El debate público alrededor de la regularización extraordinaria prevista en la modificación del Real Decreto 1155/2024 se ha visto contaminado por una idea incorrecta pero muy extendida: que las personas regularizadas pasarán automáticamente a votar.
Esta afirmación no cuenta con ningún respaldo jurídico. El derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, está estrictamente vinculado a la nacionalidad española y no a la residencia legal. Ninguna autorización, ya sea temporal, de larga duración, extraordinaria o por circunstancias excepcionales, concede derechos políticos.
En lugar de evaluar la finalidad de la regularización el foco se ha desviado hacia un debate inexistente
Debate inexistente
La realidad es que estos comentarios han captado la atención mediática y ha desplazado el análisis profundo de la reforma hacia un terreno emocional, más cercano al miedo infundado que a la realidad normativa.
En lugar de evaluar la finalidad de la regularización o su impacto en el mercado laboral, el foco se ha desviado hacia un debate inexistente. Esta confusión ha generado ruido social y ha opacado la naturaleza estrictamente técnica de la medida, cuyo objetivo es ordenar una situación que ya existe y que afecta a miles de personas que viven, trabajan y contribuyen de facto al funcionamiento del país.
Ignorar esta realidad solo alimenta discursos simplificados que no se corresponden con la evidencia jurídica ni económica.
Al obtener permisos de residencia y trabajo, las personas dejan de operar en la informalidad y pasan a cotizar desde el primer día
Contexto demográfico insostenible
El verdadero contexto de esta reforma no es político, sino demográfico y económico. España atraviesa un escenario marcado por una natalidad en mínimos históricos, una población envejecida y un sistema de pensiones presionado por la disminución del número de cotizantes.
Esta tendencia no es nueva, pero sí se ha intensificado en los últimos años, evidenciando una brecha cada vez mayor entre quienes aportan y quienes dependen del sistema. En este contexto, la regularización extraordinaria constituye una medida estructural para reforzar la base productiva del país.
Lejos de promover nuevos flujos migratorios -algo descartado por el límite temporal que exige haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025- la reforma se centra en quienes ya forman parte del tejido social y laboral, aunque en muchos casos sin reconocimiento administrativo.
Estos trabajadores ya están en sectores clave: cuidados, agricultura, hostelería, construcción y servicios esenciales, todos ellos con déficit crónico de personal. Negar la contribución real de estas personas implica desconocer el funcionamiento de la economía española contemporánea y el papel indispensable que desempeñan en su sostenimiento cotidiano.
Economía real
La idea de que la regularización ‘cuesta dinero’ ha sido repetida con insistencia, pero los datos históricos y los análisis comparados muestran el efecto contrario. Las regularizaciones anteriores han demostrado incrementos inmediatos en las cotizaciones, una reducción significativa de la economía informal y un aumento en la recaudación fiscal.
Al obtener permisos de residencia y trabajo, las personas dejan de operar en la informalidad y pasan a cotizar desde el primer día. Esto no solo mejora su situación individual, sino que también fortalece al conjunto del sistema económico. La formalización laboral contribuye a combatir prácticas abusivas, salarios indignos y condiciones laborales deficientes, realidades que afectan con mayor intensidad a quienes no tienen reconocimiento jurídico.
Beneficios para las empresas
Además, las empresas obtienen beneficios tangibles: mayor seguridad jurídica, estabilidad en la contratación y capacidad de planificación a medio plazo. La economía sumergida, por el contrario, genera pérdidas fiscales, distorsiona la competencia entre empresas y precariza el empleo.
Por lo tanto la regularización extraordinaria, en consecuencia, no solo no supone un gasto para el Estado, sino que constituye una inversión que retorna en forma de ingresos sostenidos y mejora del tejido productivo.
España no puede permitirse perder la contribución de quienes ya están aquí, ya trabajan aquí y ya sostienen, día a día, sectores fundamentales
Sostenibilidad del sistema
La sostenibilidad del sistema de bienestar español depende, en gran parte, de ampliar la base de ingresos y reducir la informalidad. Quienes ya viven y trabajan en el país, aunque sin documentación regular, forman parte esencial de su economía.
No votan, pero sostienen actividades indispensables. No alteran el equilibrio político, pero sí refuerzan el equilibrio económico. En un país donde la fuerza laboral disminuye y la dependencia demográfica aumenta, prescindir de su aportación no es una opción viable. La cuestión, por tanto, no es si España debe regularizar, sino qué coste tendría no hacerlo.
La respuesta es inequívoca: el país no puede permitirse perder la contribución de quienes ya están aquí, ya trabajan aquí y ya sostienen, día a día, sectores fundamentales. La regularización extraordinaria es una medida de racionalidad económica, responsabilidad social y coherencia institucional. No es una concesión, es una necesidad estructural para garantizar el futuro del Estado del bienestar.
