El Tribunal Supremo ha confirmado el rechazo al derecho al olvido del secretario judicial del Juzgado que instruyó la causa en la que se condenó a pena de muerte al poeta Miguel Hernández. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el hijo del secretario judicial, fallecido en 1998, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la negativa de Google y de la Agencia Española de Protección de Datos de suprimir 18 informaciones en las que se vinculaba el nombre del secretario judicial con el proceso que culminó con la condena al poeta Miguel Hernández en 1940. En el caso concreto, la Sala ha ponderado los derechos en conflicto y concluye que debe primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica frente al derecho al olvido.
La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha calificado la sentencia como “muy satisfactoria” porque, afirma, “la UA siempre ha seguido las especificaciones del reglamento europeo en materia de protección de datos que indican que, en caso de conflicto de dos derechos, derecho al olvido e interés de la investigación histórica, prima el segundo. Así lo ha mantenido y defendido siempre la Universidad de Alicante”.
Los antecedentes de la sentencia se remontan a 2019, cuando el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso a Miguel Hernández, demandó a Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante y autor de las investigaciones publicadas sobre este proceso en el que se condenó a muerte al poeta, unas investigaciones en las que su padre aparecía referenciado y de las que solicitó su borrado.
Tras la publicación de la resolución ayer del Tribunal Supremo, Carratalá ha declarado que “la sentencia del Tribunal Supremo es una excelente noticia para los historiadores, los periodistas, los archiveros y, en general, quienes nos ocupamos de mantener viva la memoria histórica de un período como la Guerra Civil y el franquismo”. El catedrático de la UA añade que “la sentencia refuerza nuestras garantías constitucionales porque evitará un uso no ponderado del derecho al olvido digital, que puede entrar en colisión con la libertad de expresión y de investigación de quienes realizamos estudios históricos”. Ríos Carratalá afirma que “la experiencia ha sido muy dura porque, desde 2020, soy objeto de insultos, descalificaciones y difamaciones por parte de quien me ha demandado. No obstante, espero que haya merecido la pena para garantizar nuestro derecho a conocer la historia”.
