Políticos querellados por una supuesta corrupción que nunca se demuestra. Medidas administrativas que son llevadas al juzgado sin ser ilegales. Declaraciones políticas que acaban en los tribunales sin que constituyan ningún delito. E incluso tuits de políticos que son denunciados por otros políticos aún estando amparados por la libertad de expresión.
Todo esto se ha convertido en una realidad muy presente de la política española actual. Los diferentes partidos cada vez se presentan más denuncias entre sí. Como resultado ahora tenemos una política más judicializada que nunca, donde muchas veces las decisiones no se toman en las administraciones públicas sino más bien en los juzgados.
Ahora bien, ¿son necesarias todas estas denuncias? Por supuesto algunas sí son procedentes y causan serias consecuencias sobre los políticos denunciados. Sin embargo otras muchas de estas querellas acaban literalmente en nada, pues ni siquiera llegan a juicio al carecer de un mínimo fundamento jurídico. En este periódico hemos querido repasar algunas de estas segundas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha perdido dos denuncias interpuestas contra PP y Vox por tuits
Política nacional
Empezando a nivel nacional, el Gobierno de España ha visto últimamente como los tribunales le tumbaban dos denuncias interpuestas a la posición por simples tuits. Una fue a raíz de la polémica publicación por parte de Vox de un fotomontaje con ataúdes. La segunda, por un retuit del PP de un vídeo donde un humorista bromeaba sobre la ficticia muerte del presidente Pedro Sánchez.
Si bien es bastante discutible el buen gusto de estas publicaciones en Twitter, ninguna de las dos es causa de delito. Así lo establecieron los tribunales, que desestimaron las denuncias interpuestas por el PSOE y el Ministerio de Justicia.
Igualmente a título personal la ministra de Igualdad, Irene Montero, demandó a la concejala Cristina Gómez de Vox en Galapagar por un supuesto acoso diario a su domicilio. Otra querella archivada.
Eso sí, los miembros del Gobierno también saben lo que es estar al otro lado del tribunal recibiendo denuncias sin fundamento jurídico. Por ejemplo, prácticamente todas las interpuestas por Vox sobre la gestión de las residencias de ancianos durante esta pandemia han sido desestimadas. También la que dicho partido impulsó contra el actual vicepresidente segundo Pablo Iglesias hace unos años por un inexistente blanqueo de capitales en un dinero que cobró de Venezuela.
El PP denunció a empresas del hermano de Ximo Puig por un presunto fraude que no fue tal
Política autonómica
Mirando tierras más cercanas, la Comunidad Valenciana también ha sido un importante campo de batalla judicial entre Govern y oposición con resultados no siempre muy satisfactorios para el denunciante.
Ya en la época de los gobiernos populares de Camps o Fabra muchas denuncias de la oposición (PSOE, Compromís e IU) fueron rechazadas por la Justica. Podríamos destacar el caso Fórmula 1, donde tres piezas han sido ya archivadas aunque aún queda una cuarta en investigación.
Lejos de aprender la lección, cuando el PP pasó a la oposición también continuó haciendo política por la vía judicial llevándose varios varapalos en el intento. Uno de los más sonados fue el archivo a su denuncia contra las empresas de Francis Puig (hermano del president Ximo Puig) por un presunto fraude en una subvención autonómica.
En La Nucía la oposición mantuvo durante seis años una denuncia contra el alcalde que acabó siendo archivada
Política municipal
Lo local tampoco se libra de estas luchas políticas llevadas a los tribunales que no van a ninguna parte. Por ejemplo cuando el popular Luis Barcala (actual alcalde de Alicante) estaba en la oposición denunció al gobierno municipal, entonces dirigido por el socialista Gabriel Echávarri, por falta de transparencia, sin ningún éxito.
Un caso bastante más farragoso fue la querella contra el alcalde Bernabé Cano y otros concejales del PP en La Nucía por supuestas irregularidades en pagos de nóminas. Los denunciantes PSOE y CDL (ahora Cs) mantuvieron el caso abierto durante seis años a base de recursos, que se acabaron quedando en nada. Curiosamente el propio alcalde Cano también perdió una denuncia contra un concejal de Compromís por una carta que éste publicó criticando su gestión.
Unas supuestas irregularidades en la Media Maratón de Santa Pola también llevaron a que los populares denunciaran a la antigua alcaldesa socialista Yolanda Seva y la edil de Deportes. El caso fue desestimado, aunque todavía hay una segunda denuncia en curso interpuesta por el Club de Atletismo.
En Altea el actual alcalde Jaume Llinares (Compromís) denunció a su predecesor en el cargo Miguel Ortiz (PP) por prevaricación, fraude y malversación en la construcción del pabellón polideportivo. Todo ha sido archivado.
El PP de l’Alfàs del Pi también cuenta con un cierto historial de denuncias fallidas por casos de presuntas irregularidades en licencias concedidas por el Ayuntamiento del socialista Vicente Arques para campings o cines de verano.
Las consecuencias
Todas estas denuncias sin sentido jurídico no solo fueron inútiles desde el punto de vista político, sino que también contribuyeron a colapsar todavía más nuestro ya de por sí bastante lento sistema judicial.
Algunas de estas querellas encima han sido financiadas directamente con dinero público, como las interpuestas por el Ministerio de Justicia u otras administraciones políticas. En otros casos son costeadas por los partidos políticos, si bien conviene recordar que gran parte de la financiación que éstos reciben también proviene del bolsillo del contribuyente.
A veces incluso estas denuncias infundadas pueden ocasionar un daño difícilmente reparable a la persona. Un ejemplo significativo es el de Carmen Montón, primera ministra de Sanidad nombrada por Pedro Sánchez que dimitió por una denuncia anónima que puso en entredicho la validez de su máster académico. A pesar de que el juzgado acabó archivando dicho pleito, Montón nunca recuperó el puesto que hoy ocupa Salvador Illa.
Querellas determinantes
Por supuesto, algunas querellas políticas sí encuentran fundamento en los juzgados y acaban siendo determinantes en política. Por recordar dos ejemplos cercanos, fueron denuncias las que provocaron la dimisión de Echávarri como alcalde alicantino o la paralización del primer decreto de plurilingüismo que pretendía impulsar el conseller Vicent Marzá para la educación valenciana. La demanda judicial es una figura clave en nuestra democracia, sustentada en la separación de poderes.
No obstante quizás se podrían evitar colapsos en la Justicia, daños colaterales sobre inocentes y sobrecostes innecesarios, simplemente si los partidos políticos adquirieran más por costumbre consultar el recorrido real de una posible denuncia a un buen profesional jurídico antes de disparar el gatillo.
