Con el complicado y siempre enrevesado lenguaje que se utiliza en la Administración para los documentos oficiales, máxime cuando estos son de índole jurídica o económica, un informe de veinticuatro folios firmado por el interventor municipal que ejerció el cargo hasta su jubilación el pasado mes de agosto y por el actual, que ocupa esa plaza de manera accidental, ha puesto en la picota buena parte de la gestión económica del equipo de gobierno de la capital turística de la Comunitat Valenciana.
De ese documento, llama poderosamente la atención la alerta que hacen los firmantes poniendo “en entredicho la gestión económica” debido a distintas “irregularidades”.
Un informe que pone el foco en la «inexistencia de un departamento específico de control financiero»
Falta de control financiero
Pero siendo esa una afirmación tremendamente poderosa, más lo es un párrafo, ya en el apartado de conclusiones, en el que se lee que “la inexistencia de un departamento específico de control financiero, unido a la generalizada actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control, que siempre se ha ejercido con las más variadas cortapisas, y cuando a duras penas se puede realizar una fiscalización previa de carácter básico, supone que no se considere materialmente factible la redacción, seguimiento y valoración de planes de acción concretos en materias con deficiencias de gestión”.
En otras palabras, los encargados del control de la gestión económica del Ayuntamiento de Benidorm denuncian en ese informe no sólo la escasez de medios para llevar a cabo su trabajo, sino también la falta de transparencia y colaboración de los responsables políticos para facilitar esa tarea.
De nuevo, FCC en el punto de mira
Aunque el documento está lleno de reproches y alertas sobre el funcionamiento diario de distintos departamentos del Consistorio, el grueso del mismo se centra en el gran elefante blanco que lleva años en la habitación política de la ciudad: el contrato de la basura y limpieza que mantiene, caducado desde hace casi un lustro, con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Esa situación de prórroga continuada desde hace años ha provocado que Benidorm esté pagando por servicios prestados sin que se pueda aplicar el tope del contrato que en su día se estipuló en el pliego de condiciones y que, por haber quedado caducado, es inexistente, lo que significa que el Ayuntamiento debe abonar a FCC las cuantías que la empresa les facture.
El interventor advierte de «la generalizada actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control»
Costes disparados
Esto, según el informe, hizo que el Pleno aprobara el 30 de diciembre de 2019 “la obligación de FCC de continuar prestando el servicio hasta la licitación de un nuevo contrato, aceptando el precio anual propuesto por la empresa de 11.065.238,77 euros. Esta aceptación aumentó el coste anual en 1.792.398,92 euros”.
En concreto, y redondeando las cifras, se pasó de los 9,2 millones de 2019 a los algo más de once millones de 2020 “para el mismo servicio”. Además, concluye que “para el ejercicio 2022 el importe se ha fijado, previo informe técnico, en 11.127.019,44 euros”.
Descontrol en los gastos menores
Siendo la parte relativa a FCC la más llamativa en cuanto a cuantías, no son esos los únicos reproches graves que hace el Interventor a la forma de proceder del gobierno local. Así, realiza duras críticas en lo que se refiere al día a día de la economía local o, dicho de otro modo, a los “expedientes de gastos menores”, y subraya que “las incidencias más relevantes” a las que han tenido que hacer frente se pueden resumir en cuatro grandes áreas.
En primer lugar, afirma que “en muchas ocasiones, los expedientes no motivan adecuadamente la necesidad del contrato menor, ni siquiera tras el informe de control”. Así mismo, apunta a que “en muchos expedientes tramitados no se adjunta informe del departamento correspondiente a la no alteración del objeto del contrato para evitar las normas de contratación”.
«Este informe plasma numerosas y graves irregularidades que ponen de manifiesto la desastrosa gestión bajo el mandato del PP» C. Escoda
Aprobación de gastos a posteriori
Por otro lado, critica que “con alguna frecuencia” se han producido aprobaciones de gastos “una vez realizado el servicio, suministro u obra”, es decir, que se encarga y se realiza una acción antes de que se apruebe de forma reglamentaria el gasto que ello conllevará.
E, incidiendo de nuevo en la falta de recursos para el control de la gestión diaria del Ayuntamiento, critica el Interventor que “en el ejercicio 2021 se han tramitado un total de 730 propuestas de autorización de gastos menores, siendo una única funcionaria la que realiza la fiscalización de todas ellas, sin que esté contemplada su suplencia”.
«Vulneración grave de la legalidad»
Otra de las advertencias que se recogen en el informe tiene relación con una de las grandes obras realizadas por el gobierno local y que ha sido, durante años, la abanderada de la modernización de la ciudad: la reforma integral de la avenida del Mediterráneo en la que, según el documento, “se vulneró gravemente la legalidad contractual”.
