Jorge Espí Llopis y Dante Leonardo Tapia Durán. Abogados
La contratación pública supera el quince por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), dato que obtenemos de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) que además ha estimado en 48.000 millones de euros el importe de los sobrecostes por falta de competencia en las licitaciones públicas. Una auténtica sangría para el Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos a la que nadie parece querer poner remedio.
Algunas obras luego superan hasta en un 500% el valor por el que fueron adjudicadas
Descontrol en las contrataciones
Nos encontramos con los dos esquemas clásicos de las contrataciones o licitaciones de servicios. Por un lado, el ofertar una obra más barata que es adjudicada y posteriormente por sobrecostes se va encareciendo, llegando hasta casos en los que llega a superar en un 500 por cien el valor inicial.
En ese supuesto las otras empresas que concursaron y se quedaron fuera de los pliegos o de la adjudicación por ser más caras, ven la injusticia clara puesto que ellos licitaron apostando por su verdadero coste.
Las ‘bajadas temerarias’ son claras cuando se ofrece el producto por debajo de su coste
Y por otro lado nos encontramos esas bajas, antiguamente llamadas temerarias, dónde por muchas vueltas que le des no salen los precios por ningún lado. Y los otros concursantes, o licitadores, cuando calculan el valor de las horas del trabajo, el material empleado o simplemente productos a valor mercado, no les salen las cuentas.
A veces no se sabe cómo, pero aparecen precios inalcanzables por otros licitadores
Tipos de dumping
El procedimiento para admitir o no una oferta incursa inicialmente en baja anormal está bien desarrollada en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Y es que hay casos donde esas bajas temerarias esconden el tener pérdidas simplemente porque el licitador prefiere perder dinero antes que despedir al personal, o generando dumping social que es una práctica mediante la cual las empresas reducen costes aprovechándose de los salarios bajos o a través de los denominados contratos basura.
O dumping económico y tecnológico en los propios productos cuando las ventas de material informático, servidores de red, desarrollos web u otros productos como banners, se realizan a precios inferiores a los fijados por la misma empresa en el propio mercado. Al final no se sabe cómo, por ciencia infusa, aparecen unos precios inalcanzables por otros licitadores que no comprenden la situación.
Casos de corrupción
La relación es inevitable, y es que son sonados los escándalos de corrupción como el caso del 3%, también caso ADIGSA y caso Convergencia, con el cobro de comisiones ilegales en un porcentaje del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por la Generalidad de Cataluña de los Pujol, Más, etc., que fue mencionado por primera vez en el Parlamento por el presidente de la Generalidad Pasqual Maragall.
En este caso revela, además, la estrecha relación existente entre el fraude en la contratación y adjudicación pública con la financiación irregular de los partidos políticos por medio de comisiones, que los adjudicatarios repercuten en forma de mayor precio y menor calidad.
También nos encontramos en el caso de la gestión privada de servicios públicos, de mayores tarifas para los usuarios. No por casualidad los datos demoscópicos indican que la corrupción ya es, junto a la situación de la covid-19, desempleo, ertes, etc. una de las principales preocupaciones de los españoles.
Los ejemplos son de todos conocidos: Caso Gürtel, con siete años de investigación por parte de varios Tribunales. El caso Imelsa, en el que hay según el TSJCV 115 investigados (personas físicas y jurídicas). La Operación Taula, según los datos facilitados por el TSJCV, el titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia está investigando a un total de 50 personas. El Caso Emarsa, que está siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia…
Caso Brugal
Y aquí en nuestra provincia tenemos el Caso Brugal. Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
En el primer juicio la Audiencia Provincial de Alicante consideró que las pruebas obtenidas después de los audios grabados ilegalmente por el empresario de la basura contaminan todas las posteriores, pero el Supremo lo tendrá que ratificar; actualmente se encuentra recurrido por fiscalía. El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.
En Orihuela hay procesadas 14 personas, incluido el ex presidente de la Diputación Provincial de Alicante. En la pieza separada del PGOU de Alicante están investigados 21 personas, incluida la exalcaldesa Sonia Castedo, actualmente en procedimiento en la Audiencia Provincial de Alicante y cuya sentencia seguramente se sabrá en este mes de diciembre.
Europa busca proporcionalidad
Europa quiere poner medidas para frenar estos desaguisados y es que la nueva Directiva Europea recuerda, en su art. 18, apartado 1, que “los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada». Se considerará que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos”.
Ponemos algunos ejemplos de sobrecostes: El Supremo condena al Consell a pagar 14 millones en sobrecostes de la obra de la avenida de Denia de Alicante o el caso de Torrevieja en el que se pagó un sobrecoste de 16 millones en la desaladora.
A nivel nacional los más escandalosos son la Terminal T-4 Barajas, con un importe final del 500 por cien por encima de lo presupuestado inicialmente, o lo que es lo mismo pasó de adjudicarse por 1.033 millones de euros a tener un precio final de 6.200 millones. También la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia sufrió un incremento del 316 por cien sobre los 308 millones de euros previstos al inicio, convirtiéndose en 1.281 millones. O el túnel de Pajares que pasó de los 1.085 presupuestados a los 3.881 millones de euros, un 258 por ciento más.
