Durante el pasado mes de abril sucedió un hecho de gran importancia en Alicante que quizás haya quedado un tanto eclipsado por la cuarentena nacional y la crisis sanitaria de la COVID-19. Uno de los más importantes promotores inmobiliarios de la ciudad confesó públicamente haber sobornado a dos alcaldes a cambio de privilegios urbanísticos.
Nos referimos obviamente al empresario Enrique Ortiz y a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del Partido Popular). Dicha confesión además llega a pocas semanas de que comience la celebración del juicio, cuya primera vista está señalizada para este próximo 30 de junio.
Las confesiones de Ortiz, fruto de un acuerdo alcanzando con la Fiscalía Anticorrupción y las dos acusaciones particulares (ejercidas por el Ayuntamiento y Esquerra Unida), pueden ser muy decisivas para el desenlace de esta investigación judicial que dura ya una década.
Monopolio urbanístico
El quid de toda esta cuestión radica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue redactado durante las etapas de Alperi y Castedo, aunque nunca aprobado. Por este asunto ambos fueron imputados en 2012 y procesados judicialmente en 2017. En la tesis de procesamiento, el juez instructor Manrique Tejada señalaba que habían sobrados indicios sobre las ventajas urbanísticas que habría recibido el citado empresario para edificar en terrenos como San Juan playa, Aguamarga o Vistahermosa.
Dicho juez incluso señalaba que “esta adscripción de suelos se produjo de una forma arbitraria, por la sola voluntad municipal de beneficiar a un concreto empresario sin mayor justificación, lo que habría conducido a un auténtico monopolio del urbanismo en la ciudad”.
«No es exagerado decir que este PGOU convertía a Ortiz en el dueño de la ciudad» J. L. Romero (abogado EU)
El dueño de la ciudad
También en un estudio elaborado por la consultora KPMG, conocido como ‘Informe Bankia’, se advierte que Ortiz habría comprado determinados suelos mediante créditos de Bancaja con la posibilidad de revenderlos a esta propia entidad bancaria a través de participaciones en sociedades mixtas, con la expectativa de que dichos suelos se revalorizaran gracias al PGOU.
“No es una exageración determinar que este PGOU convertía a Enrique Ortiz en el dueño de Alicante. Hablamos de que solo los terrenos que se le recalificaban en San Juan Playa suponían hacia el 60% del nuevo suelo a urbanizar en la ciudad. Es una zona que consta de unos 3.000 m2 y varios miles de viviendas. Además poseía varios terrenos no urbanizables que podía ceder al Ayuntamiento a cambio de aprovechamientos urbanísticos. Y luego este doble juego que se traía con los bancos, obteniendo financiación y al mismo tiempo logrando que trabajaran para él. Por decirlo educadamente, siempre ha sido un empresario muy habilidoso” nos comenta José Luis Romero, abogado de EU, en declaraciones a AQUÍ en Alicante.
Un informe calcula que Ortiz habría obtenido un beneficio de 42 millones de euros con este PGOU
Según un informe elaborado por el Departamento Técnico de Gestión Urbanística del Ayuntamiento, si este PGOU hubiera visto la luz todas estas recalificaciones habrían reportado a Enrique Ortiz un beneficio de unos 42 millones de euros.
Según su confesión Ortiz regaló viajes, coches y dinero a los alcaldes Castedo y Alperi
Confesión de Ortiz
Eso sí, todas estas ventajas empresariales no le salían gratis. Según su propia confesión, Enrique Ortiz sobornó a los alcaldes Alperi y Castedo con varios jugosos regalos. Dinero en metálico; viajes a Grecia, Andorra e Ibiza; o un vehículo mini Cooper fueron algunos de ellos.
“Lo cierto es que Ortiz ha admitido absolutamente todo lo que le acusaba el Fiscal. También ha accedido a pagar dos multas y una indemnización al Ayuntamiento. Obviamente ésta ha sido su estrategia para conseguir una reducción de condena” nos señala Romero.
