ENTREVISTA> Laura Morell / Jueza (València, 28-agosto-1984)
A principios del pasado julio buena parte de los jueces y fiscales habidos en España protagonizaron una sonada huelga de tres días seguidos. Estos juristas no reivindicaban ningún tipo de mejora laboral, sino que se manifestaban contrarios a la nueva reforma de la ley orgánica que regula la carrera judicial. El seguimiento en la Comunitat Valenciana fue superior a la media nacional, suspendiéndose hasta el 47% de las vistas judiciales previstas.
El proyecto legal ha sido redactado por el Ministerio de Justicia y actualmente se está deliberando en el Congreso de los Diputados, si bien el Gobierno lo ha tramitado por la vía de urgencia con el fin de que los plazos para enmiendas y debates sean más cortos de lo habitual. “Estas reformas son imprescindibles y necesarias para tener una Justicia del siglo XXI en España” declaró el ministro Félix Bolaños.
Hablan los jueces
El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictaminó que la convocatoria de esta huelga no tenía fundamento legal, pero eso no impidió que la mayoría de las asociaciones de profesionales del sector jurídico llamaran a la movilización.
Laura Morell Aldana forma parte del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de València y actualmente ejerce como magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Castellón. Antes de ello estuvo destinada en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Alcoy, al igual que ha formado parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en varias instancias.
«Los fiscales no deben instruir porque no son independientes al poder político»
Básicamente habéis alegado dos motivos para ir a la huelga. Uno es que la reforma establece que los fiscales sean los encargados de instruir las causas penales. ¿Por qué consideráis que esto sería negativo?
Porque la actual configuración orgánica y estructural del Ministerio Fiscal no garantiza su independencia. Por eso en la tradición jurídica española está instaurado que el juez debe ser el instructor. Es decir, quien recopila los indicios racionales de criminalidad y luego decide si se continúa para la fase de enjuiciamiento o se archiva la causa.
Ahora se pretende no solamente que los fiscales lleven la instrucción, sino que además dependan directamente de ellos unidades operativas muy importantes que actualmente están investigando causas muy sensibles, como la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
¿Entonces los políticos podrían controlar mejor las investigaciones judiciales sobre sus propias prácticas?
Los fiscales tienen superiores jerárquicos y deben obedecer instrucciones de obligado cumplimiento como “aquí no instruyas” o “aquí no acuses”. En caso de incumplirlas, se podrían incluso enfrentar a infracciones disciplinarias. Evidentemente esto es una quiebra de todas las garantías que recoge la Constitución Española, como el principio de independencia o de igualdad.
Sin embargo nosotros sí somos independientes. Como juez de instrucción yo no tengo ningún superior jerárquico que me diga “pues aquí ya no investigues más”. Evidentemente este cambio sería muy problemático para investigar la corrupción política, pero incluso también puede serlo para cualquier otro delito como por ejemplo una conducción por estado de embriaguez. Esto es un detrimento a los derechos de todos los ciudadanos.
«Estos cambios dificultarían poder investigar la corrupción política»
Otro motivo de protesta es que, a raíz de esta reforma, los juristas con menos de cinco años de experiencia podrán presentarse a oposiciones para ser jueces y fiscales sustitutos. ¿Por qué os habéis posicionado en contra?
El sistema de oposiciones que tenemos para la carrera judicial y fiscal emana de la Constitución y se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para convertirse en juez de carrera se ha de aprobar una oposición que consiste en un examen tipo test, dos orales, una fase de escuela judicial, unas prácticas, y una fase de sustitución y refuerzo. Esto garantiza totalmente la independencia del candidato.
Ahora lo que se pretende es que los sustitutos, quienes nos suplen en casos como enfermedad o maternidad, se incorporen sin aprobar ningún tipo de examen. Esto supone un quebranto tanto a los principios constitucionales como a los fiscales y jueces, e incluso a los propios opositores. ¿Para qué me voy a poner a estudiar una oposición si a cualquiera que llegue lo van a convertir en juez o fiscal?
Pero estas personas también son del ramo jurídico, ¿no?
En realidad lo que se quiere crear es un sistema perverso de estómagos agradecidos. Cuando he aprobado mi oposición, ya no le debo absolutamente nada a nadie. Sin embargo si he obtenido mi toga y puñetas gracias a que una ley me ha transformado en magistrada, pues es mucho más probable que sea más acomodaticia a los intereses de los poderosos.
