La Junta de la Vega Baja, en la que están representadas 17 comunidades de riegos tradicionales, se reunieron en las dependencias del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela para analizar el problema de la contaminación provocado por los residuos sólidos flotantes que llegan a sus cauces, en gran parte, a través de las tomas del propio río Segura.
Durante la reunión denunciaron que la Confederación, tras la crisis económica, abandonó las tareas de limpieza que venía realizando en el curso de todo el cauce y, especialmente, en la barrera de retención de residuos situada en Guardamar.
Asimismo, manifestaron que desde 2013 la CHS, por “falta de presupuesto, se ha centrado en sancionar por residuos a las comunidades de regantes que nada tienen que ver con el mundo rural puesto que, en su mayoría, tienen origen urbano”, según ha informado Gustavo Ruiz, abogado del Sindicato de Regantes de Dolores.
Igualmente mostraron su preocupación por el anuncio de la CHS de ejecutar obras para colocar rejillas en los puntos de entronque de los azarbes con los cauces para realizar una retención sectorizada, ya que dichos elementos aumentarían “el riesgo de desbordamientos, provocando cuantiosos daños a la agricultura y poniendo en grave riesgo a las poblaciones cercanas en caso de inundaciones”.
Tras la reunión, los representantes de las comunidades de riegos tradicionales acordaron hacer un frente común para exigir a la CHS que dé una solución definitiva y adecuada al problema de estos residuos. Para ello, solicitarán una reunión urgente con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Andrés Urrea Mallebrera, en la que le trasladarán su compromiso y colaboración para mejorar la calidad medioambiental y paliar esta situación e, igualmente, le requerirán que exija a los distintos ayuntamientos afectados la implicación de sus servicios municipales de limpieza.
Como conclusión, el Juez de Aguas del Juzgado Privativo de Aguas de Almoradí, Carlos Barrera, ha indicado que “desde la Junta de la Vega pretendemos hacer corresponsables a todas las administraciones implicadas para tomar medidas correctoras y no criminalizar a las más de 30.000 familias que viven de la huerta puesto que somos los primeros interesados en preservar nuestro medio ambiente y la calidad de nuestras aguas”.
