El texto de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la exigencia de elecciones autonómicas y estatales, la lucha contra la violencia de género, la promoción de vivienda pública, la calidad del aire de la ciudad y la atención sanitaria han centrado el debate de la parte del pleno del mes de noviembre reservada a las seis iniciativas presentadas por la oposición, conformada por el Grupo Compromís y el Grupo Socialista, y las mociones alternativas registradas por el Grupo Popular.
En primer lugar, el concejal portavoz del Grupo Socialista, Borja Sanjuán, ha defendido en el estrado modificar la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de València —que no ha sido aprobada todavía por el Pleno— para que se incorporen las enmiendas presentadas por su grupo, con el objetivo de “priorizar la salud de los valencianos y las valencianas y no perder 150 millones de euros”. Sanjuán ha lamentado que “en 12 días no hemos recibido propuestas del gobierno municipal” para negociar un nuevo texto de la ordenanza. El Grupo Socialista había registrado una primera moción sobre el tema, que ha sido matizada esta misma mañana por una propuesta alternativa, en la que se instaba a “impulsar el desarrollo del Master Plan del Corredor verde València Sur”.
En esta línea, en el caso de que no se llegase a un acuerdo “que permita la reactivación urgente del proceso de aprobación de la ZBE”, el edil socialista ha propuesto “reprobar la gestión del concejal Jesús Carbonell, responsable de la paralización de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por su incapacidad para cumplir con la legislación vigente y por haber puesto en riesgo la salud y el futuro ambiental de la ciudad”. Del mismo modo, si no se aprobara la ordenanza, Sanjuán ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, a retirar las competencias de movilidad al concejal Jesus Carbonell “como muestra de responsabilidad ante la ciudadanía y ante las instituciones europeas”.
Por parte del Grupo Compromís ha participado el concejal Giuseppe Grezzi, quien ha compartido las críticas al responsable municipal de Movilidad, por la situación del tráfico en la ciudad y la “contaminación disparada”. Grezzi ha lamentado que “Carbonell quiere que aprobemos algo que no conocemos”. “Estamos en una emergencia climática porque el tiempo se acaba; el cambio climático mata”, ha añadido.
En representación del equipo de gobierno ha intervenido el concejal de Movilidad, quien ha afirmado “tener ganas de llegar a un acuerdo” y ha tachado de falsedades algunas declaraciones realizadas por la oposición en torno a las negociaciones para acordar una ordenanza consensuada. Jesús Carbonell ha ofrecido una serie de modificaciones —en lo que ha calificado como “la tercera propuesta de ordenanza”— sobre las fechas de entrada en vigor de algunos aspectos de la ZBE, como adelantar la prohibición a vehículos con etiqueta A de la ciudad el 1 de julio de 2027, y a los de etiqueta B de fuera de la ciudad, en el plazo de un año desde que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2030”. El concejal de Movilidad ha alertado que “dentro de un mes y diez días, 26.000 vehículos no podrán circular por la ciudad”.
Finalmente, la moción presentada por el Grupo Socialista ha sido rechazada por la mayoría de los votos del equipo de gobierno municipal.
Elecciones autonómicas
El Pleno del Ayuntamiento de València ha debatido a continuación la propuesta del Grupo Socialista de instar al presidente en funciones de la Generalitat a convocar de forma inmediata elecciones autonómicas, para “devolver la voz y la decisión al conjunto de la ciudadanía valenciana”. En la moción defendida por el concejal Borja Sanjuán, en la que ha apelado a la “neutralidad institucional” se insta igualmente a la corporación municipal a “rechazar cualquier acuerdo o negociación política que se realice fuera del ámbito de la Comunitat Valenciana y que suponga una intromisión en su autogobierno por parte de dirigentes estatales del PP y Vox”. El concejal Pere Fuset, por el Grupo Compromís, ha secundado en el Pleno la propuesta de pedir elecciones autonómicas, para que el pueblo “vote sin miedo” y “no se decida en un despacho en Madrid”.
En respuesta a esta iniciativa, el Grupo Popular ha respondido con una moción alternativa en la que, además de manifestar el apoyo institucional del Ayuntamiento a las víctimas de la dana, reconoce “expresamente que el president de la Generalitat ya ha asumido las responsabilidades políticas” y se insta a la corporación a manifestar “su preocupación por la situación de bloqueo político en España”. En la misma moción alternativa, el concejal Juan Carlos Caballero, además de recordar que al futuro presidente del Consell lo elegirán Les Corts, ha invitado a los cuatro grupos municipales a “instar al presidente del Gobierno de España a asumir sus responsabilidades políticas por la deficiente gestión de la dana” y a “convocar elecciones generales de forma inmediata”.
La moción alternativa defendida por el Grupo Popular ha sido ratificada por mayoría de los votos a favor del equipo de gobierno frente a los de la oposición.
