Los muchos -y casi siempre complejos- mecanismos que establecen las distintas administraciones para, en teoría, ayudar a los ciudadanos, pueden convertirse en un auténtico laberinto repleto de callejones sin salida en forma de formularios, sellos, visados, instancias, ventanillas e instrucciones que bien podría haber redactado el autor de los jeroglíficos de un suplemento dominical.
Si la aventura de adentrarse en esos procedimientos ya resulta una misión imposible para los nacionales de un país, ni qué decir tiene que para los residentes extranjeros la perspectiva es desoladora. Al muchas veces escaso conocimiento del idioma se une, y no es una cuestión baladí, el desconocimiento de un sistema que, en muchos casos, no tiene correspondencia con el de sus países de origen, y eso provoca no sólo la incomprensión de ciertos trámites sino también desconfianza.
Un sistema único
Lo saben bien buena parte de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, especialmente los de sus zonas costeras, que llevan años tratando de explicar a sus residentes de otras nacionalidades la importancia capital que para esos municipios tiene que sus nuevos vecinos se registren en el padrón municipal, un listado que en la mayoría de países de nuestro entorno, sencillamente, no existe.
Certificar en la oficina del padrón el lugar de residencia permite, entre otras muchas cosas, escolarizar a los menores, asistencia sanitaria o el acceso a servicios y ayudas públicas. Sin embargo, la mayoría de los nuevos residentes que llegan a zonas turísticas son de edad avanzada (por lo que el tema educativo les queda lejos), con un poder adquisitivo elevado (por lo que suelen contar con seguros médicos privados) y con pensiones o activos en sus países de origen.
Este último punto es crucial para entender la reticencia a dar el paso de empadronarse. Muchos de ellos confunden el padrón con el permiso de residencia y, por lo tanto, temen las repercusiones fiscales que pueda tener ese paso en sus economías.
El aumento ha llegado al 40% en algunas poblaciones respecto a lo que ha venido siendo habitual en los últimos lustros
Aumento espectacular
Sin embargo, hay un colectivo que en los últimos dos años ha acudido en masa a las oficinas municipales de toda la provincia para dejar constancia que son vecinos del municipio de turno: los británicos. Tan amantes del sol, la gastronomía y el ‘spanish way of life’ como de su Union Jack, el Brexit les ha despojado de muchísimos derechos que tenían adquiridos por ser ciudadanos de la UE y, por lo tanto, no les ha quedado más remedio que regularizar su situación a marchas forzadas.
Aunque las cifras de 2020, último año pre-Brexit, todavía no se han cerrado, las diferentes fuentes consultadas por AQUÍ Medios de Comunicación hablan de un aumento espectacular de británicos empadronados a lo largo y ancho de la provincia. Unas cifras que, en términos porcentuales, llegan a rozar el 40 por ciento en algunas poblaciones respecto a lo que ha venido siendo habitual en los últimos lustros.
Y eso, teniendo en cuenta que son la colonia más numerosa en términos generales, hace pensar que cuando se publiquen las próximas cifras oficiales el censo provincial se va a ver incrementado de forma espectacular. Un factor al que, como indican desde los propios consistorios alicantinos, se va a sumar el nuevo ‘incentivo’ que han encontrado muchos de ellos para dar el paso: tener acceso a las vacunas contra la covid-19.
El impacto económico potencial para los ayuntamientos supera de largo los cien millones de euros
Un reto millonario
Efectivamente, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto, para muchos de los británicos que residían de forma habitual en la provincia de Alicante, una restricción muy importante en su libertad de movimientos. Lo que antes era invertir unos minutos y unos pocos euros en un billete ‘low cost’ a su país, es ahora un proceso más complicado para aquellos que tienen que justificar largas estancias fuera de su isla.
El aluvión fue tal en algunos consistorios, que incluso se vieron obligados a reforzar las dotaciones de personal de sus oficinas de empadronamiento. Y todo eso, ¿por qué? ¿A qué se debía tanto interés y facilidades? La razón es doble: primero, porque los municipios reciben una cantidad determinada por cada habitante -se puede redondear en unos 400 euros- a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE); pero también porque el INE lleva años haciendo ‘limpieza’ de padrones, lo que ha provocado importantes descensos poblacionales en no pocos municipios.
Para hacernos una idea más concreta de lo que está en juego, bastan unos datos muy sencillos y un pequeño ejercicio de aritmética: a principios de 2020, después de que los más previsores ya hubieran pasado a formar parte del padrón municipal de sus lugares de residencia, se calcula que quedaban cerca de 300.000 británicos pendientes de regularizar su situación en la provincia (a los que hay que sumar extranjeros de otras nacionalidades en esa misma situación). El cálculo es sencillo: una suma de ingresos potencial que supera los cien millones de euros.
El descuadre entre población censada y real provoca escasez de servicios públicos en muchas zonas turísticas
Reparto de servicios
Hay que tener en cuenta que todos (empadronados y no empadronados) hacen uso de servicios públicos cuya organización y concesión, en muchos casos, dependen de administraciones supramunicipales que basan su reparto en la población censada. Así, la ratio de médicos, ambulancias, profesores, aulas o policías por habitantes puede parecer correcto sobre el papel, pero no soporta la realidad de la calle.
Así pues, la suma del Brexit y el deseo de muchos de estos vecinos, casi todos en grupos de riesgo, por entrar en las listas de vacunación prometen que la próxima actualización del censo provincial arroje un aumento poblacional espectacular del que, a la larga, todos saldremos beneficiados.
