El Observatorio de Familia de la Ciudad de Orihuela, creado por la Concejalía de Familia, ha presentado en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner su segundo informe de trabajo: Retrato de las familias con discapacidad de Orihuela, 2025.
Este documento da continuidad al trabajo iniciado en 2024 con la publicación del primer estudio dedicado a las familias oriolanas, cumpliendo así con el objetivo principal del Observatorio que es recopilar y analizar información para diseñar políticas familiares ajustadas a la realidad del municipio.
En esta ocasión, el estudio centra su atención en la situación de las personas con discapacidad y sus familias, aportando un retrato detallado que combina datos estadísticos y la experiencia directa del tejido asociativo local. Para ello, el informe ha contado con la participación de familias pertenecientes a las asociaciones ADIS, ADIEM y LiberTea, quienes expusieron durante el acto la situación de sus familias y sus principales demandas.
Los asistentes recibieron un ejemplar del documento, concebido como herramienta de utilidad tanto para las asociaciones como para el conjunto de áreas municipales implicadas, especialmente la Concejalía de Familia.
El informe señala que en el ámbito estatal, la población con certificado de discapacidad ronda el 7 % del total nacional. En este contexto, la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de esa media y, en la provincia de Alicante, a cierre de 2024, se registraron 76.012 personas con certificado de discapacidad (3,7 % de la población).
En cuanto a los grupos de edad, el mayor peso de la discapacidad se concentra entre los 35 y los 64 años (41 %), mientras que los menores representan porcentajes significativamente menores. La discapacidad física es la más frecuente, seguida de la psíquico-mental y la psíquico-intelectual.
Además, el informe recoge que en la provincia de Alicante cerca de 37.000 personas con discapacidad se encuentran en edad laboral. En 2023, más de 7.000 estaban afiliadas a la Seguridad Social y se formalizaron alrededor de 5.000 contratos, cifra que representa el 1 % del total provincial. En líneas generales, predomina la contratación de personas con discapacidad física, así como los empleos ligados al sector servicios.
A nivel municipal, los datos, aportados por las encuestas realizadas a las familias de las asociaciones participantes, muestran que el 89 % de las personas con discapacidad vive con su familia, y que una parte significativa requiere apoyos para las actividades de la vida diaria, ya sea de forma continuada (50 %) u ocasional (37 %).
Por su parte, las relaciones familiares son valoradas de manera muy positiva: seis de cada diez las califican como “muy buenas” y un 33 % como “buenas”.
El 71 % de los encuestados afirma contar con una red de amistades, si bien un 14 % declara no tenerla y un 16 % la considera limitada. En cuanto a la percepción de discriminación, el 57 % asegura haberla sufrido en alguna ocasión.
En cuanto a las demandas registradas en el informe, las diferentes asociaciones coinciden de forma clara en la necesidad de un mayor apoyo educativo y formativo, junto a refuerzos en la atención médica y psicológica, las ayudas económicas y la inclusión social y cultural.
Para la concejal de Familia, M.ª del Carmen Portugal, el Observatorio responde a la convicción de que “en política familiar hay algo peor que no actuar, y es actuar sin conocer”. Por ello, subraya que escuchar a las familias debe ser un método y no solo una intención, con el fin de evitar políticas bien intencionadas pero ineficaces.
