Durante 2011 y 2012, se adoptaron diversas medidas legislativas tendentes a poner en orden la economía de nuestro país, la cual se había revelado como una economía muy expuesta y vulnerable ante la más mínima situación de crisis económica. Baste como meras referencias a lo que digo, la modificación de la Constitución Española en su artículo 135 , seguido de la promulgación de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Hasta entonces, nuestras administraciones públicas (estatal, autonómica y local) se habían dejado llevar por la veleidad atrayente del gasto ilimitado que solía ir en pareja con un endeudamiento también sin límite.
A partir de entonces, se puede decir que cambiaban las reglas de juego para nuestras administraciones pues se establecían muy diversos controles al mencionado gasto y al endeudamiento.
Las consecuencias de estas medidas (a las que la oposición llamó con toda desfachatez “recortes”) pronto se dejaron notar de forma muy positiva; de tal forma que España se salvó de la intervención y en poco tiempo pudimos adaptarnos a la nueva realidad y recuperar la senda del crecimiento económico. Los índices comenzaron a ser reflejo de esa nueva situación y las cifras de creación de empleo empezaron a ser favorables mes tras mes.
También los ayuntamientos habían alcanzado hasta las reformas unos límites incontrolados e incontrolables de gasto aunque tal vez han sido, a la larga, los que más beneficiados han salido tras la aplicación de la nueva manera de gestionar.
Son muchos los consistorios que han visto, no sin sufrimiento, cómo sus cuentas se han saneado. La mayoría paga a sus proveedores en un periodo medio de pago razonable, quedando lejos aquellos tiempos en que se pagaba al cabo de más de un año (en los mejores de los casos). También las deudas de los bancos se han visto reducidas año tras año hasta alcanzar niveles prácticamente irrelevantes y las cuentas corrientes se encuentran con saldos, en muchas ocasiones, cuantiosos.
Las negativas consecuencias económicas del Coronavirus son enormes y todavía lo serán más. Es necesario tomar medidas de emergencia que sirvan para paliar la entrada en ‘shock’ de nuestro tráfico comercial y ayuden a mantener los empleos.
Se hace ahora más necesario que nunca que los ayuntamientos tengamos facilidades para poner en circulación todos los proyectos que están en marcha y dotados presupuestariamente.
El pasado 21 de septiembre, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, expresaba que “la prioridad de la FEMP en el mandato que comienza será invertir en nuestra gente los 40.000 millones de euros de remanente”.
Pedro Sánchez y su equipo de gobierno está adoptando medidas para paliar los efectos de la crisis que a todas luces son tardías, insuficientes y ninguna señala en la dirección que los ayuntamientos necesitamos. Es necesario que se nos permita, mediante los cambios legislativos y urgentes que sean pertinentes, colaborar más en las labores de atención a los más necesitados sin descuidar la reactivación económica y la creación de empleo; parcelas en las que también podemos colaborar ampliamente. También necesitamos cambios que nos permitan sacar los presupuestos municipales de 2020 (quienes no lo tengan) y 2021 con menos obstáculos. Y también necesitamos una ampliación del uso del superávit mayor de la que se ha previsto.
Tenemos mucho dinero en depósitos bancarios que están dispuestos para ser inyectados en la economía si se nos deja.
