Al límite ante la nueva Ley de Extranjería

España ha dado un paso histórico en la modernización de su política migratoria con la reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en noviembre de 2024 y que entró en vigor el 20 de mayo de 2025. Los cambios introducen nuevas vías de regularización, flexibilizan requisitos y prometen agilizar los trámites para los migrantes.

Sin embargo, organizaciones sociales, abogados y expertos advierten que, sin una inversión urgente en recursos y digitalización, el sistema está al borde del colapso y podría dejar atrapados a miles de migrantes en la misma burocracia que se intentaba eliminar. En la Comunidad Valenciana, la situación es especialmente grave.

La provincia de Alicante tiene un 21% de población extranjera, y es la tercera provincia en volumen de expedientes

Visados y otras medidas

La reforma introduce medidas importantes en cuanto a visados. Entre las más destacadas se encuentra la ampliación del visado de búsqueda de empleo a doce meses (antes nueve) para trabajadores cualificados. Además, se agiliza el trámite de residencia permanente para quienes hayan acreditado cinco años de estancia legal y arraigo. También se elimina la restricción de 30 horas semanales para los permisos de trabajo para estudiantes, lo que permitirá a los jóvenes trabajar a tiempo completo.

Pero la implementación de la reforma ha topado con varios problemas graves. Las oficinas de extranjería (dependientes del Estado) en muchas partes de España, especialmente en la Comunidad Valenciana, están completamente colapsadas. La falta de personal, la escasa digitalización y la saturación de citas han generado una acumulación de expedientes que está retrasando considerablemente los trámites. Esto ha llevado a que miles de personas se vean atrapadas en un limbo burocrático, esperando meses por una cita o por la resolución de su expediente.

Colapso en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana presenta las peores cifras del país en cuanto a tramitación de expedientes: más de 6.200 pendientes en mayo de 2025, con un tiempo medio de resolución de ocho meses, muy por encima del plazo legal de tres.

Uno de los principales obstáculos en la implementación de la nueva Ley de Extranjería es el mal funcionamiento de Mercurio, la plataforma digital utilizada para la tramitación de expedientes. Aunque diseñada para agilizar los procesos, en la práctica se ha convertido en una fuente recurrente de frustración tanto para usuarios como para profesionales.

«Sin medidas urgentes, en seis meses tendremos un caos administrativo sin precedentes» J. C. Arnáiz (pte. Consejo General Abogacía Española)

Plataforma Mercurio

En los primeros días tras la entrada en vigor de la reforma, la plataforma ha presentado múltiples errores críticos: no permite presentar renovaciones en determinadas provincias, bloquea expedientes ya iniciados y, en muchos casos, impide finalizar correctamente los trámites, obligando a reiniciar procesos desde cero. Esta situación está generando una parálisis parcial del sistema y acumulando retrasos adicionales a los ya existentes.

La falta de estabilidad y usabilidad de Mercurio, sumada a la ausencia de canales efectivos de soporte técnico, está agravando el colapso general. Además, muchos ciudadanos desconocen los pasos para actuar ante estos fallos, lo que incrementa la incertidumbre y la desinformación.

Nuevos tipos de arraigo

Impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la reforma busca garantizar una migración ordenada y segura, favoreciendo la integración en sectores estratégicos.

Para ello, se crean cuatro nuevas modalidades de arraigo: Sociolaboral, para residentes con al menos dos años en España y contrato laboral de seis meses, con especial impacto en sectores como la agricultura, construcción o cuidados; Socioformativo, dirigido a jóvenes en formación reglada en sectores prioritarios como hostelería, tecnología o logística; De segunda oportunidad, para quienes perdieron su permiso de residencia por causas ajenas a su voluntad, como despidos o crisis sectoriales; y Familiar ampliado, que incluye parejas de hecho no registradas y cuidadores de personas dependientes, ampliando el espectro familiar válido.

El sistema está al borde del colapso y podría dejar atrapados a miles de migrantes en la misma burocracia que se intentaba eliminar

Riesgo de colapso anunciado

Los retrasos han generado una situación insostenible. Según los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, la provincia de Alicante tiene un 21% de población extranjera, y es la tercera provincia en volumen de expedientes. La plantilla de extranjería a nivel estatal sigue congelada en unos 1.500 trabajadores desde hace dos décadas, con un 30% de vacantes sin cubrir.

Las oficinas no solo están saturadas, sino que sufren carencias técnicas y desorganización interna. Los sindicatos reclaman la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, la equiparación salarial con otros organismos del Estado y mejoras en movilidad interna y directrices sobre teletrabajo.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Juan Carlos Arnáiz, lo resume así: “Sin medidas urgentes, en seis meses tendremos un caos administrativo sin precedentes”.

¿Oportunidad histórica o papel mojado?

La reforma de la Ley de Extranjería es, sin duda, una oportunidad histórica para dignificar y actualizar la política migratoria española. Sin embargo, su éxito dependerá de algo más que el BOE: requerirá voluntad política, medios humanos, inversión tecnológica y una administración capaz de responder a la realidad de quienes buscan regularizar su vida en España.

Alicante y València están en el epicentro de este desafío. Y si no se actúa con urgencia, la promesa de integración se desvanecerá entre formularios pendientes, citas imposibles y expedientes sin resolver.

Expedientes de extranjería pendientes por provincia (abril 2025)

Evolución del tiempo medio de resolución (en meses)