El Pleno de la Diputación de Alicante tiene previsto aprobar este viernes definitivamente la nueva Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones de la institución provincial, con la que se reducirá la carga burocrática que recae en los ayuntamientos y se agilizará la concesión de ayudas.
Este nuevo documento, elaborado en el seno de la Comisión de trabajo integrada por técnicos de los distintos departamentos de la Diputación y diputados de todos los grupos políticos, introduce distintas medidas que facilitarán la solicitud y justificación de las subvenciones.
La nueva ordenanza fue aprobada inicialmente por el pleno de la institución el pasado 8 de octubre, con el voto favorable de todos los grupos políticos a excepción de Vox, y se sometió a exposición pública para la presentación de posibles reclamaciones, algo que únicamente realizó esta última formación con una alegación en la que planteaba la vulneración de la autonomía provincial, igualdad ante la ley y eficiencia presupuestaria por la imposición de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, la perspectiva de género y las subvenciones de cooperación internacional. Esta alegación, tras el informe jurídico pertinente, ha sido desestimada al no vulnerarse ninguno de los preceptos constitucionales planteados.
Ello va a permitir que mañana se apruebe definitivamente el texto que, entre otros avances, recoge la posibilidad de otorgar la subvención a los ayuntamientos, si cumplen los requisitos y han presentado toda la documentación requerida en la convocatoria de concurrencia competitiva, sin necesidad de esperar a la finalización del plazo establecido para la tramitación de la totalidad de las solicitudes. “Con esta forma de resolución por tramos, agilizamos considerablemente la concesión de las subvenciones para que los ayuntamientos puedan disponer de las ayudas cuanto antes”, ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez.
Asimismo, se reforzará la justificación por vía electrónica, al tiempo que para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes se considerará gasto realizado el que haya sido objeto de reconocimiento de la obligación sin que sea exigible el pago efectivo dentro del plazo de justificación. “Hasta ahora era obligatorio que los ayuntamientos justificarán el abono de la ayuda antes de recibir la subvención, mientras que con la nueva ordenanza bastará con el reconocimiento de la misma para que la reciban y poder así abonar con ella”, ha explicado la diputada.
Otra de las medidas que introduce la nueva ordenanza es el establecimiento de los planes de asistencia, lo que facilitará la prestación de servicios provinciales sin necesidad de cumplimentar toda la tramitación de un procedimiento ordinario. El objeto es reconvertir las convocatorias de ayudas en especie en planes de asistencia lo que aligerará la documentación que debe presentar el ayuntamiento.
De esta forma, por ejemplo, el servicio de control de calidad del agua de consumo humano que lleva a cabo Ciclo Hídrico para municipios de menos de 10.000 habitantes o la Plataforma de Administración Electrónica para los pueblos de hasta 500 habitantes se convertirán en planes de asistencia. Según este procedimiento, la selección de los participantes será permanente y se atenderá por orden de solicitud.
