España ha sido y es un país de inmigrantes, en diferentes periodos históricos. Pero ahora nos cuesta asumir que necesitamos de la inmigración de otros países para salvar nuestros sistema y Seguridad Social.
Mantener el sistema
Son muchos los inmigrantes que han llegado a España en los últimos años, sólo tenemos que ver las cifras del INE. La realidad es que el envejecimiento poblacional hace necesario tirar de la inmigración reglada, regulada y de alta en la Seguridad Social, que nos permita mantener el sistema que está en caída libre.
España vuelve a ser la principal puerta de entrada de la UE para la inmigración irregular. En total suma algo más de 41.000 entradas irregulares por tierra y mar, frente a las 34.100 de Italia y las 15.500 de Grecia, según cifras del 1 de enero de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR.
El envejecimiento poblacional hace necesario tirar de la inmigración reglada
11,4% del total de población
A fecha de enero de 2021, las personas extranjeras residentes en España alcanzaban las 5.407.822, representando el 11,4% de la población total. Las comunidades autónomas con mayor proporción de personas extranjeras son Islas Baleares (18,7%), Cataluña (16,1%) y Comunitat Valenciana (14,7%).
El 53,9% de las personas extranjeras se sitúa en la franja de edad entre 16 y 44 años frente al 33,1% de las personas españolas. En el caso de los ciudadanos en situación administrativa irregular, por encima del 20% de las mujeres tienen más de 40 años, frente al 4% de los hombres.
Según datos del 2021 publicados por Gesdata, Alicante (43.374) y València (36.410) se sitúan en tercera y cuarta posición nacional en la recepción de inmigrantes.
Complicarlo todo
Una vez en España empiezan los problemas, los que llegaron de forma ilegal se esperan dos o tres años, medio escondidos, para alcanzar el arraigo social o solicitar el arraigo laboral, y si tiene un hijo nacido en España solicitar arraigo familiar. Y ese proceso no debería durar más de tres meses pero la administración, y en concreto la unidad de extranjería, se encarga de complicarlo.
Resoluciones lentas de más de seis y nueve meses (Barcelona, Madrid y Navarra están tardando en resolver entre 8 y 9 meses). Si a eso añadimos la dificultad durante estos procesos pasados de la covid, donde era imposible regresar a su país o solicitar documentación al estar la movilidad reducida a cero, pues se suma la dificultad para conseguir un contrato de trabajo. El empleador no está dispuesto a esperar nueve meses para poder llenar esa plaza vacante o que su familiar a cuidar este solo este tiempo.
La situación administrativa es un factor más de discriminación y provoca en muchas personas migrantes efectos devastadores
Desesperación ciudadana
Pongamos un ejemplo: Usted quiere contratar a una trabajadora del hogar para que cuide a su padre, ¿esperaría nueve meses para contratar a esta persona hasta que salga su resolución favorable de extranjería? La persona que quiere regularizarse y pagar su Seguridad Social se queda sin esa oferta, todo porque la administración esta congestionada… o como decía Larra: Vuelva usted mañana, entendiendo el mañana en vuelva dentro de muchos meses y ya veremos.
Otro ejemplo: para tener su nueva tarjeta necesitan depositar sus huellas, pero no tienen forma humana de solicitar hacerlo porque siempre se encuentra el cartel de “No hay”, entras a la pagina para solicitar cita y no la encuentras. Y así van pasando los días con la desesperación de los ciudadanos que ven que puede caducar sus derechos y pasar a una situación de ilegalidad, con el sufrimiento que les ha costado el llegar hasta ese punto.
Esta situación se ve agravada en el caso de las personas extranjeras que no disponen de residencia permanente ya que, además del problema económico que supone la falta de empleo, también condiciona su situación administrativa, puesto que la ley de extranjería vincula directamente la concesión y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo a la obtención de un empleo y a una solvencia económica de los empleadores, que en el contexto actual es difícil de cumplir tras la pandemia.
Personas desamparadas
La situación administrativa es un factor más de discriminación y provoca en muchas personas migrantes efectos devastadores al verse abocadas a trabajar en la economía sumergida, en sectores muy precarizados y verse expuestas a sufrir abusos y, en el caso de las mujeres, se suma la violencia sexual y la discriminación por razón de género a la que están más expuestas en situaciones de vulnerabilidad y desprotección.
Empleadores que modifican los contratos para volverlos más precarios ocurre, sobre todo en las empleadas del hogar. Las tienen trabajando, cuidando a su familiar, por menos del salario base; no tienen salidas diarias y solo les dejan salir un día a la semana, que lo decide el empleador o empleadora (jueves y vuelve viernes) que no puede ser un fin de semana; entre 14 y 16 horas trabajadas a diario, y si a eso le añadimos las dificultades de la Inspección de Trabajo para actuar al ser domicilios particulares, estas personas están completamente desamparadas.
Muchas veces las unidades de extranjería se resisten a dar trámite a la orden del juez que dicta el derecho de esa persona a residir en España
Ignorar las sentencias
Hay disparidad de criterios por parte de extranjería a la hora de la recuperación de las tarjetas de larga duración. Mientras la unidad de València sí acepta y en su página web da la opción de recuperación una vez finalizada, en Alicante la extinguen enviando al país de origen al afectado para que inicie desde el consulado español de turno la solicitud de esta, pasando hasta un año en un exilio forzoso hasta conseguir su tarjeta de larga duración.
Otro problema frecuente son las sentencias en los contenciosos administrativos; una vez resueltas, las unidades de extranjería se resisten a dar trámite a las mismas encontrándose los extranjeros en una situación complemente vulnerable, que ven como pasan los días y no pueden solucionar el problema a pesar de que es un juez quien dictó su derecho a residir en España.
Actualmente se encuentran en España entre 390.000 y 470.000 personas extranjeras en situación administrativa irregular.
Solución necesaria y urgente
Algo tendremos que hacer, lo más fácil debe ser facilitarles los trámites para que queden regularizados y que pasen de un mercado fuera de la ley, a un mercado regulado y donde coticen a la Seguridad Social.
El trato de nuestras unidades de Extranjería deja mucho que desear y el trato de la policía en las Comisarias tampoco es el mejor posible. Siempre pongo el mismo dilema: ¿les gustaría ser tratados a ustedes igual si tuviesen que emigrar de España a cualquier otro país?
Por: Dante Leonardo Tapia Durán, abogado