Violencia machista
En el marco de la participación ciudadana en la sesión plenaria de este martes, una representante de la asociación Alanna, una organización valenciana sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad, ha intervenido en el Pleno con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La portavoz de Alanna ha alertado del duro sufrimiento de los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género. “No son meros testigos, son víctimas del miedo y el silencio institucional. Protegerles es un deber ético y su seguridad ha de estar en el centro de todo”, ha afirmado Carla Climent.
La tercera moción presentada por el Grupo Socialista ha sido defendida por la concejala Nuria Llopis. En ella, se señala que “desde los gobiernos en manos del Partido Popular y Vox, asistimos a una ofensiva ideológica destinada a desmantelar los consensos feministas que sostienen nuestro Estado democrático. Donde gobiernan, eliminan concejalías de igualdad, niegan la violencia machista y censuran campañas de sensibilización”. Por ello, Llopis ha instado al Pleno a ratificar su compromiso “con la erradicación de la violencia de género y machista en todas sus formas, y declarar que sin políticas de igualdad no hay democracia”.
El texto defendido por la concejala socialista propone igualmente “ratificar el compromiso abolicionista del Ayuntamiento de València, reforzando la lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, e impulsando campañas de sensibilización dirigidas especialmente a hombres y jóvenes”.
El Grupo Compromís ha hecho suya la propuesta del Grupo Socialista y ha presentado una propuesta de adición, en la que insta a la Generalitat a reforzar la protección integral a las mujeres víctimas de violencia machista y a promover la protección de los derechos de las mujeres migrantes, entre otras medidas. En el mismo texto se propone “reforzar los efectivos de la Unidad Gama de la Policía Local de València”.
El concejal portavoz del Grupo Vox, José Gosálbez, ha intervenido para señalar que su formación “condena todo tipo de violencia, ejerza quien la ejerza; no dejamos a nadie atrás. En España quien la hace, la paga; sea hombre o mujer”. Gosálbez ha acusado “al Gobierno de Sánchez de poner en peligro a las mujeres” y de “soltar a depredadores sexuales”. La concejala Luisa Notario, del Grupo Compromís, además de defender su propuesta de adición, ha agradecido la intervención de la portavoz de Alanna y ha recordado al concejal del Grupo Vox “las más de 1.300 mujeres asesinadas en España desde que se tienen datos”.
La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha destacado el trabajo de la entidad Alanna y ha señalado que el Ayuntamiento se suma a la conmemoración del 25N, con la campaña ‘Nuestro apoyo será tu fuerza’ para mostrar “su absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y el compromiso de erradicarlas”. Gil ha reprochado que la oposición no quisiera unirse a la próxima declaración institucional de la Federación de Municipios y Provincias, y ha criticado las políticas de igualdad del Gobierno de España, “que ha abandonado a las mujeres”, en referencia a las pulseras antimaltrato.
La propuesta del Grupo Socialista, con la adición del Grupo Compromís, ha sido rechazada por la mayoría de votos del equipo de gobierno.
Viviendas de protección pública
Un representante de la Asociación de inquilinos de vivienda pública en la Comunitat Valenciana ha intervenido en el Pleno para dar respaldo a la siguiente moción registrada por el Grupo Compromís. Joaquín Mora ha alertado de las “cifras altas de demanda de vivienda pública”. “Sin vivienda no hay progreso. La población de la ciudad de València se ha incrementado en 45.000 habitantes desde que terminó el covid. Por eso, el acceso de la vivienda ha de ser un tema prioritario. No se puede gestionar por las leyes del mercado”, ha añadido el portavoz de la asociación.
Ferran Puchades, concejal del Grupo Compromís, ha intervenido seguidamente para reclamar diversas medidas para mejorar y ampliar el acceso a vivienda pública protegida como instar a la Generalitat, por un lado, “a modificar la normativa autonómica vigente para que la calificación de las viviendas de protección pública tenga carácter permanente” y reclamar al Ayuntamiento, por otro, “la reserva de suelo público municipal para la edificación de vivienda pública». En este ámbito, Puchades ha propuesto la redacción de un plan de vivienda protegida.
En el texto de la moción registrada por el Grupo Compromís se indica que «en la ciudad de València los precios de alquiler y de compra han crecido más de un 30% en los últimos años, mientras que los salarios y la capacidad adquisitiva de la población se han mantenido prácticamente estables». Elisa Valía ha intervenido en representación del Grupo Socialista para criticar la actual política municipal de vivienda, “que han dejado en manos de promotores privados” y la retirada, en el ámbito autonómico, “de la calificación permanente de vivienda protegida. La concejala socialista ha defendido la necesidad de un pacto “urgente y necesario” entre el gobierno municipal y la oposición.
