El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado este jueves que la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada es “una ventana de oportunidad” que han visto los técnicos del área económica, “que se nos abrió este mismo martes” y que es posible porque “las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas”. Así lo ha trasladado el primer edil en una rueda de prensa para explicar el último paso dado por el Consistorio en este asunto, un trámite del que ya se informó en la tarde de ayer a los grupos de la Corporación en una reunión de la Junta de Portavoces.
Como también se informó en un comunicado emitido tras la Junta de Portavoces, la solicitud se cursó a través de decreto de Alcaldía a última hora de la mañana de ayer, último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación y una vez completado el expediente.
En su solicitud, el Ayuntamiento plantea pedir 55 millones de euros con cargo a ese Fondo de Impulso Económico, “el fondo al que el Ministerio nos deriva debido a que la situación económica municipal es buena, por lo que no cabe acogerse al Fondo de Ordenación”, tal y como ha explicado Pérez.
Así, el Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y entidades locales, que proporciona liquidez a ayuntamientos saneados para facilitarles el pago de deuda o de sentencias firmes, entre otras. Por el contrario, el Fondo de Ordenación va destinado a las entidades locales que se encuentran en una situación de riesgo financiero o con dificultades para refinanciar deuda en condiciones de prudencia financiera.
El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento “por el momento, sólo ha cursado la solicitud de adherirse a este fondo, por una cuantía máxima de 55 millones de euros, que es la que han establecido los propios técnicos del área Económica en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses, porque el plazo finalizaba a las 24 horas de ayer, miércoles”.
Una vez cursado el trámite, y en el caso de que el Ministerio resolviese favorablemente la solicitud, “será el pleno quien determine si efectivamente nos adherimos a este Fondo y quien fije la cuantía final a solicitar”, un importe que, según recogen las propias condiciones del Ministerio, tendría que reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5%, tal y como ha concretado el primer edil.
Asimismo, Toni Pérez ha indicado que la petición de adhesión al Fondo es una de las distintas vías que se están estudiando por parte del Ayuntamiento para hacer frente al pago de la sentencia del APR-7 y que, en paralelo, los servicios jurídicos y económicos municipales siguen trabajando en un calendario de pagos que se presentará ante el juzgado, así como en establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a este asunto; información que, como hasta ahora, será comunicada con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la Corporación y a la ciudadanía.
En este sentido, recordar que, al margen de los aspectos económicos de la sentencia indemnizatoria, los técnicos municipales siguen trabajando en el estudio pormenorizado de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo, así como de la viabilidad jurídica y conveniencia al interés público de la interposición del correspondiente Recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la misma.
Toni Pérez ha destacado que “si la situación económica del Ayuntamiento no fuera la actual, sino la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, con una deuda heredada de 95 millones de euros, nunca nos podríamos haber acogido a este Fondo de Impulso Económico”. Asimismo, ha recordado que “en solo seis ejercicios, con mucho trabajo y buena gestión, este gobierno local consiguió rebajar a cero esos 95 millones de euros de deuda heredada y, a su vez, seguir transformando la ciudad y mejorando servicios, como es constatable”.
Por último, ha manifestado que “nuestra voluntad y decisión es que no se suba ningún impuesto para tener que atender este pago” y ha vuelto a lanzar un mensaje de “tranquilidad y mucha prudencia”: “Seguimos ocupados y preocupados en defender el interés general de Benidorm. En este caso, adquiriendo y preservando un suelo en el parque natural de la Serra Gelada, al precio que ha marcado el alto tribunal valenciano y que, cuando se dé cumplimiento a esa sentencia, pasará a ser patrimonio de todos los benidormenses y de generaciones futuras y donde no se va a construir más”.
