Cuando estás líneas hayan saltado del teclado del arriba firmante al papel que el lector tiene ahora mismo entre manos, quedará menos de un mes para que viajar entre los municipios de la provincia, transitando la cicatriz gris que la recorre de manera paralela al mar, sea, al fin, un derecho gratuito para todos sus habitantes.
La Costa Blanca, uno de los principales receptores turísticos de Europa, lleva décadas reivindicando la gratuidad de la AP-7, única vía de conexión (efectiva y acorde a los actuales tiempos) entre muchos de sus municipios. Con una N-332 saturada y un tráfico rodado aumentando exponencialmente, el próximo día 1 de enero diremos adiós definitivamente a los tickets, las barreras y las máquinas de cobro.
Fue en 1976 cuando Altea quedó conectada con los tramos ya existentes del vial que ahora pasará a manos públicas. Fue entonces cuando se inauguró el tramo entre la Villa Blanca y Ondara (Valencia), pero hubo que esperar todavía tres años más, hasta 1979, para que la AP-7 (entonces A-17) llegara hasta la capital de la provincia con su conexión en San Juan.
Más de 25.000 vehículos
Cada día, de media, más de 25.000 vehículos transitan por los cuatro carriles de la AP-7 que atraviesan la provincia.
En muchos casos, se trata de desplazamientos de largo recorrido, pero también nos encontramos ante la realidad diaria de muchos vecinos que, por motivos laborales, tienen que usar este vial de pago para moverse entre su casa y su trabajo. Gracias a ellos y al resto de centenares de miles de vehículos que transitan diariamente a lo largo de toda la autopista, Aumar, la empresa concesionaria, cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 146 millones de euros.
Esa cantidad supuso un incremento de casi el 25% sobre el año anterior y, como defienden las distintas plataformas que durante décadas han pedido la gratuidad del vial, han permitido a la empresa recuperar con creces el grueso de la inversión por la construcción de la infraestructura.
González y Aznar prorrogaron en dos ocasiones la concesión de Aumar
Dos prórrogas
Pese a que el fin del pago de la autopista es una medida anunciada en firme por el Gobierno, no son pocos los vecinos de Alicante que siguen recelando de esa decisión. Muchos todavía tienen muy fresca en la memoria la decisión de marcha atrás anunciada por el ejecutivo de José María Aznar en 1997, apenas un año después de su llegada a la Moncloa.
Fue entonces cuando la concesión, cuyo plazo caducaba el 31 de diciembre de 2006, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este 2019. Antes de aquello, el gobierno de Felipe González ya había tomado la misma decisión en 1986, cuando alargó la vida del primer acuerdo que debía vencer en 1998.
Ahora, sin embargo, la cosa ya se puede considerar firme. El pasado mes de noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la licitación, por parte del Ministerio de Fomento, de los contratos de conservación y mantenimiento de la AP-7 a partir del día 1 de enero, momento en el que será el Estado el que deba de asumir dichas labores.
Existe el temor de que el aumento de tráfico pueda colapsar el vial
Dudas sobre su capacidad
Pero no todo el mundo está contento con esta decisión. La medida, que supondrá un alivio para los bolsillos de muchos alicantinos, es vista con recelo por aquellos que temen que sus dos carriles por sentido no vayan a ser capaces de absorber el indudable aumento de tráfico que sufrirán a partir del día de Año Nuevo.
Efectivamente, pese a sus muchos inconvenientes, son muchos los que siguen usando la carretera nacional para sus desplazamientos diarios, especialmente para los viajes cortos entre municipios. Con una AP-7 gratuita y, por motivos obvios, más rápida, gran parte de ese flujo se desviará a su asfalto, pudiendo generar situaciones de colapso en puntos y fechas concretas.
La comarca de la Marina Baixa, por su condición de motor turístico de la zona norte de la provincia, es uno de esos futuros nudos que pueden quedar rápidamente colapsados. Por ello, y aunque todavía no se han determinado con claridad, las distintas administraciones involucradas en esta liberalización ya han anunciado su intención de acometer mejoras sobre el vial.
El bloqueo político también afecta al desarrollo de nuevos accesos a la carretera
Municipios mejor conectados
A día de hoy son muchos los municipios que no cuentan con una salida directa desde el vial. Esto, es especialmente grave en el caso de aquellos núcleos turísticos que, aunque no contaban con una industria turística plenamente desarrollada cuando se construyó la autopista, han crecido lo suficiente en todo este tiempo como para justificar su enganche. Ahora, su conversión a carretera del Estado permitiría, de entrada, la creación de nuevas incorporaciones que permitan una mayor y mejor conexión entre municipios.
Como se ha indicado, nadie ha adelantado todavía detalles sobre este particular, pero tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España han mostrado su disposición a, cumplidos los preceptivos informes técnicos, incorporar nuevas salidas a la AP-7.
En cualquier caso, todas estas mejoras quedan ahora en el aire esperando, entre otras muchas cosas, al tan necesario desbloqueo político nacional. Mientras tanto, lo único que ya es seguro y que la mayoría de los vecinos de la provincia celebran es que, por una vez, el 1 de enero no se desayunarán con el eterno titular de Año Nuevo: “nueva subida en el precio de la autopista”. Esta vez, será todo lo contrario.
