El Ayuntamiento de Altea ha logrado una victoria histórica en defensa del interés general, el medio ambiente y los derechos de los vecinos de la Sierra de Altea. Tras más de una década de conflicto jurídico, los tribunales han confirmado de forma firme que los depósitos de agua y los recursos hídricos utilizados en el Plan Parcial El Aramo son de titularidad pública y deben ser gestionados por el municipio.
Esta resolución abre definitivamente el camino para que el Ayuntamiento garantice un suministro de agua y un sistema de alcantarillado seguros, transparentes y bajo control público en todas las urbanizaciones del Aramo: Altea Hills, Mascarat, Sierra de Altea Golf, Sierra de Altea I y II y Urlisas.
Un modelo privado fallido que puso en riesgo el suministro
El Plan Parcial El Aramo, diseñado en los años 60 como un proyecto turístico de referencia nacional, llegó a ocupar más de diez millones de metros cuadrados. Sin embargo, tras la desaparición de su promotor original y el abandono progresivo de la función urbanizadora, el sistema de agua y saneamiento quedó en manos privadas, sin inversiones suficientes ni control público efectivo.
A partir de 2014, los problemas se hicieron evidentes: pérdidas superiores al 50 % en la red, sobreexplotación de los acuíferos, episodios de salinidad y riesgos para la salubridad del agua. Estas deficiencias fueron constatadas judicialmente en varios procedimientos, en los que se reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de intervención municipal.
Ante esta situación, el Ayuntamiento adoptó una decisión clave en marzo de 2020: extinguir la autorización de hecho que permitía a Aguas Potables de Bernia (APOBERSA) seguir prestando el servicio, asumir directamente la gestión del agua y el alcantarillado y proteger a más de 5.000 viviendas afectadas.
La clave jurídica: los depósitos son municipales y el agua es pública
Las empresas privadas APOBERSA y PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES reclamaron hasta 13 millones de euros al Ayuntamiento alegando ser propietarias de los depósitos y de los derechos de agua. Esa pretensión ha sido desestimada de forma rotunda por los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en febrero de 2024 que los depósitos de agua forman parte de las obras de urbanización y están sujetos a cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La sentencia lo expresa con claridad: no hay incautación ni expropiación, sino cumplimiento de una carga urbanística prevista en el planeamiento.
El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente esta cuestión al inadmitir el recurso de casación interpuesto por APOBERSA, imponiéndole además las costas procesales. Con ello, la sentencia queda firme y plenamente ejecutable.
El agua no es privada: los acuíferos son dominio público
En paralelo, los tribunales también han desmontado la tesis de que existan “derechos privados” sobre el agua subterránea del Aramo. La documentación y las sentencias confirman que no existe ningún título válido, inscrito ni autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar que atribuya a empresas privadas la propiedad o explotación exclusiva de esas dotaciones.
Las aguas subterráneas son dominio público y deben destinarse al abastecimiento humano bajo control de la Administración.
Una puerta abierta para todo el Áramo
Hasta ahora, el Ayuntamiento ya presta el servicio de agua y alcantarillado en Altea Hills y Mascarat. Gracias a estas resoluciones judiciales firmes, ese modelo público puede extenderse al resto de urbanizaciones del Plan Parcial El Aramo.
El equipo de gobierno ya ha iniciado el expediente para la recepción del sistema de alcantarillado de todo el ámbito, lo que permitirá planificar inversiones, reducir pérdidas, mejorar la calidad del agua y garantizar tarifas justas y transparentes.
Un triunfo del interés general
Este proceso no ha sido solo una disputa jurídica; ha sido una defensa del derecho de los vecinos a un agua segura, de calidad y gestionada con criterios de servicio público.
Tras años de abandono, conflictos y amenazas millonarias de indemnización, Altea consolida ahora un principio esencial: el agua es un bien común, y su gestión debe estar en manos de la Administración pública.
La Sierra de Altea entra así en una nueva etapa de seguridad jurídica, sostenibilidad y garantía de servicios básicos, con un Ayuntamiento que, por fin, tiene las llaves del sistema que abastece a su propio territorio.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha valorado esta resolución como “un hito histórico para el municipio y para miles de vecinos de la Sierra de Altea” y ha subrayado que “por fin la justicia ha puesto las cosas en su sitio. El agua es un bien público y no puede estar sometida a intereses privados cuando está en juego la salud y la dignidad de las personas. Ahora podremos planificar inversiones, renovar redes, reducir pérdidas y garantizar un suministro de agua de calidad en todo el Aramo, desde Altea Hills y Mascarat hasta Sierra de Altea y Urlisas, con criterios de interés general y transparencia”.
