La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha informado de que el Consell ha aprobado el decreto por el que se declara día de luto oficial en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2025, al cumplirse un año del temporal de lluvias y riadas que provocó el fallecimiento de 229 personas y graves daños materiales en la Comunitat Valenciana.
Así lo ha trasladado este martes la portavoz del Consell, durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre las decisiones adoptadas por el Pleno en materia reconstrucción tras la dana, de vivienda y servicios sociales, entre otros.
La vicepresidenta primera ha detallado que “en señal de condolencia hacia las familias y personas allegadas a los fallecidos, el Consell ha decretado luto oficial en la Comunitat Valenciana durante la jornada del día 29 de octubre de 2025”.
También ha indicado que “como muestra de respeto, pésame y duelo este día las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos de la Generalitat y que en todos los edificios oficiales en la Comunitat Valenciana”.
Respecto a otros asuntos tratados en la reunión, Camarero ha destacado que el Consell avanza en la reconstrucción con medidas centradas en la recuperación de los municipios afectados por el temporal, así como con actuaciones concretas y ayudas urgentes.
En concreto, la portavoz ha afirmado que el Pleno ha dado luz verde a un decreto para reactivar la economía en los municipios dañados por la dana, mediante la concesión directa de ayudas a autónomos, pymes y cooperativas, con un crédito adicional de 20 millones de euros, por lo que las ayudas alcanzarán los 40 millones.
La convocatoria de estas ayudas, aprobada el pasado 24 de julio de 2025, recibió más de 4.500 solicitudes. Por tanto, como respuesta a esta demanda se ha realizado esta ampliación de crédito que “atiende la solicitud de numerosos negocios que han quedado desprotegidos después de los efectos devastadores de la dana”, ha explicado la consellera.
Por otra parte, el Consell ha aprobado un convenio de colaboración institucional con la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para impulsar el Plan Endavant de recuperación y reconstrucción.
“Con este convenio, se refuerza el compromiso de las administraciones públicas valencianas con la reconstrucción, la resiliencia frente a futuras adversidades y la promoción de un desarrollo equilibrado en todo el territorio de la Comunitat Valenciana”, ha señalado Camarero.
Reconstrucción cultural y económica de la Comunitat Valenciana
Junto a estas medidas, el Consell ha autorizado otros dos decretos de ayudas directas a entidades y bienes culturales para la recuperación del patrimonio cultural y la reconstrucción de bibliotecas, archivos y librerías dañadas por la dana.
El primero destina hasta 6 millones de euros a la restauración de Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), museos y colecciones públicas. El segundo prevé un millón de euros para la reconstrucción de las bibliotecas públicas, archivos públicos, así como librerías y distribuidoras ubicadas en los municipios afectados por el temporal, con un máximo de 70.000 euros por beneficiario.
Impulso al Plan VIVE y nuevas viviendas protegidas en València
Entre otros acuerdos importantes, el Consell ha tomado razón de la suscripción del Acuerdo por la Vivienda de la Comunitat Valenciana, rubricado el 22 de octubre con los principales agentes públicos y privados del sector, colegios profesionales, universidades y entidades financieras.
Camarero ha recordado que este acuerdo se enmarca en el Plan VIVE que prevé la construcción de 10.000 viviendas a lo largo de la legislatura y que cuenta ya con “más de 4.000 viviendas protegidas en licitación, adjudicación o construcción”.
El acuerdo establece un decálogo de compromisos centrados en modernizar la gestión del parque público, reforzar la seguridad jurídica, simplificar trámites, ampliar la cooperación público-privada y generar nuevo suelo urbanizable.
Asimismo, en el marco del Plan VIVE, el Consell ha acordado la enajenación por concurso en régimen de permuta de tres parcelas públicas en el barrio de La Torre (València) por un valor de 10,5 millones de euros, destinadas a la construcción de más de 320 viviendas de protección pública.
“Nuestro compromiso es seguir movilizando suelo público para construir vivienda asequible, reforzar la red de vivienda protegida y ofrecer más oportunidades a los jóvenes, a las familias y a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar”, ha señalado Camarero, quien ha puesto esta actuación como ejemplo de la estrategia de recuperación urbana, cohesión social y acceso a la vivienda “que guía toda la acción de la Conselleria”.
Simplificación administrativa y mejora de servicios públicos
El Consell también ha declarado la urgencia en la tramitación del decreto de simplificación administrativa de formularios, clave para el desarrollo de la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa, con el fin de reducir cargas burocráticas y mejorar la relación digital entre la administración y la ciudadanía.
La vicepresidenta primera ha explicado que la urgencia en la tramitación de esta norma “viene motivada por la necesidad inmediata de disponer de un marco común que permita la revisión sistemática de los formularios en todos los departamentos de la Generalitat, así como su integración en los sistemas de tramitación electrónica, en coherencia con los objetivos del Plan Simplifica y del Plan GEN Digital 2025”.
Con ello, se mejora de forma inmediata la atención ciudadana y empresarial, se gana eficiencia en la gestión de los recursos y se mejora la interoperabilidad, avanzando en la transformación digital.
Atención sanitaria a desplazados y extranjeros
A propuesta de la Conselleria de Sanidad, el Consell ha autorizado la reclamación al Gobierno de España de 1.039,7 millones de euros en compensación por el gasto derivado de la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y extranjeros.
Este importe se debería haber abonado a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado para compensar la asistencia a pacientes desplazados entre comunidades, y del Fondo de Cohesión Sanitaria, que cubre la atención a ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la vicepresidenta ha lamentado que “la puesta en marcha de estos mecanismos ha sido muy limitada y está generando un perjuicio económico importante para la Comunitat Valenciana”.
