Finalmente no hubo sorpresa ni marcha atrás y el gobierno local de Altea ha aprobado, en la sesión plenaria celebrada el último viernes del pasado mes de mayo, la nueva Ordenanza de Ocupación de Dominio Público.
Como ha venido contando este mismo medio de comunicación a lo largo de los últimos meses, esta nueva ordenanza ha sido motivo de enfrentamiento no sólo entre los dos partidos que conforman el gobierno local y las fuerzas de la oposición, sino también entre el ejecutivo y una parte del sector hostelero, especialmente el del frente marítimo.
El gobierno local ya avisó en su momento de que su posición era firme y que no daría marcha atrás
Posición firme
Cuando el pasado mes de octubre el enfrentamiento entre algunos hosteleros y el gobierno local llegó a su punto álgido, el alcalde de la Villa Blanca, Jaume Llinares, ya adelantó a AQUÍ en Altea que su determinación por llevar adelante la medida ahora aprobada era total. “Dar marcha atrás a los cerramientos no va a ser posible”.
Llinares lanzó un órdago que sólo el tiempo podrá determinar si le saldrá bien o mal. Una herencia, ya en su caso, que deberá asumir Diego Zaragozí, próximo alcaldable por parte de Compromís en las elecciones de 2023 y que tiene ahora la misión de demostrar que esta medida, que Llinares afirmó en octubre que “podría cambiar el próximo gobierno” en caso de que la alcaldía cambie de color político, es positiva para los intereses generales del municipio.
Uso compartido de la calle
Hasta que el examen cuatrianual de las urnas determine si esta medida se convierte o no en una losa electoral para Compromís, sus responsables siguen defendiendo que, la Ordenanza de Ocupación de Dominio Público con Veladores y otros elementos, servirá para “regular los intereses comunes del sector hostelero y de los vecinos por el uso compartido de las vías públicas”.
Una medida que, además de los votos favorables de Compromís y PSPV-PSOE, socios de gobierno en la Villa Blanca, contó con el apoyo de Altea amb Trellat, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.
«La ordenanza permitirá regular los intereses comunes del sector hostelero y de los vecinos» D. Zaragozí
Medida positiva
El actual concejal de Infraestructuras y próximo candidato a la alcaldía por parte de Compromís, Diego Zaragozí, defendió la necesidad de aprobar la ordenanza y que, a su juicio, se trata de “un paso que es muy importante, porque marca el final de un proceso que será bueno para todos y permitirá la entrada en vigor de unas reglas que, en su mayoría, ya cumplen muchos negocios y que al final se comprobará que son positivas”.
Sin repetirlo, el edil alteano incidió con estas palabras en el hecho de que, como viene defendiendo el gobierno local desde el inicio de esta polémica, la actual situación de algunos de los cerramientos que se pueden ver en las calles de Altea, especialmente en el frente marítimo, son ilegales ya que nunca contaron con la preceptiva licencia municipal.
Situación de ilegalidad
De hecho, el propio Llinares ha afirmado que “durante un tiempo ha habido dejadez” al respecto. Algo que ha provocado que “las personas hayan ido adaptando sus negocios para sacarle la mayor rentabilidad posible. Eso lo entiendo, pero llega un momento en el que hay que regular esas situaciones que se han generado fuera de control”.
Ya en su momento, tras una tensa sesión plenaria el pasado mes de septiembre, el alcalde de la Villa Blanca no dudó en utilizar “la palabra ilegal porque es cierto: están sin licencia y, por lo tanto, fuera de ordenación”.
A lo que no da respuesta, en cualquier caso, la aprobación de esta nueva ordenanza es a la gran pregunta de cómo fue posible que se acumularan años y años en los que, básicamente, los empresarios pedían permiso para instalar sus cerramientos y las distintas corporaciones que en Altea han gobernado se mostraran comprensivas, permitieran su colocación y nunca optaran por regularlos. Al menos, hasta el pasado mes de mayo.
Desde el gobierno se pone el foco en las «ventajas» que la nueva ordenanza supondrá para los hosteleros
Periodo de adaptación
Diego Zaragozí defiende que la aprobación definitiva de esta norma permitirá “establecer un equilibrio donde en determinadas zonas de carácter público, quien tiene un negocio y quien quiera pasear libremente tengan aseguradas sus oportunidades” y que eso “repercutirá en el beneficio de todos”.
No obstante, Zaragozí también explicó que la entrada en vigor de esta ordenanza establece un periodo de adaptación de un año para los establecimientos, para que el proceso de cambio no interrumpa ni distorsione el inicio de la temporada estival.
Además, subrayó lo que considera “importantes ventajas incluidas en la nueva regulación. Entre ellas, que las renovaciones serán automáticas, es decir, que una vez que pidan la autorización para instalar parte de su negocio en la vía pública, cada año será renovado por sistema, lo que supone un ahorro de tiempo y trámites considerables”.