El Grupo Popular, en la persona del concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha presentado una moción alternativa por la que propone “seguir las actuaciones necesarias para generar suelo destinado a uso residencial, incluyendo patrimonio público de suelo y suelo público municipal”. Giner ha defendido igualmente “el liderazgo del Ayuntamiento de València en la construcción de vivienda a través del Plan Municipal +Vivienda” y se ha referido a la situación de los alojamientos turísticos. “Estamos arreglando lo que ustedes hicieron”, ha manifestado el responsable municipal del Área de Urbanismo en referencia al mandado municipal anterior.
Tras el debate, ha salido adelante la propuesta del Grupo Popular con el respaldo de los votos del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición.
Calidad del aire
Un representante de la asociación vecinal de la Roqueta ha intervenido para recordar a la corporación «los problemas de tráfico y ruido que sufre el barrio». El portavoz ciudadano ha agradecido la postura en contra del Grupo Vox a la ordenanza reguladora de la ZBE «por permitir que el debate continúe». “Hablen, pacten y acepten las mejoras”, ha concluido. Seguidamente un miembro de la asociación vecinal Amigos y Amigas Malva-rosa ha manifestado su respaldo a la siguiente moción presentada por Compromís y ha criticado el rechazo municipal a las quejas presentadas por las entidades vecinales contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.
Un portavoz de la agrupación profesional Mesura ha alertado de que “más del 50% de la ciudad está incumpliendo los niveles de gases contaminantes”. A su juicio, “en cuatro años seremos una ciudad ilegal en el cumplimiento de la calidad del aire a partir de la nueva directiva. Quien contamina, ha de pagar”. El representante de Mesura ha invitado al Ayuntamiento de València a liderar la movilidad en el área metropolitana.
El concejal Giuseppe Grezzi, del Grupo Compromís, ha defendido la necesidad de reducir el tráfico rodado por la ciudad y, por consecuencia, la contaminación atmosférica, además de establecer una nueva Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones que “no obligue a la ciudadanía a cambiar forzosamente de vehículo para desplazarse por València”. Por ello, Grezzi ha propuesto a la corporación, entre otras medidas, “reintroducir el doble carril Bus Taxi a la calle Colón, cerrar el túnel de Pérez Galdós, retomar las zonas de estacionamiento para residentes en barrios de la ciudad como el Cabanyal, Canyamelar, Benimaclet, Sant Josep o Arrancapins”, así como “exigir las inversiones necesarias para mejorar el servicio de Metrovalencia y Cercanías”.
En su turno, la concejala socialista María Pérez ha advertido que “estamos debatiendo cosas que deberían estar fuera de debate; la calidad del aire es un asunto colectivo”. “Parece que respirar aire limpio fuera una opción personal y no un derecho compartido”, ha reflexionado en voz alta, a la vez que ha acusado al equipo de gobierno de considerar la contaminación “como una cosa futura”.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha recordado en este momento del pleno los “tres pasos” que ha dado la Delegación de Movilidad para consensuar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, principalmente en la regulación del perímetro de la zona y los vehículos con etiquetas A y B. Carbonell ha calificado de cínica la actuación de otras corporaciones locales regidas por gobiernos socialistas respecto a la no aplicación de la ZBE en los respectivos municipios.
La propuesta del Grupo Compromís ha sido rechazada por la mayoría de votos del equipo de gobierno.
Atención primaria
Un representante de la entidad Per l’Horta y de Acdesa, una asociación ciudadana cuyo objetivo es la defensa de la sanidad pública, ha manifestado su adhesión a la siguiente moción defendida por el Grupo Compromís, para asegurar la asistencia sanitaria en atención primaria en 48 horas, ya que considera que “se sustenta en criterios científicos, académicos, y cuenta con la voz de pacientes y profesionales”.
La sexta y última moción debatida por el Pleno ha abordado la atención primaria del sistema público de salud. En ese sentido, la concejala Eva Coscollà ha respaldado el texto presentado por el Grupo Compromís en el que se exige a la Conselleria de Sanidad un plan de choque “con plazos y responsables para reducir la demora por debajo de 48 horas en todos los centros de salud de València”.
Coscollà ha alertado de “la desigualdad entre barrios centros” de los tiempos de espera en ser atendidos por personal médico de atención primaria, que ha derivado, a su criterio, en “la saturación de los servicios de Urgencia y una brecha de acceso que penaliza a quienes menos recursos tiene”. La concejala del Grupo Compromís ha instado a la Generalitat y al Estado a que aseguren una oferta suficiente de plazas MIR en medicina familiar y comunitaria y a desplegar incentivos de retención y estabilidad para que la formación repercuta efectivamente en la atención primara de València y su área de influencia.
La moción del Grupo Compromís no ha salido adelante al contar con el rechazo del Grupo Popular y el Grupo Vox.