La Fiscalía Anticorrupción pedía seis años de cárcel para Enrique Ortiz, mientras que la acusación del Ayuntamiento solicitaba cuatro años y Esquerra Unida trece años. Finalmente el acuerdo final se ha cerrado en un año y medio por un delito continuado de corrupción de autoridades, más otros seis meses por cohecho. A estos dos años de condena se le añaden las multas por valor total de 883.000 euros y la indemnización por los costes del citado PGOU de 713.000 euros.
Ortiz podría eludir la cárcel con este trato, si bien le toca pagar dos multas y una indemnización al ayuntamiento
Acuerdo para eludir la cárcel
Con este acuerdo el empresario alicantino presumiblemente eludirá la cárcel, pues así suele ocurrir en caso de primeras condenas de prisión con dos años de duración o inferiores. Todo ello a pesar de que Enrique Ortiz ya fuera condenado en otro caso de la trama Gürtel por financiación irregular al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), sin embargo en aquella ocasión su condena carcelaria fue finalmente conmutada por una multa.
«Alperi y Castedo han querido alargar este proceso lo máximo posible con aforamientos y recursos» J. L. Romero (abogado EU)
“Ya sé que desde fuera puede parecer que Ortiz se vuelve a librar de la cárcel pagando, pero en realidad si hubiéramos llegado a juicio yo creo que la condena de prisión no hubiera sido muy diferente a estos dos años. Hay que tener en cuenta que ha confesado todo, lo cual supone una prueba muy importante para esclarecer los hechos, ha accedido a pagar una indemnización al Ayuntamiento y su defensa no ha tratado de alargar innecesariamente todo este proceso como sí han hecho Alperi y Castedo. Todo esto son circunstancias atenuantes” nos explica Romero.
Escuchas telefónicas
Así pues, parece que la situación procesal de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo se encuentra ahora más comprometida que nunca de cara al proceso judicial fijado para el 30 de junio. La Fiscalía Anticorrupción y EU piden diez años de presión para ambos, mientras que el Ayuntamiento solicita cuatro años.
Lo cierto es que además de las confesiones de Enrique Ortiz también existen otras pruebas documentales sobre estos presuntos pelotazos urbanísticos, entre las cuales destacan las numerosas escuchas telefónicas de conversaciones mantenidas entre los acusados (algunas de ellas se han filtrado a la prensa) con fragmentos que resultan bastante incriminatorios.
Por ejemplo, en una de estas grabaciones se escucha a Enrique Ortiz y Sonia Castedo (en su época de concejala de Urbanismo, con Alperi de alcalde) hablando de parcelas y terrenos. “Mira a ver si me las pintas de azul” le pide el primero, a lo que la política le responde “Ya lo tengo”.
Ya la defensa del propio Ortiz intentó, sin éxito, que estas escuchas fueran anuladas como pruebas judiciales. “Doy por hecho que si llegamos a juicio contra Alperi y Castedo, sus defensas también tratarán de anularlas argumentando que estas grabaciones vulneran sus derechos fundamentales” nos comenta el letrado Romero.
El PGOU no se aprobó
En el proceso de instrucción las defensas de los acusados también han alegado que, si bien el PGOU fue elaborado por encargo del Ayuntamiento, en realidad la facultad para aprobarlo definitivamente recae en la Generalitat Valenciana. De hecho ninguno de los borradores de planes generales encargados durante las etapas de Alperi y Castedo llegaron a aprobarse, razón por la cual el desarrollo urbanístico de la ciudad de Alicante a día de hoy continúa basándose en un PGOU que data de 1987.
“Ellos alegan que no son resoluciones en sentido estricto, y que por tanto esto eludiría la tipicidad de los delitos. No me cabe ninguna duda que si llegamos a juicio volverán a utilizar este argumento” nos apunta Romero.
Sin embargo, desde las acusaciones sí consideran que estos borradores del PGOU tienen efectos penales. “El Ayuntamiento de Alicante fue quien elaboró el planteamiento urbanístico y quien efectúo su aprobación provisional. De hecho por ley la Generalitat no puede entrar en la ordenación pormenorizada (la clasificación del suelo) salvo que vea algo manifiestamente ilegal, por tanto esta aprobación provisional se hace prácticamente definitiva” nos argumenta el letrado de EU.
