Un juzgado de Benidorm ha condenado al Ayuntamiento a admitir como trabajadora fija a una empleada que, desde el año 2013, venía realizando su labor como técnico de programación como, según han explicado a AQUÍ en Benidorm el secretario local del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), Paco Ángel González, falsa autónoma.
Según González, esta sentencia llega como consecuencia no sólo de la denuncia interpuesta por el SPPLB, sino también por la jurisprudencia que emana de una decisión del Tribunal Supremo del año 2018, que establece que se considera como falso autónomo a aquel trabajador que “tiene que acudir a la oficina o lugar de trabajo del cliente diariamente y con un horario fijo, que recibe encargos de trabajo que no puede rechazar, que recibe una retribución determinada de forma unilateral y que no tiene capacidad de decidir sobre la organización del trabajo, ni sobre la carga del mismo”.
«Son ya treinta y cinco condenas con un coste total cercano a los 700.000 euros para las arcas públicas» J. Balastegui
Sentencia pionera
González subraya que la dictaminada por la Justicia es “una sentencia pionera porque es la primera que se le gana al ayuntamiento de Benidorm en este ámbito”. Una decisión que implica que a esta trabajadora “se le va a pasar al régimen laboral. La trabajadora no va a perder ningún derecho y como facturaba con IVA, ese IVA está considerado como salario y vamos a solicitar a la Agencia Tributaria su devolución y que luego se le repercuta al ayuntamiento”.
El secretario del SPPLB insiste en que en el Ayuntamiento de Benidorm “sigue habiendo autónomos en distintas áreas”, y avanza que “nosotros estamos dispuestos a ayudar y facilitarles el asesoramiento a todos ellos” porque “no se puede aceptar que en un ayuntamiento como el de Benidorm se tenga que ir todos los días al juzgado para que se reconozcan los derechos de los trabajadores”.
Aplicación errónea de la VPT
Un revés judicial para el Ayuntamiento al que también hay que sumar la sentencia que, igualmente a instancias de una denuncia presentada por el SPPLB, ha dado la razón a un trabajador del área de Turismo al que se le había aplicado erróneamente la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).
Así, según ha explicado el SPPLB en un comunicado, a este trabajador se le habían aplicado las condiciones de oficial de segunda, cuando su puesto de trabajo es el de encargado del almacén de la mencionada área de Turismo. Un trabajador, además, que desde hace más de una década viene realizando labores “fuera de su jornada laboral, tales como traslados de personal a aeropuertos o trabajos destinados a las promociones turísticas encabezadas por la Fundación Visit Benidorm”.
«Es un reflejo claro de la desastrosa gestión que está realizando el gobierno de Toni Pérez en el área de Personal» J. Balastegui
Solución sencilla
Unas labores que, según la nota del sindicato, le fueron “eliminadas de un plumazo”. Paco Ángel González explica que este error en la aplicación de la VPT “podría haber sido subsanado de oficio y de forma inmediata para no perjudicar al trabajador pues estaba dejando de percibir las retribuciones a las que tiene derecho”.
En ese mismo sentido, y tras haber solicitado por escrito la subsanación de ese error, desde el SPPLB, “y al comprobar que se nos hacía caso omiso, advertimos que, de no atender las alegaciones, al haber transcurrido más de tres meses, acudiríamos a los tribunales de justicia para que pusieran orden. Y eso es lo que hicimos”, consiguiendo una sentencia que obliga al Consistorio a abonar 530 euros por cada mes, más los intereses desde que se aplicó la VPT.
35 condenas desde 2019
Esas son sólo dos de las últimas sentencias condenatorias llegadas al ayuntamiento por cuestiones laborales; una lista que, según ha explicado el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, se eleva ya a treinta y cinco condenas “con un coste total cercano a los 700.000 euros” para las arcas públicas.
Balastegui ha advertido que “desde octubre de 2019 hasta ahora, el ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a pagar hasta 680.000 euros a treinta y cinco trabajadores municipales por haberles encargado tareas ajenas a su puesto de trabajo”.
El SPPLB denuncia que muchas de estas sentencias se podrían evitar
Mala gestión
El portavoz ‘naranja’ ha subrayado, en ese mismo sentido, que “la mayoría de sentencias son de las áreas de Movilidad, Escena Urbana y Personal, a cuyos trabajadores ha habido que pagar también intereses de demora”.
Esta cifra es, según Balastegui, “un reflejo claro de la desastrosa gestión que está realizando el gobierno de Toni Pérez en el área de Personal, sin importarle el coste que ello está suponiendo para Benidorm en gasto económico y en merma de los servicios públicos” algo que Ciudadanos, subraya, viene denunciando desde “el inicio de la legislatura y reprochando al PP su nula capacidad en la gestión del personal municipal”.
Gastos extraordinarios
En opinión de Ciudadanos, los responsables municipales “están obligando a los funcionarios a denunciar al Ayuntamiento, que pierde todos los juicios, porque el gobierno del rodillo prefiere encomendar a determinados funcionarios el doble de tareas antes que sacar a concurso público las plazas que han quedado vacantes por jubilaciones o defunciones”.
Según los datos que ha hecho públicos Balastegui, “sólo este año la cuantía de sentencias ganadas por funcionarios asciende a 313.533 euros”. Además, el portavoz de Ciudadanos ha añadido que por esas mismas sentencias “el Ayuntamiento ha pagado 16.000 euros en intereses”.
Abundando en el ámbito de los gastos derivados de estas denuncias y sentencias, Balastegui añadía que a lo anteriormente expuesto hay que añadir “los gastos en procuradores y las bonificaciones extraordinarias por horas extras que encargan a determinados trabajadores de manera reiterada”.
