El Ayuntamiento de Benidorm está ultimando el despliegue de elementos tecnológicos que permitirán iniciar las pruebas de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del próximo 1 de enero de 2024, un proyecto de obligado cumplimiento para todos los municipios de más de 50.000 habitantes y que tiene como objetivo “mejorar la movilidad urbana y la calidad ambiental de las ciudades”. Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha comparecido públicamente junto al edil de Movilidad, Francis Muñoz, y un técnico de este departamento para explicar todos los detalles del proyecto, que abarcará una superficie total de 74 hectáreas del casco urbano y con el que Benidorm vuelve a ser pionero “desarrollando acciones para contribuir a mejorar la vida de nuestros ciudadanos”.
Toni Pérez ha recordado que el Ministerio todavía no se ha pronunciado sobre la solicitud de una moratoria impulsada por muchos ayuntamientos de todo el país, pero ha señalado que “independientemente de si se concede o no, Benidorm ha hecho los deberes e iniciará a partir de enero las pruebas de la Zona de Bajas Emisiones”. El alcalde ha señalado que esta fase de pruebas “se prolongará al menos hasta después de verano –quizá más allá si finalmente se decreta la moratoria– y que servirá para testar la nueva tecnología, para regular y adaptar los protocolos de acceso, circulación y gestión de la ZBE, así como para introducir posibles mejoras” que vengan de la mano de ciudadanos, colectivos o agrupaciones, dentro de un proceso participativo que se va a mantener abierto para este proyecto. Y, además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, indicando que su aplicación será “progresiva, flexible y se adaptará a las necesidades de residentes, turistas y sector del transporte”.
El primer edil ha recordado que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones viene contemplada en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, dentro de la cual se recoge la obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes apliquen distintas actuaciones encaminadas a fomentar una movilidad urbana más sostenible, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
Igualmente, ha destacado que el Consistorio “lleva mucho tiempo trabajando en sintonía con lo que recoge esta ley”. No en vano, en 2016, cinco años antes de la aprobación de esta la misma, “este Ayuntamiento ya aprobó su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para ordenar la movilidad en nuestro municipio bajo unas premisas que nos han permitido recuperar espacios para el peatón, mejorar la accesibilidad, impulsar el uso de medios de transporte más sostenibles como la bicicleta, generar miles de plazas de aparcamiento disuasorias y facilitar la recarga de vehículos eléctricos”.
La puesta en marcha del PMUS, por tanto, llevó a Benidorm a “anticiparse a lo que ahora nos exige la ley, perfilado una Zona de Bajas Emisiones que englobaba parte de la primera línea de Levante y Poniente, parte del centro urbano, y los accesos al Tossal de la Cala y la Cruz”, así como “operando restricciones de acceso y medidas de peatonalización en el casco antiguo y el barrio de El Calvari”, todo ello “para reducir la presencia de vehículos en estas zonas y favorecer el tránsito peatonal”, tal y como ha destacado Toni Pérez.
En paralelo al trabajo que se había desarrollado previamente, el Ayuntamiento de Benidorm obtuvo en febrero de 2022 una subvención de 3.170.250 euros de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 1.422.000 euros se destinaron “directa e íntegramente a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones”. Dentro de estas inversiones figuran la obra de la avenida Armada Española, la creación de calles de plataforma única en la zona de Maravall, o la implantación de nuevas calles de preferencia peatonal, al tiempo que se han mantenido o instaurado controles de acceso y circulación en el casco antiguo o ambos paseos marítimos.
Por último, el alcalde ha trasladado que durante el próximo mes concluirá la instalación de las últimas infraestructuras necesarias relacionadas con la ZBE, como las nuevas cámaras de lectura y reconocimiento de matrícula, a las que se sumarán dispositivos ya instalados, como los sensores ambientales que permitirán conocer la evolución y resultado de las medidas; y otros que entrarán en funcionamiento en enero, como una ‘app’ que permitirá a los usuarios gestionar desde su teléfono móvil permisos de acceso, conocer los mejores itinerarios o los aparcamientos disponibles y recibir toda la información relacionada con este proyecto.
Superficie afectada
La ZBE abarcará una superficie total de 74 hectáreas del término municipal, divididas en tres zonas: Levante, con 31 hectáreas, que abarcan el tramo de la avenida del Mediterráneo desde Europa hasta Plaza de la Hispanidad, las calles aledañas y el casco antiguo; la zona Centro, que abarca 35 hectáreas, comprendidas entre las avenidas de l’Aigüera y Jaime I; y la zona de Poniente, que se corresponde con las 8 hectáreas que configuran la primera línea desde Jaime I hasta Vicente Llorca Alós.
Por último, el primer edil ha aclarado que con la puesta en marcha de la ZBE “no se van a introducir nuevas restricciones” más allá de las que ya están en vigor en las zonas afectadas y que el objetivo final de este proyecto es “reducir las emisiones de CO2, tener menor contaminación acústica, que en nuestras calles haya menos riesgo de atropellos,…”. En definitiva, ha agregado Pérez, “mejorar la vida de miles de personas, que ya han visto un antes y un después en sus barrios en los últimos cinco años, y que van a seguir viéndolo a partir de ahora”.
