El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos que se aplicará a partir del próximo año.
En el pleno celebrado esta tarde, el alcalde, Pachi Pascual, ha mantenido que “a nadie le gusta que le suban el recibo de la basura, ni al Ayuntamiento, pero hay una ley que obliga y los que estamos aquí tenemos que ser responsables para cumplir las leyes, las que nos gustan y las que no, y, a partir de ahí, habrá que ver si se puede mejorar el método en los próximos años, que lo vamos a intentar”. De esta forma, el primer edil se ha mostrado favorable a revisar, con el nuevo contrato del servicio que está en licitación, los criterios de la tasa de basuras para tratar de abaratarla. También ha explicado el riesgo de rebajarla en algunos lugares “porque eso repercutirá en otros, que tendrán que pagar más hasta alcanzar el coste total del servicio”.
Por su parte, la concejal de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, ha coincidido en que esta medida “es una obligación legal” incluida en la Ley 7/2022 por la cual las entidades locales deben establecer, antes del 10 de abril de 2025, una tasa acorde con el 100% del coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Hasta este año, la recaudación ha cubierto alrededor de un 45% pero, con el cambio aprobado, este porcentaje alcanzará el 95% en 2025.
Durante su intervención Domínguez ha responsabilizado de la subida a PSOE y EU-UP, como socios en el Gobierno central, asegurando que “es su tasa, por mucho que quieran manipular la información”. La edil también ha responsabilizado a las dos formaciones locales de no haber cumplido el mandamiento legal ni haber puesto en marcha un incremento progresivo de la cuota más favorable para los contribuyentes durante la anterior legislatura. La concejal ha mantenido que “de no ser por su imposición legal, este Gobierno local nunca hubiera modificado la ordenanza” y ha recalcado que la no aplicación implica sanciones para el Ayuntamiento y su posible exclusión de acceso a fondos europeos.
Domínguez ha avanzado que los costes del servicio de recogida de residuos, que ascenderán en 2025 a alrededor de 6,7 millones euros, se incrementarán por un nuevo impuesto estatal previsto en la misma Ley 7/2022 que supondrá el pago de cerca de 568.000 euros adicionales en el municipio de San Vicente.
La titular de Gestión Tributaria ha confirmado que la tasa correspondiente a cada inmueble se ha calculado aplicando el principio de capacidad económica que tiene en cuenta el valor catastral y de superficie, con una ponderación adicional para las zonas susceptibles de generar podas. También se han atendido otros indicadores como son la generación de residuos o el número de personas empadronadas y de contenedores en cada una de las zonas determinadas por los valores de referencia del catastro. Podrán solicitar la reducción de la cuota las familias con ingresos inferiores a la Renta Valenciana de Garantía de Inclusión Social y, en el caso del barrio Santa Isabel, se aplicará una tasa inferior.
Durante el pleno, los grupos de la oposición, que han votado en contra, han criticado el rechazo de las 71 alegaciones presentadas a la ordenanza de la tasa de residuos. En representación del equipo de Gobierno, Domínguez ha manifestado el respeto al trabajo técnico, que aboga por mantener los criterios inicialmente establecidos para calcular las cuotas y estudiar futuras revisiones a la baja en cuanto se disponga de medios para poder valorar el volumen de residuos generados de manera más individualizada.
El primer edil ha explicado que este es un tema al que se han enfrentado todos los ayuntamientos de España y, desde la FEMP, con el apoyo de municipios gobernados por el PSOE, se ha pedido al Gobierno central que proporcione herramientas para aplicar una tasa de basuras “que está basada en una ley complicada de interpretar y que no respeta la autonomía local”. A pesar de esta demanda, “se ha dejado a los ayuntamientos para que cada uno lo solucionara como pudiera”. En el caso de San Vicente, se ha contado con la implicación de los técnicos del Ayuntamiento y de SUMA para el establecimiento de unos criterios de distribución del gasto.
Sobre la planta de transferencia, el alcalde ha querido aclarar que los técnicos municipales no han asegurado que pueda ser viable con una nueva inversión, dada la situación de deterioro y la falta de seguridad.
Próxima apertura del Pabellón Polideportivo
En materia de Deportes, ha salido adelante por unanimidad la certificación final del contrato de obras del Pabellón Polideportivo Municipal, por un importe de 833.400 euros. En este punto, el alcalde ha anunciado que estas instalaciones se pondrán a disposición de los clubes locales en las próximas semanas para que puedan realizar sus entrenamientos en este espacio.
El Pabellón estará a pleno rendimiento en cuanto se completen todas las equipaciones. Pascual ha recordado que se han tenido que realizar inversiones adicionales para dotarlo de todo el material necesario y la señalización y para garantizar una conexión propia a la red de suministro eléctrico y la disposición de fibra óptica.
En el pleno también se ha aprobado provisionalmente, con los votos de PP y Vox, la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la utilización de instalaciones deportivas municipales para incluir las pistas del Complejo Deportivo Sur, el Velódromo y todas las salas del nuevo Pabellón Polideportivo, así como las pistas de tenis y pádel.
Otro de los asuntos destacados sancionados por pleno, en este caso por unanimidad, es el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico de San Vicente del Raspeig, un documento validado por la Agencia de Seguridad y Emergencias autonómica que se remitirá a la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para su homologación.
El área de Transportes ha elevado a la sesión plenaria celebrada hoy la aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicios de transporte público urbano hasta el 31 de mayo de 2026 por un importe de 225.660 euros, asunto que ha sido respaldado por PP, PSOE, Vox y EU-UP, con la abstención de Compromís.
