El pasado 13 de mayo se notificó al Ayuntamiento de Altea la firmeza de la sentencia que declara caducado el Plan Parcial de Bellas Artes. Esta resolución judicial, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pone fin a años de incertidumbre en torno a un proyecto que, lejos de cumplir su función urbanística y social, ha terminado judicializado, paralizado y generando frustración entre unos afectados que esperaban ver cumplidas sus expectativas de acceso a una vivienda.
Lejos de recurrir el fallo -una posibilidad que, si bien era legalmente viable, parecía difícil de sostener tras el razonamiento jurídico del TSJCV- el Ayuntamiento ha optado por acatar la sentencia en su totalidad y asumir desde el 14 de mayo la gestión directa del planeamiento. De este modo, el equipo de gobierno ha comenzado los trámites necesarios para declarar oficialmente la caducidad del programa, resolver el contrato con la empresa urbanizadora Promociones y Finanzas, y proceder a su liquidación.
Confrontación política
Una decisión que, en apariencia, busca iniciar una nueva etapa para el desarrollo urbanístico de este ámbito, pero que no ha estado exenta de polémica política y malestar social. Desde el Partido Popular de Altea, su portavoz, Rocío Gómez, ha denunciado públicamente la “falta de transparencia del alcalde Diego Zaragozí y su equipo de Compromís-PSOE”, señalando que la ciudadanía “se ha enterado de este importante golpe judicial por los medios y no por su Ayuntamiento”.
“El gobierno local ha jugado con las expectativas y el dinero de muchas familias alteanas”, ha afirmado Gómez, “y ha convertido en papel mojado las promesas electorales de vivienda asequible lanzadas antes de los comicios de 2023”.
En este sentido, la portavoz popular ha lamentado que ni el alcalde ni ningún miembro de su equipo “hayan dado explicaciones públicas sobre la sentencia, ni se haya convocado el Consejo Local de Urbanismo”, órgano participativo que podría servir para aclarar los próximos pasos y escuchar a los afectados.
La paralización del proyecto ha puesto en pausa el desarrollo de una zona estratégica de la Villa Blanca
Acceso a la vivienda
Según el PP, este silencio institucional se produce en un momento crítico, ya que muchos propietarios afectados por la paralización del Programa de Actuación Integrada (PAI), así como decenas de jóvenes alteanos, están en vilo “sin saber qué ocurrirá con sus inversiones ni cuándo se reactivará el desarrollo del sector”. De la misma manera, Gómez exige que se explique “a todos los alteanos las consecuencias económicas que puede llegar a suponer esta sentencia”.
Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha anunciado que uno de los primeros pasos será la licitación de una consultora especializada, que se encargue de la liquidación del programa actual y de la elaboración de los trabajos técnicos necesarios para impulsar una nueva programación del Plan Parcial.
Una decisión que, aunque necesaria desde el punto de vista técnico y administrativo, no ha servido para calmar los ánimos ni despejar las dudas de quienes llevan años esperando que este proyecto se materialice.
Desde el equipo de gobierno se insiste en que el objetivo es reprogramar el PAI con una mirada más social
Gestión directa
Desde el equipo de gobierno se insiste en que el objetivo ahora es reprogramar el PAI bajo gestión directa, con una mirada más social y adaptada a las necesidades actuales del municipio. Se subraya, en este sentido, que se priorizará el interés general, el acceso a la vivienda y el respeto a las circunstancias de los propietarios afectados.
Sin embargo, para el Partido Popular estas intenciones no son más que un intento de maquillar “una gestión deficiente y tardía”. “Estamos hablando de una sentencia firme que se conocía desde hace semanas y que ha sido ocultada al conjunto de la ciudadanía hasta que ha sido imposible disimularla”, denuncia Gómez. “Ni se ha informado a los propietarios ni se ha explicado públicamente qué consecuencias puede tener esta sentencia para las finanzas municipales”.
Vuelve a ponerse en el primer plano político el debate sobre el acceso a la vivienda
Reunión informativa
El PP ha exigido ya de forma oficial la convocatoria urgente de una reunión informativa abierta en el salón de actos del Centro Social de Altea. El objetivo: que el alcalde y su equipo “den la cara, expliquen los motivos por los que se llegó a esta situación y detallen qué calendario manejan para reactivar el plan urbanístico, si es que ese calendario existe”.
Asimismo, reclaman que se convoque con carácter inmediato el Consejo de Urbanismo para garantizar la transparencia del proceso y ofrecer a los afectados una vía de interlocución directa.
El Plan Parcial Bellas Artes, que en su momento fue presentado como una de las grandes apuestas urbanísticas del municipio, ha descarrilado, al menos, en su formato inicial y ha supuesto, por lo menos en parte, la paralización del desarrollo de una zona estratégica para el futuro de Altea.
Debate sensible
Frente a esta situación, desde el Partido Popular se plantea una oposición firme, pero constructiva. “No estamos aquí para poner palos en las ruedas”, ha recalcado su portavoz, “sino para defender el derecho de los vecinos a estar informados, a exigir responsabilidades y a reclamar una hoja de ruta clara para resolver esta situación cuanto antes. El urbanismo no puede estar al servicio de los intereses partidistas, sino del interés general”.
Con esta sentencia y con la llegada del verano, es previsible un nuevo incremento del debate sobre el modelo de municipio que Altea necesita. De hecho, este nuevo episodio pone en primer plano una de las cuestiones más sensibles para la ciudadanía: el acceso a la vivienda. Y lo hace con un telón de fondo complejo, en el que la justicia ha dictado sentencia y la política llega, en opinión de muchos, tarde a dar respuestas.