Otros acusados
Aparte de Alperi y Castedo, en el banquillo de acusados (en caso de celebrarse el juicio) también se sentarían algunos de sus presuntos colaboradores. Destaca el caso de Javier Gutiérrez, quien fuera concejal por el PSOE y socio profesional de José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo, y también acusado) en el bufete Salvetti Abogados.
“Gutiérrez tenía una relación muy consolidada con Alperi desde que coincidieron en el Ayuntamiento, una especie de amistad interesada. Luego se asoció con José Luis Castedo y fue nombrado colaborador en la redacción del PGOU. Curiosamente era su mismo bufete el que resolvía las alegaciones particulares. Es como si el examinado en una oposición también formara parte del tribunal examinador” nos explica Romero.
Por otra parte varios colaboradores de las empresas de Ortiz que fueron igualmente procesados por el juzgado, caso de Virgilio Ortiz (hermano del propio Enrique) y Santiago Bernáldez, han conseguido llegar a pactos con la Fiscalía y acusaciones particulares para no llegar a juicio. No así Pablo Rico, quien sigue formalmente acusado.
También hubo acuerdo con el empresario ilicitano Ramón Salvador, quien aceptó tres meses de cárcel, una multa y una indemnización al Ayuntamiento por haber negociado fraudulentamente la recalificación de unos terrenos suyos en el Pla de Xirau con los citados socios de Salvetti Abogados. Según el Fiscal Anticorrupción dicho bufete recibió 116.000 euros a través de varias empresas de Salvador.
La posibilidad de otro acuerdo
En principio el calendario judicial fijado por la Audiencia Provincial comienza el 30 de junio. Las peticiones deberían quedar resueltas para el 7 de julio, y las sesiones se retomarían en septiembre para quedar visto para sentencia el 12 de noviembre.
Todo ello suponiendo que no haya aplazamientos judiciales, una cuestión que no es ni mucho menos descartable. “La Audiencia ha pedido al juzgado que transcriba las declaraciones de vídeos. Esto es mucho trabajo, ya veremos si llegamos al 30 de junio” nos comenta Romero.
Un supuesto aplazamiento podría otorgar más tiempo a las partes que aún siguen en liza para negociar un acuerdo, opción que tampoco se puede todavía descartar.
El proceso judicial del ‘Caso PGOU’ dura ya una década
El final de un largo camino
Ha llovido ya bastante sobre Alicante desde los tiempos de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. La instrucción judicial de este caso dio comienzo en 2010. Desde entonces se han celebrado dos elecciones municipales y han pasado hasta tres nuevos alcaldes por el Ayuntamiento. Aún así este PGOU, que nunca se aprobó, no se ha terminado de pagar hasta el pasado mes de diciembre, cuando la concejalía de Urbanismo abonó los últimos 89.748 euros pendientes al gabinete dirigido por el arquitecto Jesús Quesada (quien también estuvo imputado en el proceso judicial).
“Es evidente que la Justicia española podría tener más medios, pero si este caso se ha demorado tanto ha sido sobre todo por otras razones. Al incluir a Alperi en las listas electorales del PP en 2011, recibió un aforamiento como diputado autonómico que lo ralentizó todo. Además la defensa de Castedo también ha intentado retrasar el juicio todo lo que ha podido a base de interponer recursos” nos explica José Luis Romero.
Por otro lado, el abogado de EU también reconoce la gran complejidad de esta causa. “Un PGOU no es peccata minuta. Hablamos de un procedimiento de unos 35.000 folios en 140 tomos. Francamente no creo que los jueces instructores hayan trabajado lento en este caso” nos asegura.
Quedan otras causas pendientes
Cabe recordar también que este caso no es sino una pieza concreta de toda la trama Brugal. El propio Enrique Ortiz todavía tiene pendiente otra causa judicial en la que se encuentra procesado por el presunto amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Por tanto, el controvertido empresario alicantino todavía no ha logrado esquivar definitivamente la prisión. En concreto, la Fiscalía solicita una pena de 17 años para él.