Y, una vez más, sale a relucir un nombre que, durante años, ha sido muy frecuente en estas cuestiones tan enrevesadas en las que se mezcla lo urbanístico, lo legal y lo económico: Enrique Ortiz.
«Nuestro Ayuntamiento ha quedado en muy mal lugar ante las irregularidades en la gestión de técnicos y concejales» J. Balastegui
El Moralet, en el punto de mira
Según el informe de Intervención, el Ayuntamiento abonó a Incobe, una de las empresas del empresario alicantino, 4.341.270, 71 euros complementarios de la cantidad inicialmente fijada para la expropiación del terreno de El Moralet por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, que ascendió a 5.963.131,29 euros.
Según este informe, esos 4,3 millones de euros extra “fue consecuencia del error provocado por la propia expropiada”, y subraya que “aunque el pleno municipal denegó inicialmente la solicitud de retasación, el letrado municipal aceptó ser parte en el expediente de retasación que, sin impugnar el acuerdo plenario, interpuso directamente la empresa ante el Jurado Provincial de Expropiación, y que luego impugnó en el contencioso” concluyendo, por todo ello, que “a juicio del firmante se debería encargar un informe jurídico externo para analizar si la defensa del expediente fue la adecuada”.
La oposición estudia indicios de delito
Los dos partidos de la oposición, PSPV-PSOE y Ciudadanos, han emitido un comunicado conjunto en el que han solicitado al Gobierno local de Benidorm “iniciar las acciones que sean necesarias para depurar responsabilidades jurídicas ante las graves acusaciones plasmadas en el informe del Interventor”.
Socialistas y ‘naranjas’, que también pondrán en manos de sus respectivos gabinetes jurídicos el documento, reclaman que “sea remitido a la institución que corresponda para frenar las malas prácticas que se arrastran desde la pasada legislatura en la gestión municipal”.
«Hay mucho que investigar y el PP debe iniciar acciones en la Fiscalía, Antifraude o el Tribunal de Cuentas» J. Balastegui
«Un informe demoledor»
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha destacado que es un informe “demoledor en el que la Intervención municipal plasma numerosas y graves irregularidades que ponen de manifiesto la desastrosa gestión bajo el mandato del PP, y que sin duda alguna debe conocer la ciudadanía”.
Escoda, además, ha criticado que la edil de Hacienda se refiriese a este informe como un documento que contiene “discrepancias de un técnico sobre el trabajo que realizan otros técnicos, cuando se habla de numerosas ilegalidades en expedientes de Recursos Humanos y Contratación”.
Pago ‘extraño’ de 7 millones
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, quien ha declarado que “nuestro Ayuntamiento ha quedado en muy mal lugar ante las irregularidades en la gestión de técnicos y concejales plasmadas en este informe”.
Balastegui ha explicado que “hablamos de asuntos de muchos millones de euros pagados con el dinero público, algunos denunciados por Ciudadanos varias veces, como los 4,4 millones de euros pagados a Ortiz injustamente o, por ejemplo, la sentencia de FCC donde hemos pagado 7,7 millones de una forma extraña, según el documento”.
«En 2021 se han tramitado 730 propuestas de autorización de gastos menores, siendo una única funcionaria la que realiza la fiscalización de todas ellas»
Mucho por investigar
Por último, el portavoz liberal ha recordado que “las prórrogas continuas de forma irregular realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm se mantienen a día de hoy» y ha puesto, como ejemplo, «la explotación del parking de l’Aigüera en manos de FCC”.
En definitiva, ha concluido el edil, hay “mucho que investigar y por ello el PP debe iniciar acciones de todo tipo, tanto a la Fiscalía, a Antifraude o al Tribunal de Cuentas… porque son asuntos muy turbios y de mucho calado”.
Un informe sobre el informe
Todas estas informaciones han caído como una bomba en la ciudad de Benidorm por la gravedad de las acusaciones que se recogen en el documento de Intervención.
Por ello, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha solicitado un informe al secretario del Ayuntamiento para que en el mismo se “determine el proceder que ha de seguir la alcaldía en relación al Informe resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm, ejercicio 2021, fechado el pasado 5 de octubre, y que formaba parte de la documentación del pleno extraordinario celebrado, en concreto del punto sobre la aprobación de la Cuenta General del pasado ejercicio”.
Según ha indicado la portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, el alcalde ha pedido tener dicho informe “a la mayor brevedad”. En concreto, Caselles ha explicado que “desde el máximo rigor y responsabilidad y con la mayor transparencia y diligencia, el alcalde ha remitido a la Secretaría General, que es el órgano jurídico municipal máximo, un oficio para que remita un informe sobre el proceder de la alcaldía en cuanto al Informe resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm, ejercicio 2021”.
