Entrevista > José Manuel Camarero / Secretario autonómico de Turismo (València, 17-julio-1975)
Durante este 2025 la Generalitat Valenciana ha dado de baja más de 18.000 viviendas turísticas del registro oficial por incumplir algún aspecto de la ley autonómica. Éste no es ni mucho menos el final de este pretendido proceso de depuración pues -según datos que nos facilitan desde la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio- actualmente hay otras 14.000 viviendas en cuestión que están siendo evaluadas.
Los apartamentos turísticos llevan años siendo uno de los principales caballos de batalla en nuestra región. Algunos culpan a este fenómeno del encarecimiento de la vivienda, mientras que el sector hotelero les acusa de competencia desleal. No obstante, para ciertos propietarios esta actividad económica se ha convertido en su modo de ganarse la vida, y además han contribuido a que alcancemos cifras récord de visitantes.
Ante esta tesitura, miramos al Consell para hallar respuestas. Quien nos atiende es José Manuel Camarero, actual secretario autonómico de Turismo.
«Desde 2023 se han suprimido 25.000 apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana»
¿Cuántos apartamentos ilegales quedan en la Comunitat Valenciana?
Las licencias de uso turístico dependen de la comunidad autónoma. Por tanto, quienes regentan una vivienda de este tipo, necesitan pasar unos requisitos para inscribirse. Obviamente esto también implica unas acciones de mantenimiento y depuración por parte del Consell que en las anteriores legislaturas no se habían efectuado. Al final teníamos una imagen muy negativa porque parecía que había viviendas turísticas por todas partes en la Comunidad Valenciana.
Por eso cuando llegamos al gobierno impulsamos una nueva normativa que diese un marco estable para quienes lo hacen bien. Porque el apartamento turístico no deja de ser una opción más de alojamiento.
Aún con todo en ese momento teníamos un registro de 105.000 viviendas, y había que comprobar cuáles cumplían los requisitos. Ahí comenzó el proceso de depuración, y ahora estamos en unas 80.000.
¿Y cuál ha sido la forma para identificar los que no cumplían con dichos requisitos?
Lo primero ha sido mirar que tuvieran una identificación fiscal válida como para saber quién era su propietario. Ya solo con eso nos cargamos 886 viviendas del registro.
En una segunda fase encontramos 23.000 viviendas que no tenían referencia catastral. Entre ellas buena parte ya se han dado de baja, y con el resto seguimos trabajando para ver si resuelven este problema. Este es un procedimiento largo porque tienes que notificar al propietario y, si no, publicar en el BOE. Por eso hay un buen número que todavía están en proceso.
Actualmente nos encontramos en una tercera fase por la cual estamos analizando unas 18.000 viviendas que no tienen el Informe de Compatibilidad Urbanística o la licencia del cambio de uso que otorgan los ayuntamientos.
«En un año hemos aumentado las inspecciones en un 30%»
Todos estos miles de apartamentos que no cumplían los requisitos legales, aparte de quitarlos del registro, ¿también se está multando a sus propietarios?
En las citadas inspecciones que hacemos nosotros o los ayuntamientos se requiere el registro oficial. Cuando los inspectores determinan que se está realizando una actividad ilegal, por supuesto se interponen las sanciones que correspondan. Por eso es tan importante tanto depurar el registro como inspeccionar.
¿Se han aumentado las inspecciones?
Sí. En este 2025 hicimos un 30% más de inspecciones que en el año anterior con el fin de detectar a todos los ilegales.
«Cada vez más ayuntamientos se interesan por asumir las competencias para inspeccionar»
¿Qué margen de actuación tienen los ayuntamientos para inspeccionar apartamentos turísticos?
Dentro de la ley aprobada en 2024 incluimos la posibilidad de que los ayuntamientos solicitasen la adquisición de la competencia para acometer la inspección, sanción y recaudación. Ahora mismo ya son seis municipios los que lo están haciendo. En concreto dos grandes como València y Benidorm, más otros cuatro pequeños.
En definitiva, estamos desplegando todas las herramientas habidas en lo público. Con esto no solo identificamos a los ilegales, sino que también ayudamos a la gran mayoría que sí son legales en su lucha contra la competencia desleal. Porque estos propietarios no son precisamente tenedores ni fondos buitres, sino vecinos de la Comunidad Valenciana que buscan ganarse la vida.
¿Os consta de más ayuntamientos interesados en sumarse próximamente a esta fórmula?
