El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy por amplia mayoría –con los votos a favor de Partido Popular y Vox y la abstención del grupo socialista– la propuesta de acuerdo elevada por el alcalde Toni Pérez para la ejecución de la sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), relativa al suelo del APR7 de Serra Gelada, que pasará de estar en manos privadas a ser patrimonio del pueblo de Benidorm. Dicho acuerdo, que ya cuenta con la conformidad de los propietarios de suelo y que tras su aprobación será remitido al tribunal de instancia para su homologación, recoge una cuantía a satisfacer por parte del Ayuntamiento que asciende a 350 millones de euros, la cantidad establecida por sentencia firme entre el principal y los correspondientes intereses legales, y propone dos fórmulas para hacerla efectiva: pago en metálico y pago en suelo.
Como ya se avanzó el pasado viernes, el documento prevé un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de este año, un importe al que se hará frente con recursos propios y por medio del préstamo de 55 millones concertado por el Ayuntamiento tras adherirse al Fondo de Impulso Económico, lo que ha conllevado también la aprobación de una modificación presupuestaria.
La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que, con carácter general, la propuesta aprobada contempla, además de esos primeros 60 millones, un período de carencia hasta el 31 de diciembre de 2030 en el que solo se abonarán intereses. A partir de esa fecha, se iniciará el período de amortización obligatoria, pagando anualmente el principal de la deuda en una cantidad que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios del estado de ingresos del presupuesto de cada ejercicio.
Asimismo, también se prevé la compensación con terrenos en dos modalidades. Por un lado, una dación en pago de suelo que los propietarios de Serra Gelada deberán aceptar de forma obligatoria para amortizar los 67.386.655,89 de euros de intereses generados hasta la fecha y que ha de materializarse en un plazo de cinco años. Ese suelo se ubicaría en los sectores PP2/1, Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y cualquier otro que tenga carácter de solar edificable de uso residencial en la modalidad de plurifamiliar que no se encuentre en la actualidad previsto en el PGOU de 1990, según figura en la propuesta de acuerdo.
Por otro lado, también se plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. No obstante, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad. En ambos casos, el valor del suelo de calculará a precio de mercado (justiprecio), con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento, ciñéndose por tanto al valor real y actualizado del metro cuadrado.
La propuesta de acuerdo, según han revelado en el pleno Lourdes Caselles y el propio secretario general del Consistorio, ya cuenta con la conformidad de los propietarios del suelo del APR7, según el escrito registrado por todas las mercantiles interesadas en el día de ayer, del que se dio traslado en junta de portavoces. Por ese motivo, una vez aprobado se trasladará al juzgado esta conformidad y se procederá a la firma del acuerdo.
La portavoz ha recordado que, con el cumplimento de esta sentencia, el Ayuntamiento adquirirá los suelos de Serra Gelada “y se incrementará así el suelo protegido de Benidorm, que ya supera el 60% del término municipal”. Asimismo, ha recalcado que el gobierno local “siempre ha velado por el interés general de Benidorm y por el cumplimiento de la legalidad” y que “ha hecho lo que indicaban los informes técnicos en cada momento”.
Tras recordar que en el año 2013 el grupo socialista votó en solitario la renovación de los convenios a pesar de que el suelo ya había sido declarado Parque Natural en 2005 y de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2012 que ampliaba la protección de los mismos, Caselles se ha mostrado muy crítica con la bancada del PSOE “por haber engañado a los ciudadanos al decir que no hemos negociado con los propietarios, cuando saben perfectamente, porque se lo han dicho en reiteradas ocasiones los técnicos municipales, que no se podía hacer porque esa negociación está prohibida por ley”. “Si hoy tenemos que pagar una condena es por una novación de convenios que efectuó el PSOE en el año 2013 a pesar que en 2010 uno de sus concejales, el de Urbanismo, ya había recomendado que no se hiciera. Pero les dio igual”. La portavoz, además, ha afeado al grupo de la oposición que “votaba una cosa u otra en este asunto según quien suscribiera los convenios”. “No mientan ni engañen y asuman su responsabilidad como hacemos nosotros” ha apostillado.
Por último, la portavoz del gobierno local ha defendido que el Ayuntamiento “va a poder cumplir estos acuerdos con solvencia”, recordando que “cuando este equipo de gobierno llegó a la Alcaldía en 2015 la deuda municipal ascendía a 95 millones de euros y en 2022 conseguimos dejarla a cero” y ha reiterado que el cumplimiento de esta sentencia se realizará “sin subir impuestos y sin recortar servicios municipales, porque esas son nuestras dos líneas rojas”. En este sentido, ha asegurado que “se podrá asumir el pago de la sentencia siguiendo el criterio de los técnicos”, y ha esgrimido los tres informes existentes “que han dado forma al convenio de colaboración que traemos hoy aquí y que ha sido asumido por la propiedad”.
