El Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo viernes en pleno abrir una vía de diálogo con los propietarios del APR7 tras adherirse al Fondo de Impulso Económico, una adhesión que también se aprobará en pleno y por la cual el Consistorio va a solicitar 55 millones de euros para hacer frente a parte de la cuantía fijada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por las compensaciones de suelo en Serra Gelada. Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, después de trasladar ambas cuestiones a los tres grupos de la Corporación municipal en una Junta de Portavoces donde se les han facilitado toda la información al respecto, “tal y como venimos haciendo en nuestra gestión diaria, y especialmente en este asunto, desde el minuto uno”, ha remarcado el primer edil.
Tras la celebración de esta Junta de Portavoces, en una convocatoria pública, Pérez ha explicado que el pleno abordará estas cuestiones en dos propuestas diferentes, que han sido dictaminadas hoy en la Comisión Informativa de Régmien Interior, una vez han sido finalizados ambos expedientes con sus correspondientes informes técnicos como paso previo para su inclusión en el pleno.
Así, la primera de las propuestas que se van a dictaminar en comisión y aprobar en pleno es la formalización de la operación de préstamo con las entidades financieras que determine el ICO (Instituto de Crédito Oficial) con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en su modalidad de Fondo de Impulso Económico, por una cuantía de 55.000.000 de euros, una vez que el Ministerio de Hacienda ha resuelto favorablemente la solicitud cursada desde Benidorm el pasado enero.
Como ya explicó en el pasado 29 de enero, la adhesión a este fondo “es posible porque las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas”, algo que ya apuntó el propio Ministerio cuando abrió esta “ventana de oportunidad” y que los técnicos municipales ratifican en sus informes. En concreto, la Intervención municipal, en su informe de 28 de enero de 2026, considera que el Ayuntamiento “puede asumir la devolución de dicho importe sin menoscabar los servicios que en la actualidad presta el municipio”, en un plazo de 12 años y a un tipo de interés en torno al 3,5%, iniciándose la amortización a partir del próximo año 2027, según el calendario planteado por los técnicos. “La devolución de este préstamo tampoco se va a traducir en una subida de impuestos”, como ha reiterado hoy el propio alcalde.
La segunda de las propuestas que se va a abordar es conceder un plazo de audiencia a las partes con derechos reconocidos en el APR7, por un plazo de siete días naturales, para que se pronuncien sobre la viabilidad de adquirir un acuerdo de colaboración y los términos del mismo. Sobre este asunto, el alcalde ha explicado que “el criterio de los técnicos es que es ahora, y no antes, cuando hemos llegado al momento procedimental oportuno que nos permite abrir esta vía de diálogo con un único objetivo en mente, que es la defensa del interés general de Benidorm y de todos los y las benidormenses”.
Preguntado por quiénes participarán en esta audiencia, Toni Pérez ha sido tajante: “Solo técnicos”, descartando de este modo la participación de políticos en esta negociación. “Estoy convencido de que esta fórmula es la mejor”, ha manifestado el alcalde, que además ha señalado que “si hubiera una lealtad mínima por parte de todos los grupos políticos, igual optaríamos por otro camino, pero lamentablemente llevamos semanas viendo la falta de lealtad de algunos y no solo en este asunto”, ha trasladado en referencia al PSOE local.
Por último, el primer edil ha indicado que, una vez aprobadas ambas propuestas, el Ayuntamiento dará traslado a los tribunales de los pasos que se están dando para abordar el cumplimiento de la sentencia, atendiendo así a la petición formulada por los propios juzgados y como también se ha trasladado a todos los grupos políticos.