Claro, hay muchos que están trabajando en eso. Por ejemplo, sabemos que el Ayuntamiento de Alicante lo quiere llevar a pleno en breve. Esta medida es fruto de un convenio que firmamos con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
De hecho, València y Benidorm ya están empezando a recibir la recaudación de las primeras sanciones, porque desde que se interponen hasta que se cobran hay un periodo largo para recursos. Así que probablemente el ‘efecto llamada’ se va a producir en los próximos meses.
«También las plataformas webs quieren acabar con los alojamientos ilegales»
¿Hasta qué punto los inspectores tienen potestad para entrar a una vivienda particular a comprobar si se está produciendo una actividad turística ilegal?
Por supuesto un inspector no puede tirar una puerta abajo si no le contestan ni le abren. Es cierto que a veces se encuentran con dificultades administrativas gordas.
Lo que estamos haciendo actualmente es una labor de investigación, por ejemplo a través de mucho scraping de las webs. De hecho, en este 2026 queremos testar una prueba piloto de Inteligencia Artificial para detectarlas automáticamente.
¿Cuál es el margen que tienen las comunidades de vecinos para actuar en contra de los apartamentos turísticos ilegales que pudieran tener?
Si les consta que hay apartamentos ilegales, por supuesto deben ponerlo en conocimiento de las autoridades, yendo a la Policía Local o elevando una demanda para que nuestros inspectores se pongan en marcha.
De todas formas, a mí me gustaría bajar un poco el suflé en esto. No es bueno poner el foco cada vez que veamos un apartamento turístico en si cumplen o no cumplen. Porque en realidad el número ya ha caído mucho, tanto en el registro como quienes se atreven a ponerlo en plataformas ilegalmente. Y es que las sanciones son contundentes, te puede tocar pagar 400.000 euros por explotar ilegalmente una vivienda.
«Hay multas por alojamientos no reglados que pueden alcanzar los 400.000 euros»
¿Crees que pagan justos por pecadores?
Claro. Hay que entender que los apartamentos legales forman parte de nuestra oferta de alojamiento, exactamente igual que los hoteles.
Sin embargo, está habiendo una psicosis contra ellos, y cuando aparece uno parece que va a ser necesariamente un sitio donde vengan turistas que van a hacer fiestas muy molestas, cuando realmente no estábamos viendo este tipo de comportamientos en ninguna parte de la Comunidad Valenciana. A veces los propietarios legales se ven sometidos a una presión que no toca.
¿Desde la Generalitat tenéis algún tipo de comunicación con las grandes plataformas digitales como Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. para instarles a que no ofrezcan alojamientos no reglados?
Sí, tenemos una comunicación constante con ellos. De hecho, desde el pasado mayo Airbnb admitió nuestra propuesta de obligar a poner el número de registro para subir anuncios nuevos.
Igualmente, los 18.000 alojamientos que hemos retirado del registro también se los comunicamos a las plataformas para que los eliminen. Al final son empresas que llevan muchos años de trayectoria, y te aseguro que son las primeras interesadas en que se quite el sambenito de ilegal a un modelo turístico reglado que en realidad es muy serio.
«Otras comunidades se están fijando en nuestra ley de apartamentos turísticos»
Habitualmente se suele culpar a la proliferación de apartamentos turísticos como una de las causas del encarecimiento de la vivienda. ¿Crees que estas bajas en el registro ayudarán a bajar los precios?
Es cierto que a veces se acusa a los apartamentos turísticos, incluso a aquellos que tienen todo reglado, de expulsar a nuestros jóvenes e impedir que la gente se compre un piso. Sin embargo, si nos vamos a las cifras, cuando llegamos al Consell este tipo de viviendas suponían el 2,3% del parque total que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y ahora, con esta depuración, hemos bajado al 1,7%.
Mi sensación es que, con este ataque a las viviendas turísticas regladas, en realidad se está tratando de enmascarar otros problemas reales.
¿Os planteáis futuros nuevos cambios en la normativa aprobada en 2024? Habitualmente se habla de impedir ‘la trampa de los once días’ (aquellos alquileres que se fijan más largos de diez días para acogerse a la legislación estatal).
Esta ley autonómica se aprobó con el amplio consenso de todo el sector turístico de la Comunidad Valenciana. Aunque efectivamente la legislación no solo depende de nosotros, porque a partir de once días entra en juego la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Con esto nos tememos que al final el Gobierno acabará regulando el alquiler de poca estancia a espaldas de las comunidades autónomas.
Por el momento, tenemos mucho contacto con el sector, y no pensamos que nuestra ley se haya quedado desfasada. De hecho, otras comunidades están mirándonos en este sentido. No obstante, si el Gobierno da un paso para cambiar las reglas del juego, pues a nosotros también nos tocará reaccionar… mirando lo mejor para nuestros ciudadanos.
