil ha finalizado reiterando, una vez más, la “plena confianza en la Justicia” y ha vuelto a apelar nuevamente a la cautela y la tranquilidad: “En el supuesto que se hiciera efectivo el peor de los escenarios, no les quepa duda que este es el único gobierno capaz de trabajar en la defensa del interés general y de sacar adelante una situación que no puede ser más compleja para el interés general de Benidorm”.
