En estas últimas semanas hemos visto y oído como, desde la más alta representación del Estado, se instaba a la iniciativa privada a realizar una subida de sueldos a los trabajadores. “Que paguen más”, decía Pedro Sánchez.
Negociaciones unilaterales
Estamos acostumbrados a que la ministra Yolanda Díaz realice cambios negociando solo con una parte (los sindicatos) y sin tener en cuenta a la otra (las empresas), que al final son quienes tienen que asumir dichos cambios.
Esa falta de dialogo y de falta de capacidad de llegar a acuerdos, imponiendo todo por Real Decreto, es una constante de esta ministra que, a pesar de todo, no ha conseguido la simpatía de los suyos, ni de los ciudadanos.
No es una opinión personal, ha quedado demostrado en los resultados de Sumar en las dos últimas elecciones (extremeña y aragonesa), y en su salida como candidata a seguir encabezando la unión de los partidos a la izquierda del PSOE.
Menos populismo
Pero del presidente del Gobierno sí se espera una conducta más coherente y lógica, no tan populista sin más. Y no me refiero a las grandes empresas con resultados milmillonarios y que además pagan porcentaje de impuestos mínimos por las leyes que así se lo permiten.
Hay que recordar que vivimos en un sistema impositivo progresivo, cumpliendo con el principio constitucional de que quien más tiene, más pague (no solo en cantidades, que es obvio, sino en porcentaje sobre su patrimonio o beneficios). En cambio, mientras las pymes deben entregar al fisco entre el 23 y el 25% de sus beneficios, las grandes empresas están, según la Agencia Tributaria, entre el 3,6 y el 7%.
La mayoría son pequeñas empresas
En España grandes empresas hay menos de 6.000, mientras que las pymes suman 2.940.000 y de ellas el 40% tiene entre 1 y 9 asalariados. Es decir, que los propietarios de todas esas empresas no tienen las ventajas de las grandes y sí los problemas de cualquier persona.
El problema de la bajada del poder adquisitivo ha venido de la subida sin control de los precios de la vivienda por una más que deficiente planificación, de la subida de la cesta de la compra, de los suministros, etc. que afecta por igual a la subsistencia de esos pequeños empresarios, como a la del resto de los ciudadanos.
La inflación desde la pandemia ha sido devastadora y los impuestos no se han ajustado para realizar un efecto corrector, incluido entre ellos los tramos del IRPF que dependen de la decisión del Gobierno. Buscar, como siempre, la culpa en otros es muy fácil pero un sinsentido. Ojalá todo fuera tan sencillo como poder subir los sueldos porque el rendimiento de esas empresas diera para ello.
Primero solucionar lo propio
Pero lo que resulta más grotesco es que se mire fuera lo que no se soluciona dentro. Los médicos están en pie de guerra por sus condiciones laborales, entre ellas el incumplimiento de horas que sí se exige a las empresas privadas. Eso sin contar la actual falta de sanitarios para cubrir las necesidades reales.
La Justicia, que también depende directamente del Estado, igualmente lleva muchísimo tiempo protestando. Jueces, magistrados y fiscales han exigido mejoras salariales acordes a su carga de trabajo, así como refuerzo de medios y personal para poder atender la sobrecarga que lleva a que hoy en día la justicia sea lenta, y por tanto injusta.
Reivindicaciones de la Guardia Civil
Podemos seguir hablando de esa falta de subida de salarios en otros sectores públicos. Por ejemplo, la Guardia Civil se ha manifestado exigiendo una subida de sueldo para, al menos, igualarse al de las policías autonómicas como son los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.
La Benemérita también pide urgentemente la mejora de sus medios y equipamientos, como los relativos a la protección individual o la flota de vehículos, así como turnos de trabajo coherentes y que permitan su conciliación laboral y personal; y algo tan lógico como que se califique su profesión como ‘de riesgo’, tal y como sí tienen policías locales y autonómicos.
Los maestros también piden al Estado mejoras salariales, además de aulas menos sobrecargadas, lo que exigiría más profesorado, y más recursos para los centros educativos. Y así podríamos seguir por varias editoriales más.
Antes de aleccionar, aplicarse
En definitiva, no quiere decir que no fuera deseable que los precios pudieran contenerse con las correctas políticas públicas que fomentasen la competencia y la seguridad, y que a su vez generasen oportunidades para evitar las carencias (por ejemplo en vivienda) que estamos teniendo.
Pero de eso no se puede hacer populismo y criminalizar a los empresarios como si se estuvieran lucrando de forma insolidaria. Por hacer un símil, si alguien quiere dar lecciones de limpieza, primero tiene que tener su propia casa limpia’.
Vivienda pública a análisis
Este mes de marzo (día 24 en la UA) vamos a realizar una jornada con grandes expertos en la materia precisamente para analizar la problemática de la vivienda pública. Pero parte del problema viene de hace unas décadas, cuando el intervencionismo de la parte política dinamitó el buen funcionamiento de las cajas de ahorro.
Estas entidades, que no podían tener ánimo de lucro, dedicaban los beneficios a sus obras sociales que, a su vez, eran generadoras de, entre otras muchas cosas positivas, vivienda pública o de protección oficial. El cambio de funcionamiento en estas empresas sin ánimo de lucro originó que todas se lanzarán a crecer, ocupar nuevos territorios, invertir sus beneficios en otras entidades… para al final acabar desapareciendo.
Con todo esto no quiero decir ni que sea fácil solucionar los problemas que tienen los trabajadores del sistema público, ni que no haya empresarios que tengan condiciones reprochables mientras consiguen unos gigantescos beneficios. Solo que antes de hablar y echar la culpa al de al lado, no estaría de más mirarse en el espejo propio.
