Por fin, si el bipartito cumple con lo acordado en el pasado pleno, Elche contará en una fecha no muy lejana con un protocolo de Prevención e intervención de la conducta suicida.
El pasado día 10 de septiembre se conmemoraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, primera causa de muerte no natural o externa de los españoles. Actualmente las personas que deciden acabar con sus vidas son el doble de los que fallecen en accidentes en carretera y la primera causa de muerte entre los más jóvenes, habiendo aumentado un 250% en el último año.
El coronavirus, el confinamiento, la crisis económica, la pérdida de familiares por la covid-19, el no poder despedirse, la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre generada por la situación en general, han puesto en alerta a colegios de psicólogos y psiquiatras, que advierten que existen ahora más probabilidades de padecer algún trastorno mental como depresión y, en las personas con ideas suicidas, un mayor riesgo de suicidio.
Si ya hablamos de los colectivos más expuestos a situaciones traumáticas como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) y personal de emergencias, las estadísticas aumentan de manera alarmante, habiendo aumentado la demanda de atención psicológica en estos colectivos entre un 20 y un 40%. Hay que tener en cuenta que la tasa de suicidios a nivel FFCCSS antes de la pandemia ya se estimaba nueve veces mayor que en el resto de la población española (el suicidio de agentes es de media uno cada 43 días).
«El suicidio está silenciado en nuestra sociedad por todos los sectores»
El suicidio está silenciado en nuestra sociedad por todos los sectores, por los medios de comunicación, por la administración, y debemos darle la importancia que se merece y trabajar todos de la mano para poner los medios necesarios en apoyo a aquellos que están en primera línea y que son los que se encargan de cuidarnos y de protegernos, pero, ¿quién los protege a ellos? ¿quién les da apoyo y de ayuda tras esas intervenciones que en ocasiones los ponen al límite?
Por ello me preocupa la situación en la que se encuentran aquellas personas que por su profesión son los que entran en contacto primero con el suicida, personas que se encuentran igualmente desprotegidas y constituyen un colectivo de riesgo al que hay que prestar también ayuda y que, en la mayoría de las ocasiones, debe de dar una respuesta rápida y eficaz en cuestión de segundos a situaciones que puede cambiar la vida de muchas personas y de la que siempre tendrán que dar explicaciones.
Una administración que no apoya a los suyos, no puede buscar la corresponsabilidad cuando aquella lo necesite; tenemos que apoyar a los nuestros, cuidar su salud mental, por lo que es necesario que, desde los poderes públicos, en este caso desde el ayuntamiento, se adopten medidas de contención y de prevención, siendo necesaria la intervención de profesionales de manera transversal que traten a este personal y realicen un seguimiento del mismo durante todo el proceso hasta el alta definitiva.
La administración municipal tiene la competencia de prevención de enfermedades, promoción de entornos y estilo de vida saludable, y apoyo a entidades que trabajan sensibilizando y luchando contra estigmas vinculados a determinados estados de salud. Todo eso lo conseguiremos con ese ansiado protocolo que desde hace mucho tiempo es necesario para nuestro personal, sobre todo para la Policía Local y los equipos de emergencias, y que próximamente verá la luz.