Volvemos a lo mismo. Esto vulnera los derechos de los ciudadanos dado que tendrán enfrente a un juez o fiscal que no será un verdadero profesional, sino que deberá su puesto de trabajo a un tercero. ¿Te juzgará entonces de forma independiente?
Hay que recordar que esta norma no viene del poder legislativo, sino del ejecutivo… es decir del Gobierno. ¿Y por qué el Gobierno quiere ahora cambiar justo el sistema de elección de los jueces, y no por ejemplo el de los registradores, inspectores de trabajo o odontólogos? Curiosamente solo están yendo contra la carrera judicial, porque les incomoda nuestra independencia.
«Ahora cualquiera podrá convertirse en juez o fiscal sin aprobar una oposición»
En los rankings de independencia judicial España suele quedar bastante mal en comparación a otras democracias. ¿Hasta dónde podemos caer si se aplican estos cambios?
Efectivamente en los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) obtenemos calificaciones muy negativas, pero básicamente es por aspectos que dependen del legislador. Por ejemplo, nos piden reforzar la autonomía del Fiscal del Estado, del Ministerio Fiscal o del CGPJ. Y desde luego con esta reforma por la que se pretende regalar las oposiciones… pues serán mucho peores.
La lentitud de los tribunales españoles es una queja habitual de los ciudadanos, y el Gobierno defiende que esta reforma permitirá agilizar la Justicia.
Lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es convocar oposiciones por el turno libre y el cuarto turno, con una periodicidad de dos años y con un número más amplio de plazas. Porque las convocatorias que se están haciendo actualmente son ridículas, a lo mejor de cincuenta plazas.
Además, el ministro debería tener conocimiento del plan estratégico de la carrera judicial que se elaboró para una actuación a diez años. Aquí el CGPJ estableció absolutamente todos los jueces que se jubilarán o causarán baja, así como las oposiciones que se necesitan. Sin embargo este plan hasta ahora ha sido totalmente ignorado.
Éstos son los remedios que llevamos proponiendo al Gobierno desde hace años para desatascar la Justicia. Porque desde luego la última reforma de la ley de agilización procesal no está sirviendo de absolutamente nada.
«Esta reforma pretende crear un sistema judicial lleno de estómagos agradecidos con el poder»
El ministro también presume de que un informe de la Comisión Europea ha avalado esta pretendida reforma judicial.
En realidad no hay ningún informe que diga esto. Lo que hay es una sentencia específica de unos magistrados italianos que algunos se incorporaron a la carrera judicial, y otros recibieron una indemnización por amortizar su puestos de trabajo.
Básicamente la UE está pidiendo unos procedimientos en la Administración para evitar abusos de la contratación temporal, como que un bombero o una enfermera sean contratados 35 veces para el mismo trabajo, porque el Estado ha incumplido su obligación de hacer ofertas públicas de empleo o convocar oposiciones. Sin embargo, Europa no está obligando a estabilizar jueces y fiscales sustitutos bajo ningún concepto.
¿Cómo crees entonces que pueda reaccionar la UE de aprobarse esta reforma en España? ¿Podrían darnos un palo por vulnerar nuestro Estado de Derecho como ha ocurrido con Hungría o Polonia?
Estamos convencidos de que la UE realizará un pronunciamiento al respecto, porque aquí se está quebrando la separación de poderes, el imperio de la ley, el derecho al juez ordinario predeterminado por ley, la seguridad jurídica, los principios de mérito e igualdad, etc.
Leyendo este proyecto de Ley Orgánica te das cuenta de que, en realidad, su único objetivo real es la infiltración en el sistema judicial de personas afectas a los políticos y poderosos, en lugar de al ciudadano de a pie.
«Para desatascar la Justicia lo que hay que hacer es convocar más oposiciones a jueces»
De momento parece que el Gobierno no está dispuesto a cambiar una coma del proyecto legislativo. ¿Os planteáis convocar futuras huelgas?
Sí, tenemos el comité de huelga aún constituido. Evidentemente en verano son fechas difíciles. De hecho, ahora estoy prácticamente sola en mi juzgado porque mis compañeros están de vacaciones. De cara al futuro no descartamos ninguna nueva medida de conflicto colectivo, ya sean parones o jornadas de huelga.
Consideramos que los ciudadanos se lo merecen, porque está en riesgo el Estado de Derecho y todo aquello por lo que hemos opositado y hecho un juramento. Para mí, guardar la Constitución y las demás leyes del ordenamiento jurídico es precisamente procurar que los españoles tengan una justicia digna, independiente y rápida.
